La Diputación aprueba el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo con el rechazo sindical

La Diputación Provincial de Burgos ha aprobado este viernes 24 de octubre, en sesión plenaria, el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo elaborado por la consultora Daleph, con los votos a favor del Partido Popular. El documento, que servirá como base para la clasificación y valoración de los puestos de la plantilla provincial, ha sido criticado por Comisiones Obreras (CC OO), que denuncia la falta de negociación con la representación sindical.

Según informó el sindicato en un comunicado, el manual se ha aprobado sin haber sido sometido a ningún proceso de diálogo o contraste con los representantes de los trabajadores, pese a que el contrato con la empresa adjudicataria, firmado el 30 de noviembre de 2023, establecía un plazo de ocho meses para la primera fase, en la que se incluía la elaboración del documento.

CCOO sostiene que el texto aprobado no se limita a establecer una metodología de valoración, sino que incluye ya puntuaciones y resultados aplicados a los distintos puestos de trabajo, lo que, según el sindicato, «desvirtúa su carácter técnico y plantea dudas sobre su validez», al haberse elaborado «sin participación sindical ni el preceptivo informe de los órganos de representación del personal».

La organización sindical también ha mostrado su desacuerdo con la forma en la que se ha gestionado el proceso, al considerar que «se ha marginado a quienes representan a los trabajadores» y que la aprobación «carece de transparencia».

El responsable del área de Personal y vicepresidente primero de la Diputación, Ramiro Ibáñez, ha sido señalado por CCOO como principal impulsor del proceso. El sindicato le reprocha «falta de diálogo» y recuerda que el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público establece el principio de buena fe negociadora en los procesos que afectan a las condiciones laborales.

Finalmente, CCOO ha exigido que el manual no se aplique hasta que se abra una negociación real y con garantías, con el objetivo de «corregir desequilibrios y asegurar un sistema de valoración justo y consensuado para todos los empleados públicos de la Diputación».

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