El PSOE exige a la Diputación mediación para mejorar la situación de las trabajadoras de ayuda a domicilio

El PSOE de la Diputación de Burgos ha exigido al equipo de Gobierno de la Diputación que intervenga en el conflicto que las trabajadoras de ayuda a domicilio mantienen con la empresa Sacyr Social. Esta empresa es la adjudicataria del contrato de prestación de ayuda a domicilio que la Diputación de Burgos sacó a concurso público.

Ignacio Grajal y Antonio Arauzo, diputados socialistas, han señalado los problemas que han salido a la luz entre las trabajadoras y la empresa a raíz de distintas reclamaciones que las empleadas han realizado. «Nos preocupa este servicio que afecta a 1.800 usuarios en los pueblos burgaleses», ha señalado Grajal. Hasta ahora, la Diputación, consciente de estos conflictos laborales, había manifestado que se trata de problemas internos entre la empresa y las trabajadoras y que, por parte de la institución, ya existe un contrato que regula la prestación del servicio, según ha señalado Grajal.

El diputado socialista ha reconocido que le preocupa la situación de las 350 trabajadoras que prestan la ayuda a domicilio en la provincia de Burgos. Mayoritariamente son mujeres. Grajal recuerda al equipo de Gobierno que, aunque exista un contrato con la empresa, «hay aspectos que la Diputación debería resolver».

El PSOE considera que la empresa incumple el contrato al no haber ofrecido formación específica para la atención de usuarios en esta situación de pandemia de la covid-19. «En el Ayuntamiento de Burgos sí hay protocolo y es el que las trabajadoras de forma particular han asumido y están aplicando», evidencia Grajal. La empresa Sacyr Social también es la gestora de la atención a domicilio en la ciudad de Burgos, con un contrato con el Ayuntamiento de la ciudad.

Grajal y Arauzo han denunciado la situación de este sector que es clave para la permanencia de vecinos en el medio rural, ya que los usuarios son atendidos en sus casas. «No se les ha suministrado ropa de trabajo para realizar la labor de forma segura, algo que viene recogido en el pliego que tiene la Diputación con la empresa. También han apuntado las trabajadoras que se está escatimando en mascarillas, geles y guantes. Es más, el gel no se les proporciona», ha lamentado Grajal.

El diputado del PSOE ha reconocido que el tema salarial es algo a abordar entre la empresa y las trabajadoras, pero recuerda al equipo de Gobierno de la Diputación que «la institución sí recoge en el pliego que se deberá aplicar el convenio de ayuda a domicilio de la Junta de Castilla y León».

Critica que la Diputación «esconda la cabeza» en este conflicto por considerar que es «algo exclusivo de la empresa». Grajal ha recordado que «hay trabajadores en mala situación y nos afecta como responsables de ese contrato existente entre la institución y la empresa. La Diputación debe requerir a Sacyr Social que se cumple el pliego».

Por su parte, Arauzo ha señalado que la Diputación sí debería mediar para «alcanzar un entendimiento entre trabajadoras y la empresa para que el servicio se preste en las mejores condiciones».

Ha recordado que el contrato con Sacyr Social está caducado y se han iniciado los trámites para una nueva adjudicación, pero lamenta que, al tratarse de un contrato de elevado presupuesto «la tramitación será más lenta».

Actualmente, el contrato estaba establecido en 4,4 millones para el primer año y se prorrogó un segundo año. Actualmente, el contrato está prorrogado porque no se ha elaborado a tiempo el nuevo que tendrá como presupuesto 6 millones en el primer año.