Investigadas tres personas por varios delitos de caza sobre el lobo ibérico en Burgos

La Guardia Civil de Palencia investiga a tres hombres de 44, 57 y 60 años de edad, dentro de la 'Operación Signatus', encaminada a determinar la legalidad de varios hechos de caza sobre el lobo ibérico (Canis lupus signatus), tras haber tenido conocimiento de que se pudieran estar utilizando precintos de lobo de manera irregular en la caza de cinco de los nueve lobos autorizados para su caza.

Durante la investigación, que se extiende a las provincias de Palencia, Burgos, León, Cantabria, Valencia y Málaga, puesto que están relacionados con estos hechos varios gestores de cotos y cazadores domiciliados en estas provincias, los guardias civiles se percataron de diversas anomalías en los documentos y comunicaciones de las capturas de lobos, pudiendo averiguar que incluso se atribuyó la caza de un lobo a un cazador que no lo había realizado.

Esta compleja operación, que se alarga durante más de un año, llegando incluso a realizarse análisis genéticos, ha concluido con la investigación de dos gestores de cotos de Palencia y Santander, como supuestos autores de delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil, y de un cazador de León por un delito contra la fauna por cazar un ejemplar de lobo careciendo de autorización del titular del coto. A este cazador se le ha retirado la autorización para la utilización y tenencia de armas de caza.

En el ámbito administrativo se formularon varias denuncias a otras tres personas por incumplimiento de la normativa de caza en relación al abatimiento de dos lobos, decomisando los restos de un ejemplar de lobo (cráneo) en un taller de taxidermia ubicado en Burgos.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de guardia correspondiente y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Palencia, quedando los efectos intervenidos a disposición de las autoridades competentes.

Las penas por la comisión de este tipo de delitos pueden alcanzar los 3 años de prisión, multas de hasta 12 meses e inhabilitación para la caza por tiempo de 1 a 3 años. Las sanciones por denuncias podrían llegar a alcanzar los 5.000 euros cada una, así como la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante una plazo de hasta 3 años. Este tipo de sucesos suele conllevar la revocación de la licencia o permiso de armas de caza.