[NOVIEMBRE] Final a tres años de investigación sobre el Hospital de Burgos

Las conclusiones del trabajo parlamentario para escrutar el modelo de gestión del HUBU han terminado en un diálogo de sordos

[NOVIEMBRE] Final a tres años de investigación sobre el Hospital de Burgos
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Han sido tres años de comisión de investigación sobre la construcción y posterior gestión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) en las Cortes de Castilla y León. Tres años desde que quedase constituida a principios de noviembre de 2015, a petición de la oposición regional (PSOE, Ciudadanos, Podemos y Mixto-IU y Equo), que quería aclarar dudas y recelos sobre el modelo de concesión público-privada utilizado para poner en marcha el centro sanitario burgalés, que abrió sus puertas en junio de 2012. El centro arrancó con la asistencia sanitaria gestionada por Sacyl, pero con servicios no asistenciales (limpieza, mantenimiento, seguridad) externalizados.

Por la comisión de investigación han pasado 63 comparecientes, entre técnicos regionales, altos cargos de la Junta, políticos, responsables sanitarios, expertos o miembros de la empresa concesionaria del proyecto burgalés, Eficanza. Incluso el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, compareció.

La comisión de investigación se cerró en noviembre con dos informes dispares

La comisión de investigación se cerró en noviembre con dos informes dispares, que recogen los mismos argumentos que se esgrimieron al inicio de la investigación. Mientras el Partido Popular niega sobrecostes, defendiendo una sobreinversión en equipamiento y servicios, e insiste en que todo el expediente del proyecto de construcción y gestión del HUBU ha sido «correcto», la oposición continúa hablando de un «proceso oscuro, irregular y plagado de sospechas». PSOE, Ciudadanos, Podemos y el Grupo Mixto acusan al PP de convertir la sanidad en un negocio. La oposición no descarta acudir a la Fiscalía con alguna de estas evidencias y también aboga por una reversión sin costes para las arcas públicas. Los beneficios, según la oposición, han ido para Eficanza, y no para los ciudadanos, y para sus empresarios a base de modificado, indemnizaciones y externalización de servicios.

Robo en la sede del San Pablo

Otro duro contratiempo se llevó este mes de noviembre el San Pablo Burgos. El club fue víctima de un robo en víspera del 'Black Friday', que coincidía el 23 de noviembre con el estreno de la tienda oficial del equipo.

El robo causó importantes daños económicos en las oficinas. El ladrón o ladrones se hicieron con un botín relevantes, dado que el club se encontraba haciendo prerreservas de la tercera equipación, registrando las inscripciones al campus de Navidad y vendiendo las entradas para el partido de ese fin de semana.

Lo más curioso fue que los sujetos no se llevaron los ordenadores o el mucho material deportivo que descansaba en la sede antes de la inauguración de la tienda. Los cacos robaron única y exclusivamente dinero.

Desmantelamiento de los pozos de La Lora

Este mes de noviembre, el Gobierno central también ha obligado a desmantelar el pozo de petróleo de La Lora. En Sargentes de La Lora llevaban meses esperando la convocatoria de concurso para volver a sacar a concesión la explotación de los campos petrolíferos de La Lora, suspendida desde enero de 2017. La noticia llegó este mes de noviembre pero no fue la esperada. El Gobierno de España comunicó a Columbus Energy Resources, la compañía que gestionaba la concesión suspendida en 2017, que debía desmantelar el campo petrolífero de Ayoluengo.

Así lo comunicó la compañía a través de una nota de prensa. La Delegación en Castilla y León recordó que el Gobierno socialista «no apuesta por los combustibles fósiles», en cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos con la UE. La explotación lleva dos años sin producir, tras la decisión del PP de no renovar la concesión, y sus trabajadores ya están en expediente de extinción.

El Gobierno no solo no ha sacado a concurso de nuevo la concesión, aun habiendo interés empresarial, sino que ha comunicado formalmente a la empresa que debe desmantelar el campo petrolífero. Y todo ello sin dar explicaciones, según aseguraron desde Columbus, quienes aseguraban que se sentían «decepcionados» con el Gobierno.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado reaccionó rápidamente a esta decisión y preparó una moción para la Comisión de Transición Ecológica. En ella pide que se paralice inmediatamente la orden de desmantelamiento y se retome el proyecto, «con garantías de concurrencia y de seguridad» que la legislación exija.

La convocatoria del nuevo concurso estaba condicionada a la existencia de interés empresarial, apuntó el PP, y dicho interés existe, pues la propia compañía Columbus ya presentó un proyecto de inversión de 5 millones para seguir explotando La Lora una década más.

Acuerdo en Europistas

Con la proximidad del día 1 de diciembre, jornada en la que la AP-1 sería gratuita por primera vez en su historia, se hacía inminente un acuerdo entre la empresa Europistas, encargada de su mantenimiento, y los trabajadores, que temían por sus puestos de trabajo. Estos no han cesado en manifestaciones, incluso acudieron al Ministerio de Fomento a Madrid para que algún alto cargo los atendiese.

Los trabajadores de la AP-1 (Burgos-Armiñón) y la empresa concesionaria de la vía rápida, Europistas, firmaron este mes de noviembre el acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo. Este afecta a la totalidad de la plantilla hasta que el Ministerio de Fomento no haga pública la lista de personal que será subrogado para las labores de mantenimiento y conservación de la calzada.

«El acuerdo ha sido aceptable para ambas partes, aunque nunca plenamente satisfactorio», explicó Jesús Alberto Mateo, presidente del Comité de Empresa. Este prefirió no hacer públicos los datos relacionados con las indemnizaciones.

La empresa y los trabajadores acordaron la subrogación de 62 de los 111 trabajadores de la AP-1, 44 despidos, 5 traslados y una baja voluntaria.

No a la violencia de género

El mes de noviembre llegaba a su fin con Burgos en la calle clamando contra la violencia de género y por una sociedad no machista. El centro de la capital fue testigo, el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, de una gran manifestación. El mensaje no dejaba lugar a dudas: el machismo mata y la sociedad que lo consiente, que calla, es cómplice del asesinato. Pero Burgos no quiere ser cómplice, anhela una sociedad libre de machismo, de desigualdades, de discriminación y de violencias de género. Los burgaleses desafiaron las bajas temperaturas y se echaron a la calle. Entre las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este 2018 se encuentra la burgalesa Silvia Plaza.

Relevo histórico en la UCCL

En el camino del feminismo, este mes de noviembre Burgos ha visto cómo se daba un paso importante en este largo y duro sendero. Susana Pardo se convirtió en la primera mujer que se sitúa al frente de la Unión de Campesinos de Burgos. Es la primera mujer que preside un sindicato del campo, tanto en nuestra provincia como en Castilla y León. La Unión de Campesinos de Burgos, que forma parte de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), ha renovado su ejecutiva en su X Congreso Provincial.

Susana Pardo es agricultora a título principal, hija de agricultores y buena conocedora de los problemas del medio rural burgalés, ya que es alcaldesa pedánea de Mazuelo de Muñó, desde el año 2003. Es la primera vez que un sindicato agrario burgalés está dirigido por una mujer. Apenas el 29% de los titulares de explotación en Castilla y León son mujeres, según datos de la PAC de la pasada campaña, con 19.972 solicitudes del total, que asciende a 70.000 expedientes. Esto no quiere decir que la mujer no esté presente en el campo, que lo está, pero no se la reconoce. Trabajan, pero las explotaciones no están a su nombre. Trabaja, pero las profesionales que cotizan a la Seguridad Social, es decir, las agricultoras a título principal son solo el 21%, según los datos de enero de 2018.

Otro cross de récords

Como es habitual en noviembre, se celebró el XV Cross de Atapuerca. En esta ocasión el ugandés Jacob Kiplimo se impuso con claridad con un tiempo de 25:10 minutos. En la categoría femenina logró su tercera corona la etíope Senbere Teferi.

Desbloqueo del Parque Tecnológico

Tal como había avanzado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, el Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado durante este mes de noviembre la resolución y liquidación del contrato de urbanización del Parque Tecnológico, suscrito con la mercantil Isolux Corsán, ahora en concurso de acreedores. El objetivo es poder finalizar cuanto antes la infraestructura, que lleva años de retraso, sacando a licitación este mismo 2018 las obras pendientes.

En concreto, la urbanización abarcaría el 60% de las 124 hectáreas que compondrán el futuro Parque Tecnológico, así que la empresa que se lleve el nuevo contrato debería hacerse cargo del 40%. Por el momento, la Junta ha invertido ya 37,8 millones de euros en la infraestructura burgalesa, entre terrenos, proyecto, ejecución y dirección de los trabajos.

Desde el Gobierno autonómico han insistido en que, pese a lo que pueda parecer, el Parque Tecnológico de Burgos es una «actuación prioritaria», tanto para el desarrollo de la provincia como para Castilla y León, pues sería el tercer espacio de estas características tras los parques de Boecillo y León. El contrato para la urbanización del recinto empresarial, que se ubica junto al nudo de carreteras formado por la Nacional 120, la autopista AP-1 y la Nacional 1, se firmó en diciembre de 2009 entre Isolux Corsán y la extinta sociedad pública ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León. La ejecución de las obras se ha visto paralizada, en varias ocasiones, sobre todo por conflictos judiciales.

En este ámbito se enmarcan los recursos contencioso-administrativos interpuestos desde 2009 por el Ayuntamiento de Cardeñajimeno y la Junta Vecinal de San Medel. Fueron retirados en virtud del convenio negociado y finalmente suscrito en diciembre de 2016 por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, con el alcalde y el alcalde pedáneo de esas localidades, quienes se comprometieron además a no iniciar nuevos litigios en los tribunales.