Un 20% de residuos radiactivos y 55 contendores: así será el desmantelamiento de Garoña

Una década después de que la central nuclear de Santa María de Garoña cesara su actividad, esta infraestructura ha vuelto a saltar a la agenda política, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico autorizaba hace dos días el inicio de su desmantelamiento, proceso que se prolongará hasta 2033 y que contará con un presupuesto de 475 millones de euros.

La planta burgalesa ha pasado a manos de Enresa, la empresa estatal que se encargará de su desmantelamiento, tras recibir esta semana la autorización del Gobierno central para comenzar con el proceso.

El primer paso, el único requisito que faltaba para iniciar el desmontaje, ha tenido lugar este miércoles con la transferencia de titularidad de la planta de Nuclenor -sociedad coparticipada por Endesa e Iberdrola- a la empresa pública Enresa (responsable del desmontaje). La compañía se ha hecho con el control de la instalación para acometer la primera fase del desmantelamiento.

Según informa El Correo, en la primera etapa se gestionarán 5.718 toneladas de materiales, tal y como han detallado en un acto desarrollado en la central atómica. De esa cifra, 4.027 toneladas son residuos radioactivos en su mayoría de muy baja actividad, que se trasladarán al complejo de El Cabril, en Córdoba, único almacén de residuos radiactivos de baja y media actividad de España.

Las 1.691 toneladas restantes son residuos convencionales de construcción y demolición. Aparte, los 55 contenedores se quedarán en el Almacén Temporal de Individualizado (ATI) de Garoña.

Teniendo en cuenta las dos fases, aproximadamente el 20% del total de residuos de Garoña son radioactivos, el resto convencionales, han explicado desde Enresa. De ese 20%, la mayor parte, el 80%, son desechos de muy baja actividad y en torno al 20% de baja y media actividad. Todos ellos van al 'cementerio' nuclear de El Cabril.

La segunda fase, para la que Enresa ha de obtener una nueva autorización, culminará el proyecto con actividades como el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, así como los trabajos de descontaminación, desclasificación y demolición, hasta finalizar con la restauración del emplazamiento.

El plazo estimado para desarrollar el proyecto es de, aproximadamente, diez años, tres para la primera fase y siete para la segunda, aunque esta planificación puede experimentar variaciones porque para Enresa «siempre prima la seguridad sobre el programa».

Este miércoles el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, devolvía la central nuclear de Garoña a la agenda política, emplazando al próximo Ejecutivo central a «analizar el estado de conservación de todos los elementos para garantizar la seguridad y utilidad».

De esta forma, en pleno proceso de inicio del desmantelamiento de la central, García-Gallardo ha lanzado una promesa electoral y ha vuelto a garantizar que si Vox llega el Gobierno tras las elecciones generales del 23 de julio, la localidad burgalesa de Garoña volverá a tener una central de producción de energía nuclear.

El presidente de Enresa, José Luis Navarro, ha asegurado que «no es posible técnicamente» revertir el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, respondiendo así a las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, sobre la posibilidad de reabrir la central si Vox llega al Gobierno.

Navarro ha hecho estas declaraciones durante el acto de transferencia de titularidad de Nuclenor a Enresa para acometer la primera fase del desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña, en el que también ha participado el director de la planta,Miguel Ángel Cortés.

En este sentido, ha asegurado que el cierre «es inevitable», ya que «en su componente real» se produjo en diciembre de 2012 y administrativamente se confirmó en agosto de2017. «Estos son los hechos consumados», ha advertido.

Al mismo tiempo, Navarro ha asegurado que «sin entrar ni de lejos ni tangencialmente en temas de política energética que no corresponden a Enresa», el supuesto planteado por García-Gallardo, «no está previsto en ninguna normativa».

Sin embargo, ha dado su opinión «contundente», asegurando que «técnicamente» la reapertura de la central, independientemente de quien entre al Gobierno, «no es posible», ha zanjado.

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