Todos los delitos sexuales tendrán condenas de prisión mayores a un año

Dolores Delgado, ministra de Justicia./EFE
Dolores Delgado, ministra de Justicia. / EFE

La ministra de Justicia reitera que serán eliminadas las penas de multa y el término de «abuso» en los casos contra la libertad sexual

DOMÉNICO CHIAPPEMadrid

Los delitos más leves contra la libertad sexual se pueden penalizar con una multa, en lugar de uno a tres años de cárcel, siempre que no haya violencia ni intimidación. Hasta ahora. El Gobierno, al compás de lo que marcó la Comisión para la Reforma del Código Penal, eliminará las penas de multa para que todo lo que hoy se llama «abuso sexual» se condene con prisión. «Desaparece la posible pena de multa porque el tipo mínimo quedaría de uno a tres años de prisión», detalló la ministra de Justicia, Dolores Delgado, este miércoles en Madrid. En esta reforma, que el Gobierno anuncia que empezará en febrero, cuando se presente el anteproyecto al Consejo de Ministros, no se descarta que el término «abuso» sea eliminado del léxico judicial para que todo delito de este tipo sea considerado «agresión», también como han recomendado los expertos de la Sección Penal de la Comisión de Codificación.

«Cualquier acción de carácter o contenido sexual contra una mujer sin su consentimiento dará lugar a una agresión sexual», mantiene Delgado. Los delitos tipificados como «agresión sexual» siempre se resuelven con penas de prisión, por lo que en la práctica desaparecerá el «abuso», que «banaliza» el delito y «rebaja» la gravedad de los hechos en la percepción social, según Delgado. «Se establecen dos figuras que serían la agresión y la violación», apunta.

Actualmente la «violación» existe para definir la «agresión sexual» con «acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías», y se castiga con prisión entre seis y doce años (artículo 179). Pero la ministra afirma que con la nueva ley tendrá «en el sentido que lo tenía recogido anteriormente el Código Penal». Ninguna «agresión sexual» se condena con menos de un año de prisión. La máxima es de 15 años cuando existen agravantes como el número de atacantes, la vulnerabilidad de la víctima o la violencia.

Lo que hasta ahora se consideraba «abuso» será «agresión». Hasta ahora lo que distinguía a uno del otro era la existencia de intimidación, incluso la ambiental, o el empleo de violencia para someter a la víctima. Si hay alguno de estos factores es «agresión». Si no, «abuso». Con la reforma, no importará si hubo o no este tipo de coacción, y será considerado «agresión» cualquier acto sexual que no tenga el consentimiento de quien denuncie.

Hay que resaltar que estos artículos del Código Penal se aplican con independencia del sexo o la edad de la víctima y, aunque existen agravantes como la cantidad de los agresores, la reforma contempla una «específica de género» que se aplicará «tanto para agravar la agresión sexual como la propia violación», dijo Delgado durante la reunión con las principales organizaciones feministas, como la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Mujeres Progresistas, la Red Española Contra la Trata de Personas o la Fundación Mujeres.

Mayores recursos

Para hacer «hincapié en la gravedad» de los delitos contra la libertad sexual de las mujeres, el Consejo de Ministros «estudiará la propuesta legislativa», incluyendo el informe encargado a la comisión de expertos, y escuchará al consejo asesor para la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una «perspectiva de género a fin de que el nuevo texto que se impulse tenga en cuenta la realidad social actual».

Para lograr sus objetivos, Delgado aseguró que aumentarán diversas partidas con un enfoque de género. Así, dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el presupuesto de su Ministerio aumentará un 8,75% y se destinarán más recursos a otras dependencias, como las Oficinas de Asistencia a las Víctimas (59% más), las Unidades de Valoración Forense Integral (57%) o el Centro de Estudios Jurídicos (20%), que instruye a los fiscales «en materia de igualdad y de violencia de género»). «En total, el Gobierno destinará 220 millones», afirman desde el Ministerio de Justicia.

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