Más de ocho millones de personas viven en situación de exclusión social en España

Varias personas pasan junto a un mendigo en Barcelona. /Julián Martín (Efe)
Varias personas pasan junto a un mendigo en Barcelona. / Julián Martín (Efe)

Cáritas denuncia que la exclusión es severa para cuatro millones y que la situación podría empeorar porque otros seis millones viven al límite

J. Luis Alvarez
J. LUIS ALVAREZMadrid

La exclusión social afecta en España a 8,6 millones de personas, lo que supone un incremento de 1,2 millones respecto a 2007, un año antes del inicio de la crisis económica. Según el informe 'Exclusión estructural e integración social', elaborado por la Fundación Foessa -vinculada a Cáritas Española-, ese incremento del 12% en término globales se acentúa hasta el 40% cuando se trata de la exclusión social severa, que afecta a 4,1 millones de personas que viven en 1,5 millones de hogares.

En todo caso, el documento destaca que la exclusión social se ha reducido en los últimos cinco años del 25% al 18% de la población, lo que supone «un descenso y mejora de los niveles de exclusión social del 27%». «Sin embargo, en el tramo de la exclusión severa dicha mejora se queda en un 19% y pasa del 11% en 2013 al 9% en 2018», destaca el documento. Para el coordinador de Estudios de Cáritas, Raúl Flores, estos datos suponen la «fractura» tras seis años de recesión y cuatro de recuperación, con la que «hemos alcanzado los niveles previos a la crisis en el caso de la integración plena, pero no en los de la exclusión».

Natalia Peiro, secretaria general de la oenegé vinculada a la Iglesia, dijo que tras la crisis «el 18% de la población está invisibilizada, escondida en medio de las cifras de la recuperación», porque la sociedad «tiene poca empatía y sentimiento de vecindad». Según Flores, «se están debilitando los vínculos de nuestro modelo social, ya que las diferencias que existen en las condiciones de vida entre diferentes capas y colectivos sociales están tensando los ligamentos que nos mantienen unidos como sociedad. Se crean situaciones de competencia por el empleo entre unas edades y otras, por la protección social que reciben aquellos que están jubilados y los que están desempleados y por las ayudas a la crianza de las que se benefician unas y otras familias».

El informe de la fundación destaca también que la población en exclusión social ha sufrido un empeoramiento en cinco de las ocho dimensiones analizadas, como son la capacidad de consumo, vivienda, participación política, salud y aislamiento social. Además, una de cada cinco personas en exclusión está afectada simultáneamente por la exclusión del empleo, la vivienda y la salud, lo que pasa a ser de una de cada tres en el caso de exclusión severa.

El empleo no es garantía

Pero es que el empleo, según el documento, no asegura la integración social. La incidencia en personas en situación de exclusión que, aun contando con empleo, atraviesa por dificultades en otras dimensiones es muy superior a la de la población global, llegando al 54% en el caso de la vivienda, al 50% en el de la salud, y al 24% en la dimensión del consumo. En el extremo opuesto está la situación de exclusión en la dimensión de vivienda, que se reduce un 19% con respecto a los datos de 2013, alcanzando a un 24% de la población, cifra similar a la registrada en el periodo anterior a la crisis.

El informe realiza una advertencia sobre el riesgo de que la situación pueda empeorar. Este riesgo «es elevado, dado que el 13% de la población (unos seis millones de personas) que está dentro del tramo de integración social, se encontraría, sin embargo, en una posición de gran debilidad, viviendo tan al día que un ligero empeoramiento de la situación socioeconómica haría que sus posibilidades de transitar hacia situaciones de exclusión sean muy elevadas».

Durante el acto, también se presentó la Memoria 2017 de Cáritas, de la que se desprende que la oenegé destinó 353 millones de euros para ayudar a más de tres millones de personas (la mitad fuera de España), en programas de ayuda a personas en situación de pobreza y desigualdad. La aportación privada alcanzó los 256,5 millones (76%), frente a los 95,5 millones de fondos públicos (27%).

 

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