Vox ve «mala fe» de la empresa y «responsabilidad» política en el caso Prepay

Aún falta por celebrar una sesión de la comisión especial de investigación sobre el caso Prepay en el Ayuntamiento de Burgos, y, por ende, todavía es pronto para establecer las conclusiones definitivas. Sin embargo, tras dos sesiones, sí que se pueden extraer algunas conclusiones parciales. O al menos así lo entienden desde el grupo municipal de Vox, cuyo portavoz en la materia, Raúl Martínez, ha querido dejar claro que todo el caso está repleto de «circunstancias anómalas y surrealistas».

De hecho, el propio Martínez ha trasladado hoy dos impresiones tan concretas como contundentes: la empresa «actuó con mala fe» y hubo desidia política para atajar el problema.

En este sentido, Martínez considera, en virtud de la declaración efectuada por un representante de Prepay durante la segunda sesión de la comisión, que la empresa cometió una serie de «irregularidades» durante mucho tiempo. No en vano, la recaudación de las tarjetas del autobús urbano se ingresaba en las cuentas de Prepay y ésta utilizaba ese dinero, que debería ser «cautivo», para afrontar «sus gastos».

A partir de ahí, Martínez considera que hubo desidia por parte de los máximos responsables políticos del servicio de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos (Samyt), tanto en el mandato anterior como en el actual. Y es que, según declaró la jefa administrativa del servicio, ya en febrero de 2023 se detectaron impagos por parte de la empresa y se informó de ello.

Sin embargo, ni el anterior responsable del servicio, Levi Moreno, ni el actual, José Antonio López, «hicieron nada» para remediarlo. Ni siquiera se trasladó dicha información al Consejo de Administración del servicio en alguna de las numerosas reuniones que se celebraron a partir de ese momento.

El propio Martínez, por ejemplo, asegura que, a pesar de ser vicepresidente del Samyt durante más de un año este mandato, se enteró «por la prensa» de la deuda de Prepay, cuando esta ya ascendía a varios cientos de miles de euros. Nadie, insiste, le informó de nada.

A este respecto, el concejal de Vox se pregunta por qué durante todo ese tiempo «no se hizo nada» para atajar el problema. Ni se abrió expediente a la empresa ni se propusieron penalidades ni nada por el estilo. Lejos de ello, se firmó un nuevo contrato «con los informes favorables» y la deuda, que «nunca quedó a cero», siguió incrementándose hasta estallar el concurso de acreedores de la empresa.

Con todo, las conclusiones definitivas de la comisión de investigación todavía deberán esperar. La última sesión, en la que está previsto que comparezcan los habilitados nacionales del Ayutnamiento, entre otros, se celebrará el próximo jueves por la tarde. A partir de ahí, los grupos municipales presentarán sus propias conclusiones. Veremos qué dicen entonces.

Temas

• Política
• Investigación
• Vox