El PSOE elevará el conflicto de la seguridad privada de Defensa a debate en el Congreso

Los trabajadores llevan varios meses de movilizaciones/GIT
Los trabajadores llevan varios meses de movilizaciones / GIT

El PSOE presentará una propuesta para forzar al Gobierno a rescindir el contrato con Marsegur, inmersa en un conflicto laboral que en Burgos afecta a 12 trabajadores

Gabriel de la Iglesia
GABRIEL DE LA IGLESIABurgos

En los últimos meses, los trabajadores de Marsegur, empresa concesionaria de la vigilancia exterior de varias instalaciones del Ministerio de Defensa, han estado en pie de guerra. Y el conflicto ahora se trasladará al Congreso de los Diputados. Tal y como ha anunciado hoy la secretaria general de los socialistas burgaleses y diputada nacional, Esther Peña, el PSOE elevará a debate en el Congreso una proposición no de ley estinada, a «evitar la explotación y la precariedad laboral» que se está registrando en el sector de la seguridad privada «como consecuencia de las condiciones en las que se realiza la adjudicación de las contrataciones por parte de las Administraciones Pública».

Así, la proposición, que se presentará en la Comisión de Empleo y Seguridad Social aprovechando el debate sobre la nueva Ley de Contratos Públicos, contempla cuatro puntos muy concretos, como son la recuperación de la «prevalencia del convenio sectorial sobre los convenios de empresa», la «adoptión de medidas para garantizar» el «cumplimiento» de dichos convenios sectoriales, la «creación de órganos de seguimiento» y el impulso de una «contratación pública socialmente responsable» por parte de las administraciones.

Y es que, a juicio de Peña, la falta de iniciativa en estos frentes concretos está generando infinidad de problemas, incluyendo los vinculados al contrato de seguridad privada de las instalaciones de Defensa. Un contrato que, tal y como ha afirmado, está generando un gran quebranto a los «más de 600 trabajadores» afectados en toda España -una docena en Burgos-.

Los contratos de todos ellos fueron subrogados tras la adjudicación del servicio a Marsegur. Sin embargo, la empresa decidió aplciar en su día el convenio particular en detrimento del convenio estatal. Esta circunstancia se traduce, en la práctica, en una diferencia salarial que, sumados los complementos y pluses, se eleva en algunos casos hasta los «700 euros al mes» respecto a otras empresas del sector.

Meses de movilizaciones

Así de hecho lo vienen criticando con dureza los sindicatos en los últimos meses, en los que se han llevado a cabo numerosas movilizaciones e incluso huelgas. Unas movilizaciones que, por el momento, han caído en saco roto, ya que el Ministerio de Defensa ha mantenido el contrato, que finaliza en mayo de 2018 y aún tiene posibilidad de un año de prórroga.

En este escenario, Peña considera que el Ministerio es «responsable» de las condiciones laborales que ofrece una empresa que tiene subcontratado un servicio de vital importancia, como es la vigilancia exterior de instalaciones clave, como son Capitanía General y Farmacia en Burgos. De ahí, insiste, la necesidad por corregir la situación «cuanto antes».

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