La Audiencia condena a un abogado a 4,5 años de cárcel por estafar a sus clientes

Antonio Fernández, a la salida del juicio en la Audiencia Provincial. /RODRIGO JIMÉNEZ
Antonio Fernández, a la salida del juicio en la Audiencia Provincial. / RODRIGO JIMÉNEZ

El tribunal le impone además una inhabilitación para el ejercicio profesional por dos años y medio

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado al abogado Antonio P. Fernández Morillo como autor de tres delitos que suman en total una pena de 4,5 años de cárcel y una inhabilitación profesional por el espacio de dos años y medio. La sentencia no es firme, y se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

El juicio contra este letrado, de 46 años, tuvo lugar a finales del mes de noviembre durante tres jornadas, en las que comparecieron seis testigos, que fueron clientes y tuvieron relación de prestación de servicios con el abogado.

La condena, inferior a la que solicitaban las dos acusaciones particulares y la Fiscalía (entre cinco y ocho años), establece el abono por parte del acusado de las cantidades que había cobrado a los clientes, así como la imposición de las costas judiciales y la responsabilidad civil de la mercantil RBH, dedicada a la intermediación inmobiliaria y de la que llegó a formar parte el acusado.

Precisamente, ese fue el objetivo por el cual tres familias acudieron al abogado para que les tratase de reclamar las cláusulas suelo que tenían en sus créditos hipotecarios suscritos con los bancos.

Los hechos, que fueron investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, se produjeron entre febrero y hasta mayo del 2014.

Por el delito de estafa, la Audiencia Provincial le condena a dos años y seis meses, por el delito de coacciones, otros dos años más, y por el tercer delito, el de apropiación indebida, dos meses de multa a razón de 8 euros por día (480 euros).

En el fallo de los tres magistrados, que han resuelto sobre las pruebas y firmado en apenas quince días la sentencia, se declaran nulos los contratos que el letrado suscribió con los clientes que le denunciaron. Alguno de ellos acarreaba entregas de hasta 25.000 euros.

Durante la vista oral, este aspecto fue objeto del interrogatorio entre el abogado y sus clientes. Estos aseguraron que «no paraba de hablar en su despacho y con las llamadas telefónicas». Y que sí firmaron los contratos fue por la presión que ejercía sobre ellos. Algunos de ellos fijaban un interés de hasta el 16% en caso de impago de los honorarios.

Al anularse los contratos, las demandas que el letrado ha presentado contra sus anteriores clientes antes del juicio, decaen pese haber promovido el acusado pleitos civiles en Juzgados de Primera Instancia.

En este sentido, el fallo penal puede ser presentado en los procedimientos civiles que el letrado abrió para reclamar a sus clientes los honorarios.Serán estos órganos jurisdiccionales los que determinen si los paralizan cautelarmente.

También deberá devolver el condenado a tres clientes 4.600 euros, a un matrimonio 2.400 y al quinto afectado cien euros. En total, 7.100 euros.

Fuentes de las acusaciones valoraron positivamente estas condenas, aunque consideraron que algunas de las cantidades van a ser difíciles de recuperar.

A la espera del expediente

Durante la vista oral, el letrado, que se defendió asimismo en las tres sesiones, afirmó que se había sentado en el banquillo por tratar de cobrar su trabajo como asesor jurídico. Antonio P. F. añadió que se podría discutir sus minutas profesionales, pero no su trabajo.

Sostuvo también que era víctima de una «confabulación» por parte del Colegio de Abogados de Valladolid, al que pertenecía desde 1999. Precisamente, en el sumario por este caso figuran los expedientes disciplinarios abiertos por la Comisión Deontológica del órgano colegial en septiembre y diciembre del 2014 y enero del 2015. Estos expedientes están paralizados hasta que haya una sentencia firme, si se recurre.

 

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