La Audiencia de Valladolid revoca una condena de malos tratos por denunciar después de un año

Audiencia de Valladolid. /R. Gómez
Audiencia de Valladolid. / R. Gómez

Los jueces enmarcan la denuncia de la mujer dentro del proceso de reclamación de la custodia de las dos hijas de la pareja

Jorge Moreno
JORGE MORENO

La Audiencia de Valladolid ha revocado una sentencia condenatoria de malos tratos que el Juzgado de lo Penal 3 impuso a un hombre en octubre de 2018. La Sección Cuarta sostiene para la absolución que la denuncia de los hechos que realizó la mujer, se interpuso casi un año después de ocurrir, presuntamente, la agresión y porque durante ese periodo «había una solicitud en marcha de guardia y custodia de dos menores de la madre».

El hombre fue condenado a 11 meses de prisión, dos años de privación del derecho de uso y tenencia de armas, y otros dos de prohibición de comunicarse por cualquier medio y acercarse a menos de 200 metros de la víctima, su domicilio o centro de trabajo. Se le absolvía por otro delito de maltrato que habría ocurrido en junio de 2017.

Según los hechos probados, la pareja había mantenido una relación estable de convivencia superior a los cuatros años, fruto de la cual habían nacido dos niñas.

Durante el último fin de semana de Ferias de Valladolid, en septiembre de 2016, según las sentencia, se inicio una discusión verbal entre ambos en la calle y la misma prosiguió en el domicilio familiar.

En el fallo condenatorio del Juzgado de lo Penal 3 se recogía que pasadas las 23 horas el acusado llegó a agarrar por el cuello a su pareja y a tirarla del pelo, lo que provocó que el hijo menor de la mujer, que estaba en el domicilio junto a sus dos hermanas de madre, avisase a su abuela, y la supuesta víctima alertara a un conocido común.

Éste apreció un gran estado de nerviosismo e irritación en el acusado, y una marca enrojecida en el lado derecho del cuello de la mujer.

El fallo de lo Penal señala que no está acreditado que meses después, en la tarde del 6 de junio de 2017, se iniciara otra discusión por el acusado con la denunciante, en la que iba voceando por la calle y éste la agarró con una intención violenta.

Recurso posterior

La condena fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Valladolid, que en su nuevo fallo revoca el anterior condenatorio por un delito de maltrato de obra. Argumentan los tres jueces que las declaraciones de los testigos no son concluyentes, uno de los cuales llegó cuando todo había pasado, ni pudo ver marca alguna en el cuello.

«Lo declarado por el testigo tiene naturaleza de suposición o conjetura, por tanto porque solo ve reproches, no insultos ni nuevas agresiones», dice el fallo, que sostiene que el relato de la mujer es «un relato no sostenible, lo que coincide con los motivos espurios que el informe psicosocial refiere».

Este documento obedece a otra denuncia que la mujer interpuso contra el acusado por presuntos abusos sexuales a sus hijas, en donde se afirma que «la denuncia no se ajustaba a la verdad, cuestionando el comportamiento de la denunciante».

La mujer reconoció en el juicio que admitió que su compañero acudiera al domicilio a recoger a las menores, y actuó como si la relación prosiguiese con normalidad, por el miedo que sentía hacía él.

También se cuestiona por los jueces la declaración del hijo de la denunciante, ya que «carece, dicen los jueces, de la contundencia suficiente para ser tomada como prueba fehaciente, porque no vio que el acusado tirara del pelo a la madre y la empujara hasta hacerla caer».

Para revocar el fallo, la Audiencia de Valladolid recuerda que cuando se interpone la denuncia se produce casi un año después de ocurrir presuntamente la agresión, y existía un proceso para reclamar la custodia de las menores fruto de la relación de cuatro años.

«Todos estos elementos hacen que el Tribunal albergue dudas razonables sobre la existencia de auténtico acerbo probatorio, suficiente para la condena, por lo que procede acordar la libre absolución del acusado con todos los pronunciamientos favorables», concluye la resolución judicial, que declara las costas de oficio.