Castilla y León recurrirá el reglamento y los posibles traslados de menores no acompañados
La vicepresidenta de la Junta asegura que el sistema de protección de la comunidad «está al límite»
E. N.
Lunes, 21 de julio 2025, 12:22
La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, anunció este lunes que Castilla y León «recurrirá en la vía que corresponda» cualquier acto relacionado con el real decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, relacionado con el traslado de menores extranjeros no acompañados, desde el reglamento, que previsiblemente se aprobará este martes en Consejo de Ministros, como los posibles traslados que se realicen.
«El sistema de protección de Castilla y León en este caso ahora mismo está al límite para los menores no acompañados. Algunos de ellos ya están incluso en plazas dentro de los recursos ordinarios, no específicos», advirtió en declaraciones recogidas por Ical. Tras defender que la autonomía «es y ha sido siempre tierra de acogida», Blanco acusó al Ejecutivo central, liderado por Pedro Sánchez, de «utilizar el traslado de menores desde Canarias cuando a él le interesa mediáticamente, mediante imposiciones, sin diálogo, sin acuerdo, sin consenso, rompiendo la solidaridad y e principio de igualdad entre las comunidades».
«Castilla y León va a seguir siendo solidaria, pero siempre pensando sobre todo en el bienestar de los menores y desde la igualdad entre todas las comunidades autónomas, y nunca desde las imposiciones fruto de las cesiones a sus socios del Gobierno», alertó. En ese sentido, se preguntó por qué en el reparto decidido unilateralmente por el Ejecutivo central a Castilla y León le correspondería acoger a 97 menores frente a los 31 asignados a Cataluña y ninguno a País Vasco. «Un tema tan serio como este debe abordarse desde el acuerdo y desde el consenso, trabajándolo, y nunca desde la imposición que es lo que está haciendo el Ministerio», lamentó.
Además, la vicepresidenta denunció los «continuos recortes sociales» propiciados por el Ejecutivo, en proyectos como el Plan Corresponsables (donde según señaló la caída de aportación a Castilla y León rondaría el 25%, hasta los 11 millones) o la dependencia (con un recorte que cifró en «casi 6 millones de euros»), provocando a su juicio la pérdida de financiación para atender a los más vulnerables.
