Castilla y León registra 103 casos denunciados por discriminación racial o étnica en 2016 y 2017

Manos negras y blancas entrelazadas./A
Manos negras y blancas entrelazadas. / A

Los gitanos, los inmigrantes y los refugiados son los grupos de población más vulnerables de la sociedad

El Norte
EL NORTEValladolid

Castilla y León registró un total de 103 casos denunciados por discriminación racional o étnica entre octubre de 2015 y octubre de 2017, solo por detrás de Andalucía (225), Madrid (153) y Valencia (111) y por delante de Cataluña (64) pese a contar con una población más elevada que la Comunidad. En el conjunto de España, se contabilizaron 1.214 incidentes.

Estos datos se presentaron hoy en Valladolid por el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica durante una jornada que reconoció que muchos de los episodios que sufren los grupos de población más vulnerables de la sociedad como los gitanos, los inmigrantes y los refugiados no salen a la luz al ser existir un problema importante de infradenuncia por temor a las represalias y por la desconfianza en el sistema jurídico. No en vano, denunciar una discriminación puede suponer un despido laboral o la paralización del proceso de regularización.

La memoria de este servicio, estatal y gratuito que presta asistencia a posibles víctimas de discriminación racial o étnica, depende del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica , adscrito al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Un órgano que tiene como objetivo el apoyo, ofrecer información y el asesoramiento independiente a las personas que sean discriminadas por su origen racial o étnico en cualquier ámbito como educación, sanidad, vivienda, empleo y medios de comunicación e internet, entre otros.

También organiza talleres y jornadas para que las personas vulnerables puedan identificar las acciones de discriminación pero también conocer los recursos públicos como servicios policiales, colegios de abogados, trabajadores sociales, universidades y Fiscalía.

Todas estas denuncias se canalizan a través de las 67 oficinas pertenecientes a las ocho organizaciones que forman parte del servicio como Accem, Cruz Roja Española, Cear (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Cepaim (Convivencia y Cohesión Social), Fundación Secretariado Gitano, Movimiento contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz y Red Acoge.

La coordinadora estatal del Servicio de Asistencia y Orientación a las Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, María Carmen Cortés, hizo hincapié en la necesidad de concienciar a la ciudadanía sobre la realidad del racismo y la importancia de denunciar los casos de discriminación que sufren personas «casi de forma cotidiana». No en vano, recordó que son personas que desconocen sus derechos ante la discriminación porque son actos prohibidos por la ley.

Invisibilización de la discriminación

Esta abogada del Secretariado Gitano lamentó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que estos colectivos no suelen denunciar las situaciones que sufren por miedo a las represalias. «Tienen un alto grado de asimilación de los actos que sufren», precisó y eso, recordó, provoca una invisibilización de la discriminación. Puso el ejemplo de una empresa que, ante un proceso de selección de personal, rechaza los currículums de aspirantes gitanos o inmigrantes, al igual que ocurre a la hora de alquilarles una vivienda.

Del total de las 1.214 denuncias registradas por el servicio durante los dos años, 690 fueron individuales y 524 colectivos. En cuanto a las edades de las personas que sufrieron discriminación racial o étnica, la mayor parte correspondió a una población entre los 18 y los 45 años, con una suma de 474 incidentes. En cambio, no hay diferencias en el sexo. El 60 por ciento de los actos se produce en la esfera privada y el 40 por ciento restante en lo público.

Cortés abogó por «objetivizar» la discriminación, sobre todo al recordar que se trata de sentimientos y percepciones. También mantener una relación «activa» y «bilateral» con la Fiscalía especializada en delitos de odio y la Policía. Además, precisó que es complicado probar la discriminación en los tribunales, entre otros motivos porque se desconoce el agravante por racismo.

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