Diálogo Social y servicios públicos, legado de Herrera en una Castilla y León más despoblada

Juan Vicente Herrera se dirige al despacho que tiene en las Cortes tras responder a los portavoces de la oposición en la sesión de control del pasado 5 de marzo./Gabriel Villamil
Juan Vicente Herrera se dirige al despacho que tiene en las Cortes tras responder a los portavoces de la oposición en la sesión de control del pasado 5 de marzo. / Gabriel Villamil

Vive su último pleno como presidente de la comunidad tras 18 años de gestión en una región con más competencias y 70.261 vecinos menos

Susana Escribano
SUSANA ESCRIBANOValladolid

Juan Vicente Herrera ha sacado su hoja roja. No la que anuncia que se acaba el librillo de papel de fumar, pero sí la que marca el final de su etapa como presidente de la Junta, tras 18 años de gestión autonómica en los que los presidentes de la nación pasaban y Herrera permanecía; los secretarios autonómicos, portavoces y candidatos del PSOE pasaban y Herrera permanecía; las legislaturas pasaban y Herrera permanecía. Pues Herrera vivió ayer su último pleno en las Cortes de Castilla y León como procurador (entró en 1995) y presidente de la Junta y ha iniciado su particular 'pasar' en una comunidad en la que deja como legado el funcionamiento consolidado del Diálogo Social que él impulsó desde el mismo momento en que tomó posesión, en marzo de 2001, y unos servicios públicos esenciales bien valorados entre los habitantes de una tierra más despoblada y más envejecida.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza 70.261 ciudadanos menos empadronados en Castilla y León en enero de 2018 (última cifra oficial) que en 2001. El padrón, que llegó a tener 2.563.521 habitantes en 2009 ha caído por debajo de esa línea de los 2,5 millones. El último recuento ofrece la cifra de 2.409.164 residentes. Menos y más mayores. El censo de los electores que el próximo 26 de mayo elegirán al sucesor de Herrera en la Junta tiene más octogenarios, nonagenarios y centenarios que veinteañeros. 234.076 frente a 190.087.

La falta de pulso del padrón de habitantes centró en 2003 una comisión de estudio en las Cortes, de la que salió una estrategia de medidas con acuerdo con el PSOE y que evolucionó hacia una agenda del PP ya en solitario para paliar la despoblación. La situación evolucionó a peor con la crisis y Castilla y León impulsó su inclusión en la agenda política estatal y en la europea. Herrera fue el primero en defender un dictamen sobre despoblación en el Comité de las Regiones de la UE.

Los que están, los que se fueron y los que desertaron

Aplicar el retrovisor a los consejos de Gobierno de Juan Vicente Herrera devuelve imágenes de colaboradores fieles que han estado a su lado desde el principio. El primero, su actual vicepresidente, José Antonio de Santiago-Juárez, que fue portavoz del PP en las Cortes y redactó los programas electorales que ha defendido luego como presidente. También la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, al mando de la caja de caudales autonómica desde 2003.

En el camino han quedado otros. Por causas dispares. Isabel Carrasco, asesinada en León, fue su primera consejera de Hacienda, heredada del Gobierno de su predecesor. Tomás Villanueva, vicepresidente y consejero de Economía y Empleo, falleció en mitad del avance de investigaciones judiciales sobre la trama eólica y la perla negra. Los dos relevos señalados a sucederle, la vicepresidenta Rosa Valdeón y el leonés Antonio Silván, no prosperaron. La primera dimitió tras dar positivo al volante y el segundo perdió las primarias frente a Alfonso Fernández Mañueco, también consejero suyo. Y estos días ha visto a Silvia Clemente y a María Jesús Ruiz, otrora a su lado, abjurar del PP y defender, con desigual fortuna, otras siglas.

El presidente dejará al próximo inquilino del Colegio de la Asunción, sede de la Junta, más de un centenar de acuerdos con sindicados y empresarios que van más allá del ámbito laboral e inciden en servicios públicos y política de vivienda. También un pacto de comunidad para negociar una mejora de la financiación autonómica con el Gobierno central, algo imprescindible para poder pagar unos servicios públicos que son más caros de prestar en un territorio amplio y montañoso y a una población envejecida y que vive dispersa en más de 6.000 núcleos.

«Las políticas sociales no son patrimonio de quienes llevan en el bolsillo o en la boca un carné 'colorao'». Con esa frase, reiterada por Herrera en sus intervenciones y debates, el dirigente del PP ha hecho bandera de su gestión de los servicios públicos esenciales: Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Una labor más respaldada por las evaluaciones externas en las dos últimas áreas. El Informe PISA sitúa a Castilla y León a la cabeza de la educación mundial y con alumnos que sacan en conocimientos más de un curso a otros del mismo nivel de otras autonomías y los directores de centros de servicios sociales puntúan con un sobresaliente la Atención a la Dependencia. En terreno sanitario, la valoración de los pacientes no es mala, pero las mareas blancas y las protestas por falta de médicos han marcado esta legislatura. La Consejería de Familia es una apuesta personal suya, de 2003, y la Renta de Ciudadanía para combatir la pobreza, también.

Herrera pone fin a casi dos décadas de gestión en las que ha tenido que afrontar años muy duros de crisis y una última etapa en la que el PP, que llegó a tener 53 procuradores de 83, perdió la mayoría absoluta. Recuperó Villalar como símbolo, que había sido arrinconado políticamente por José María Aznar y Juan José Lucas, y pidió perdón en las Cortes en junio de 2017 por el «presunto caso de corrupción de personas, pero no de corrupción institucional» que es como definió a la trama eólica. Esa investigación judicial sigue su curso. Y la del edificio que compró su Gobierno en Arroyo con exaltos cargos de la Junta implicados. Herrera cierra una etapa en la que políticos de provincias dinamitaron su proyecto de aglutinar las cajas de ahorros en una entidad regional y deja tres grandes infraestructuras: la autovía Valladolid-Segovia, el Hospital Río Hortega y el Hospital de Burgos y su polémica concesión.

La herencia de Juan Vicente Herrera

Concertación social con sindicatos y patronal
La primera foto importante de Herrera como presidente de la Junta fue con los líderes de UGT, CCOO y Cecale. Marcó el inicio del Diálogo Social, que ha quedado reflejado en elEstatuto de Autonomía (reformado en 2007) como uno de los pilares de Castilla y León. Ese clima de concertación ha ayudado a Herrera, en el debate político, a socavar las críticas de PSOE, Podemos e IU.
Gestión de Empleo, Educación y Sanidad
La Junta ha recibido competencias estatales en la etapa de JuanVicente Herrera. Dos de ellas, Educación y Sanidad, muy contundentes en personas y presupuesto. También las políticas activas de Empleo. El Ecyl y Sacyl son 'criaturas' de esta etapa. No se logró acuerdo para traspasar los medios judiciales, pese a tener durante cuatro años una Consejería de Interior yJusticia.
La Ordenación Territorial que no cuajó
La Ordenación del Territorio se queda finalmente en el tintero. Es el proyecto estrella de Juan Vicente Herrera en esta legislatura. El modelo territorial ha propiciado la aprobación de seis leyes con el apoyo del PSOE (son necesarios 56 de 84 escaños), pero no ha concitado ese respaldo con el mapa rural, la parte más delicada del modelo y que lleva dos años en las Cortes.
Puesta en marcha de la Consejería de Familia
Juan Vicente Herrera puso en marcha en 2003 la Consejería de Familia e Igualdad, pionera en España. Encargó este proyecto a Rosa Valdeón, luego alcaldesa de Zamora. En esa etapa, la Junta implantó ayudas por nacimiento de hijo o adopción y subvencionó la reducción de jornada y las excedencias con cuantías de hasta 6.000 euros.
Renta Garantizada de Ciudadanía
Castilla y León reguló una Renta Garantizada de Ciudadanía para combatir la pobreza que mejoró notablemente la dotación y los casos que cubría el antiguo ingreso mínimo de inserción. La Renta es un proyecto de Rosa Valdeón como consejera de Familia, que se ha reforzado durante la crisis, no sin críticas actuales por la burocracia y las denegaciones.
Reforma del Estatuto y portazo al Duero
La comunidad reformó su Estatuto de Autonomía en 2007. Fue un texto que incluyó un amplio listado de derechos ciudadanos y también la aspiración de Castilla y León de gestionar el Duero a su paso por la comunidad. Esta era una de las novedades clave. El Tribunal Constitucional concluyó que invadía competencias estatales y lo dejó sin efecto.