Juicio por la trama eólica

El exjefe de Eólicas del EREN asegura que Delgado controlaba las adjudicaciones de parques

El exjefe de Eólicas del Ente Regional de la Energía (EREN), Tomás Ciria, aseguró este lunes que el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado controlaba las adjudicaciones de los parques eólicos en la comunidad, incluso cuando dejó ese cargo y fue nombrado secretario general de la Consejería, hasta el punto que era el encargado de agilizar los proyectos o, en cambio, paralizarlos si el promotor no era originario de Castilla y León.

En su declaración como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid por el denominado caso de la trama eólica, subrayó que el propio Delgado era el encargado de realizar un ranking de los promotores para incluirlos en un listado, ya sea en el grupo 1 (empresarios locales) o bien en el 2 (para el resto de empresarios). De esta manera, había un trato preferencial para unos promotores.

En la línea de lo expresado por otros testigos, Ciria, al frente de la Jefatura de Área de Energía Eólica, reconoció que mantuvo reuniones con Rafael Delgado, quien le dio instrucciones sobre la necesidad de hacerle llegar listados periódicos de evacuación de la energía, que debía autorizar la Dirección General. De esta manera, había un trato preferencial para algunas empresas, ya que en estos listados había anotaciones con un promotor inicial y otras con el promotor final. Hasta el punto que confesó que llegó a temer por su puesto y fuera sustituido por otra persona si no acataba las directrices que le marcaban, aunque no se tomó ninguna medida disciplinaria. Incluso, posteriormente, en el año 2012 fue nombrado subdirector del EREN.

Recordó que una vez que Begoña Hernández se hizo con la Viceconsejería se limitaba a firmar las autorizaciones que le llegaban, hasta que preguntó al entonces director del EREN, Ricardo González Mantero, sobre el proyecto del parque de Paredes, y que se comprobara el accionariado de ese promotor y averiguar si estaba Cronos, pese a que ya contaba con la declaración de impacto ambiental. En este caso en concreto, no supo señalar si estaba a punto de recibir la autorización final (avocación).

El testigo añadió, según recogió la Agencia Ical, que el EREN es un ente público de derecho privado y sus informes de competencia, solicitados por las delegaciones territoriales de la Junta, no eran vinculantes ni podía firmar una resolución administrativa en los parques. «Nuestra labor era de asesoramiento en temas de energía de la Junta. De ahí que hacíamos una previsión sobre la idoneidad de cada parque, basado en criterios técnicos como por ejemplo que estuviera un emplazamiento con evacuación de la energía producida», explicó.

En este sentido, precisó que enviaban la información a la Viceconsejería de Economía cuando el proyecto de un parque eólico avanzaba en la tramitación o contaba con la declaración de impacto ambiental. «Mi trabajo era la agilización por que en algunos momentos llegamos a tener sobre la mesa proyectos con una potencia de 70.000 megavatios», aseveró. Además, reconoció que era habitual que al EREN llamaran promotores de parques para interesarse por la tramitación de los proyectos.

A preguntas del Ministerio Fiscal sobre la urgencia en que se tramitaban algunos proyectos de parques eólicos y otros se ralentizaban, como ocurría en el entorno de Montes de Torozos, en la provincia de Valladolid, respondió que no lo recordaba. En todo caso, dejó claro que todo dependía de las «altas instancias de la Consejería», aunque apuntó que no había recibido indicaciones concretas del titular Tomás Villanueva ni le llamaron «de arriba».

El juicio continuará este martes, a partir de las 9:30 horas, con la declaración de nuevos testigos.

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