Los hogares que viven de alquiler se duplican en cinco años y ya rozan el 16% en Castilla y León

Del millón largo de hogares en los que se reparte la población de Castilla y León, algo más de 160.000 viven de alquiler. La proporción de personas que opta por el arrendamiento no deja de crecer y esto ha provocado, por un lado, el incremento del parque de viviendas con un 'se alquila' en la ventana y, por otro, la regulación del mercado por parte del Gobierno, que pretende fijar límites y condiciones en las zonas donde los precios están más tensionados. La puesta en marcha de un bono joven para ayudar a la emancipación también va dirigida a favorecer esta modalidad.

De España solía decirse que era un 'país de propietarios' en el que todo el mundo quería ser dueño de su casa, en la mayor parte de casos después de pagar la hipoteca. Este rasgo siempre estuvo más acentuado en el caso de la comunidad autónoma. En 2004, vivían alquilados el 10% de los españoles, un porcentaje que en Castilla y León apenas era del 5,2%. Las cosas han ido cambiando con los años y, en los últimos, de forma acelerada.

En 2015, la tasa de hogares que vivían en régimen de arrendamiento a precio de mercado era en la región del 7,6% y en 2020 había escalado al 14,7%. A ellos hay que sumar otro 1% (es decir, unos 10.000) que están alquilados a un precio inferior al de mercado, según se recoge en la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, con datos de 2020.

En el detalle de qué tipo de hogares son los que más optan por el arrendamiento, los unipersonales (14%) y los monoparentales (16,5%) rondan la media general, con las parejas sin hijos convivientes (8,4%) o con ellos (11,4%) por debajo. Mientras, se encuentran muy por encima del promedio autonómico los núcleos familiares que conviven con otras personas (32,3%), los hogares formados por personas que no forman núcleo familiar (18,4%) y aquellos en los que conviven dos o más familias (20,5%).

Si hace años eran la escasa oferta de viviendas en alquiler y la facilidad para acceder a una hipoteca las razones por las que el arrendamiento era minoritario, ahora son el endurecimiento de las condiciones bancarias, la mayor movilidad laboral y el auge de la vivienda como inversión, con el consiguiente aumento del parque de inmuebles, los motivos para el incremento de personas que optan por convertirse en inquilinos. El cambio de hábitos sociales también tiene su influencia, a decir de los expertos.

Después de que el pasado martes el Consejo de Ministros diese luz verde a la Ley de Vivienda, el Gobierno espera que entre en vigor en el tercer trimestre de 2022, por lo que ha pedido su tramitación de urgencia en el Congreso. El texto pretende «garantizar y proteger el derecho a la vivienda, dar seguridad jurídica, potenciar el parque público de vivienda, establecer medidas para los mercados tensionados», sin invadir las competencias de las comunidades autónomas, según señalan desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La limitación temporal y acotada del precio de los alquileres y la fijación de zonas tensionadas ya han provocado cierta polémica, si bien el Ejecutivo prevé otorgar a las autonomías la potestad de modular las condiciones para determinar si existen esas tensiones, así como los criterios estatales para poder optar a los beneficios fiscales. Con todo, el Gobierno contempla un plazo de 18 meses desde la aprobación de la ley para establecer los índices de referencia que se aplicarán a los grandes propietarios en los mercados conflictivos.

Castilla y León, donde el trasvase de viviendas en arrendamiento al sector turístico y la presencia de grandes tenedores son bastante menores que en otros lugares del país, estaría, en general, libre de ser una zona tensionada. De hecho, A cierre de diciembre, el precio de la vivienda en alquiler bajaba el 2,4% anual, con una media de 4,55 euros por metro cuadrado. En el conjunto de España, el coste se situó en 9,98 euros, el 1,14% por encima de las cifras de un año antes, según el informe anual del portal inmobiliario pisos.com.

La comunidad se situó como la autonomía con la mensualidad más barata para los inquilinos, seguida de Extremadura (5,13 euros/m²). Salamanca (8,39 euros/m²), Segovia (8,00) y Valladolid (7,82) son las provincias más caras para alquilar.

Lo que sí tiene Castilla y León en abundancia son viviendas vacías, para las que la ley plantea un recargo del IBI de hasta el 150% con el objetivo de sacarlas al mercado. Es un porcentaje que variará en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas de un mismo titular.

Uno de los indicadores que da pistas sobre la existencia de desajustes en el mercado deja a la comunidad bastante bien parada. Se trata de la brecha entre lo que piden los propietarios que tienen viviendas ofertadas para alquilar y el presupuesto de que disponen los inquilinos. Según la base de datos del portal inmobiliario, en el conjunto del país se busca un piso de 550 euros, mientras que el precio medio de los ofertados es de 699 euros. En el caso de Castilla y León, los arrendatarios demandan viviendas de 450 euros, mientras que los propietarios ponen en el mercados pisos por los que piden menos que esa cantidad, en concreto 410 euros.

Este desajuste deja entrever que en el parque de pisos en alquiler de la comunidad abundan o, incluso predominan, viviendas antiguas a las que no se han hecho las reformas necesarias.

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