La Junta desoye siete de cada diez recomendaciones del Consejo de Cuentas de Castilla y León

Mario Amilivia, en la Comisión de Hacienda de las Cortes./L. Pérez-ICAL
Mario Amilivia, en la Comisión de Hacienda de las Cortes. / L. Pérez-ICAL

El presidente del organismo fiscalizador, Mario Amilivia, plantea cambios normativos para afianzar la autonomía de la institución de control y multas o retención de subvenciones para ayuntamientos que no rinden cuentas

Susana Escribano
SUSANA ESCRIBANO

El informe sobre el seguimiento de las recomendaciones que el Consejo de Cuentas aconseja aplicar a los gestores de las administraciones y entes que fiscaliza arroja que en la Junta no incorporan a sus sistemas de trabajo casi siete de cada diez. En 2018, concretamente el 69% figuran como no atendidas, al constatar la aplicación total o parcial del 31%.

La Administración autonómica es la que más desoye la recomendaciones que culminan las exhaustivas auditorías que realiza el Consejo de Cuentas, órgano encargado de velar por el correcto empleo de los fondos públicos y la limpieza en las contrataciones. Le siguen las universidades públicas, que aplican el 35% de las apreciaciones que les dirige el Consejo, y los ayuntamientos, donde esa aceptación es del 49%. Las más proclives a incorporar a sus sistemas de gestión las formulaciones procedentes del organismo de control son las diputaciones, que en 2018 aplicaron el 71% de las que se dirigieron a estas instituciones provinciales.

Los datos aportados por el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, a los procuradores de la Comisión de Hacienda de las Cortes, cifran en 189 las recomendaciones de mejora que incluyeron los informes de fiscalización de 2018. Sobre 17 no se hizo seguimiento de aplicación porque no iban dirigidas a un destinatario concreto. De resto, 172, se ha constatado la aplicación íntegra o parcial de 72.

Además de hacer un recorrido sobre los porcentajes de seguimiento de las recomendaciones del Consejo, el presidente planteó a los grupos parlamentarios la posibilidad de impulsar cambios normativos para afianzar «la independencia y autonomía» del organismo en su labor de control.

Primero, que el Consejo de Cuentas tenga capacidad para aprobar su plan anual de fiscalizaciones, que ahora se vota en las Cortes. Amilivia resaltó que es el único órgano de estas características de España que no tiene autonomía para decidir su plan de trabajo. «Un dislate, si me permiten», matizó.

Amilivia demandó a los grupo políticos cambios legales para «estimular» la rendición de cuentas de las administraciones que se saltan esta obligación legal. Se trata de aplicar multas coercitivas y de retener subvenciones a esos consistorios incumplidores en la dación de cuentas. «No podemos permitir que haya ayuntamientos que nunca han rendido cuenta», remarcó el presidente del Consejo. Amilivia recordó que Castilla y León es la quinta comunidad en porcentaje de rendición de cuentas y que las cuatro que están por delante aplican esos mecanismos de «estímulo».

El máximo responsable del órgano fiscalizador, que tiene su sede en Palencia, informó a los procuradores de la aprobación de un plan estratégico con medidas que se aplicarán en la institución de control durante cuatro años, con las que persigue «profundizar en la utilidad del servicio público que presta a los ciudadanos». El plan incide, entre otros aspectos, en la gestión de los recursos de personal y materiales, en acortar y equiparar plazos de tramitación, en propiciar una mayor accesibilidad a los informes, acortando su extensión y facilitando su comprensión y divulgación entre lectores que no sean expertos en áreas económicas o de auditoría pública.

Amilivia recordó a los procuradores, varios de ellos nuevos en sus funciones, que el Consejo de Cuentas lleva años efectuando fiscalizaciones 'operativas', que son análisis de gestión que van más allá de abordar la legalidad del empleo de presupuesto o contrataciones e inciden en la eficacia que los gestores públicos logran con su actuación. Como ejemplo sirven la auditoría sobre el gasto farmacéutico en los hospitales, que arrojó las diferencias de tarifas que abonaba cada centro por los mismos medicamentos, u otras en las que trabajan en este momento, como son las que abordan las subvenciones públicas que reciben las empresas de autobuses que cubren rutas deficitarias, los gastos de centros educativos públicos y concertados o los de funcionamiento de los grandes hospitales de la comunidad, incluido el polémico Hospital de Burgos (HUBU) con servicios que presta la empresas concesionaria.

Amilivia mostró la disposición plena del Consejo de Cuentas a reforzar este tipo de informes, que encajan dentro de lo que PP y Cs persiguen con una futura agencia pública para evaluar la calidad de los servicios, ofrecimiento que extendió a la puesta en marcha de la Oficina de Lucha contra el Fraude. Sobre este organismo, el presidente señaló que existe en Galicia y Canarias y que tiene una «orientación preventiva».