La mediación familiar, por imperativo legal

Un punto de encuentro famiiliar en Castilla y León. /Miguel Ángel Santos
Un punto de encuentro famiiliar en Castilla y León. / Miguel Ángel Santos

Zamora acoge este miércoles 16 el foro de debate de El Norte de Castilla sobre las claves de la resolución de conflictos alternativa a la judicialización

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

El escaso eco de la mediación voluntaria, a pesar del énfasis puesto en este sistema tanto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como por el resto de operadores jurídicos para tratar de descongestionar los juzgados de pleitos interminables, ha llevado al Gobierno socialista a impulsar un anteproyecto de ley que obligará a las partes en conflicto a intentar un proceso de mediación antes de acudir a los juzgados en separaciones y los divorcios y procedimientos sobre guardia y custodia de los hijos o prestaciones para ellos, además de en otros ámbitos de la vida cotidiana, como las herencias. Este paso para la resolución de conflictos será obligatorio excepto si hay abierto un procedimiento previo por violencia de género o sospecha de malos tratos. El objetivo es fomentar la resolución extrajudicial de conflictos en materia civil y mercantil, tras comprobar que la norma que se aprobó en 2012 para implantar ese modelo con carácter voluntario no ha tenido el impacto deseado.

La nueva ley, no obstante, no entraría en vigor hasta tres años después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para dar tiempo no solo a cambiar los planes formativos, sino también a difundir las reformas y fomentar la presencia de mediadores en todos los partidos judiciales, según el proyecto del Ministerio de Justicia.

La vocal del CGPJ Concepción Sáez y la procuradora Nuria Calvo analizarán el nuevo anteproyecto de Ley de Mediación que promueve el Gobierno

La mediación familiar no es nueva en Castilla y León, con una ley que fue pionera en la resolución de conflictos por esta vía y una incorporación formal al servicio de mediación por parte de la abogacía desde 2011. Es una alternativa más eficaz, ágil y barata basada en el acuerdo suscrito entre las partes, pero que no termina de cuajar porque, entre otros factores que van a analizar las ponentes invitadas del Ciclo de Justicia todavía está muy arraigada la judicialización. El Gobierno quiere establecer la obligatoriedad, como ocurre en otros países de la UE como Francia, donde está implantada desde septiembre de 2017.

En España sigue siendo una práctica casi desconocida y excepcional. El anteproyecto del Gobierno persigue que sea obligatorio para las parejas que quieren divorciarse y plantea que sean estas quienes elijan al profesional que las acompañe en este proceso. Tendrían que someterse a esta vía alternativa, que no podrá sobrepasar los tres meses. En el caso de que el mediador detectara indicios de violencia de género, esta vía se abandonaría.

El borrador también contempla incluir una asignatura obligatoria sobre mediación en los grados de Derecho.

Zamora es la sede, este miércoles 16 de enero, a las 17:30 horas, de la mesa que organiza El Norte de Castilla dentro de su séptimo foro jurídico, que en esta edición está dedicado a «Familia y Justicia». Serán las ponentes Concepción Sáez, vocal del Consejo General del Poder Judicial especializada en mediación, y la procuradora de los tribunales Nuria Calvo, directora de Procumedia. La vocal María Concepción Sáez Rodríguez se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ejerció primero como abogada y después fue secretaria judicial del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid más de dos décadas. Además de ser asesora del Centro de Estudios Jurídicos, está destinada a la Mutualidad General Judicial desde 2011. Por su parte, Nuria Calvo Boizas es mediadora y «coach». Miembro de la junta directiva del Colegio de Procuradores de Valladolid, es especialista en prácticas restaurativas desde 2013 en todos los ámbitos, desde civil y mercantil, hasta familiar y del Serla. Está inscrita, entre otros, en los Registros de Mediadores del Ministerio de Justicia y de Familia de Castilla y León.

El acto jurídico, que acogerá el Consejo Consultivo, cuenta de nuevo en esta edición con el patrocinio del Banco Santander y Registradores, así como los consejos de la Abogacía y los Procuradores, y las universidades de la comunidad. Entrada libre hasta completar el aforo.