La Secretaría de Estado de Seguridad suspende el protocolo de la Junta sobre violencia sexista

El fiscal jefe de Segovia, Antonio Silva, hojea unos documentos en su despacho. /Antonio Tanarro
El fiscal jefe de Segovia, Antonio Silva, hojea unos documentos en su despacho. / Antonio Tanarro

Desde este viernes, la Guardia Civil y la Policía que trabajan en Castilla y León no tienen por qué informar a las víctimas del apoyo psicológico urgente antes de denunciar

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

El protocolo 2/2018 del marco de actuación profesional en casos de violencia de género queda en suspenso. Así lo ha notificado la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que comparte la «preocupación jurídica» que expresó el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Segovia, Antonio Silva, cuando salió a la luz el plan diseñado por la Junta.

Por su parte, la Delegación del Gobierno confirma que este viernes se recibió por correo electrónico la notificación de la «suspensión temporal», por lo que se ha transmitido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que operan en la comunidad de que el protocolo está en evaluación hasta nuevas indicaciones.

«Sería una pena echar para atrás la activación», dice la directora de la Mujer

La directora general de la Mujer de la Consejería de Familia de Castilla y León, Esperanza Vázquez, sabía de las dudas de algunos fiscales sobre el protocolo, pero creía que ese «malentendido» había quedado zanjado cuando se aclaró que la ayuda psicológica urgente de la que informaba la Policía y la Guardia Civil no tiene que ver con los informes que encargan los juzgados a los equipos psicológicos forenses. En cualquier caso, y a pesar de la suspensión temporal, «el servicio va a seguir ahí». Ahora es el turno del Estado para evaluar y consensuar un protocolo nuevo, ya que ha sido la Delegación del Gobierno en Castilla y León ha avanzado que se estudiará esta opción en la que participen todas las partes implicadas. La directora regional de la Mujer también destaca que los casos experimentales en los que se puso a prueba este proceder, plasmado luego en el protocolo, dieron buenos resultados, lo que animó a la Secretaría de Estado de Seguridad a autoriza a la Policía y Guardia Civil a activarlo cuando fuera necesario. «Sería una pena echarlo para atrás», afirma Vázquez, que a su vez recuerda que la puesta en marcha de esta prestación respondía a la reivindicación de años que venía haciendo el Colegio Oficial de Psicólogos para brindar un apoyo previo a la víctima de violencia de género justo en los momentos previos a la interposición de la denuncia.

El citado documento marco «no es una ley ni un decreto» que implique su obligado cumplimiento, matiza el fiscal jefe. Sin embargo, Silva revela que la Guardia Civil, por ejemplo, había indicado a sus cuarteles y puestos distribuidos en todo el territorio castellano y leonés que siguieran el protocolo en caso de que detectaran una víctima de violencia sexista. Esas instrucciones quedan en suspenso desde ya, incide la Delegación del Gobierno.

El capítulo en el que el fiscal jefe colocó el foco de las dudas es el que se refiere a que, cuando una presunta víctima se presenta en una comisaría o en un cuartelillo para denunciar un caso de violencia de género, los agentes de la Policía o de la Guardia Civil han de informarle de que tiene la posibilidad de recibir ayuda urgente por parte de un psicólogo.

«El apoyo psicológico es para estabilizar emocionalmente a la mujer antes de denunciar» esperanza vázquez, directora general de la mujer

Tal y como concreta la directora general de la Mujer de la Consejería de Familia, Esperanza Vázquez, ese apoyo profesional está encaminado a «estabilizar emocionalmente a la víctima para que pueda realizar su declaración o denunciar», ya que esos instantes «suelen ser los más duros y difíciles».

Hubo un visto bueno

Vázquez recuerda que la puesta en marcha del protocolo contó con el visto bueno de la Secretaría de Estado de Seguridad para que la Policía y la Guardia Civil activaran este manual de actuación. Fuentes de la Delegación del Gobierno matizan que si bien hubo esa luz verde, recientemente se han detectado «disfunciones» cuando se ha analizado el funcionamiento con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial. Por ese motivo, la Secretaría de Estado de Seguridad ha decidido suspender de manera temporal la aplicación y «evaluar su contenido así como la elaboración de uno nuevo en el que participen todas las partes desde el principio».

Ese examen, a instancia del Grupo de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, se refiere a que el documento ahora paralizado fue suscrito por la Junta y el Colegio Oficial de Psicólogos, aunque luego se adhirió la propia Delegación del Gobierno tras recibir el citado aval de la Secretaría de Estado.

Buena idea, pero «un error»

Por su parte, Silva considera que el protocolo es susceptible de viciar el procedimiento jurídico posterior debido a «las interferencias de terceras personas». Lo dice por experiencias que ha habido. «Desde el punto de vista social, está bien y tiene una buena voluntad», quiere aclarar el fiscal jefe segoviano, quien no duda de las «magníficas intenciones» de la Junta cuando firmó el convenio. Antonio Silva echa en falta en el protocolo la presencia y asistencia del Ministerio Público en esos primeros momentos cuando la víctima se propone denunciar los hechos, lo que califica de «un error» a la hora de redactar el documento.

La directora general de la Mujer precisa que la ayuda psicológica es «previa» a la denuncia y que dicho apoyo urgente en ningún caso pretende influir en ese trance de interponer la demanda y en los trámites que se abran posteriormente en el ámbito judicial.

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