La nueva carrera profesional relega a 2.000 sanitarios de Castilla y León por no ser asistenciales

Laboratorio de Salud Pública de León. :: C. H./
Laboratorio de Salud Pública de León. :: C. H.

La ley amplía su cobertura pero prima menos al personal de Salud Pública e inspectores

Ana Santiago
ANA SANTIAGOValladolid

Son médicos, enfermeros, psicólogos clínicos, farmacéuticos y veterinarios. Son los responsables de los programas de detección precoz del cáncer de colon, de mama, cuello de útero o enfermedades congénitas.Los que estudian los estilos de vida de la población –sedentarismo, alimentación o tabaquismo– que afectan a la salud de las personas –obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer…– y de los trabajadores –exposición al amianto, inspección de los servicios de prevención o salud laboral–. Los que realizan la inspección y el control de centros y actividades sanitarios o investigan las causas de las enfermedades o los alimentos que llegan al mercado en mal estado. Todo este colectivo, casi dos mil profesionales en Castilla y León, han entrado finalmente en la nueva legislación de la carrera profesional pero, al no ser considerados como personal sanitario –como la plantilla de 34.000 trabajadores–, solo se han equiparado al resto de licenciados universitarios. Este nuevo gIro de tuerca normativo no los ha asemejado a sus compañeros de licenciatura al ser funcionarios.

Una discriminación con una historia de más de diez años

La demanda del cobro de la carrera profesional comenzó de la mano del sector sanitario y del entonces sindicato Cemsatse (médicos y enfermeros) y en aquel momento, en 2006, se firmó la misma en mesa sectorial teniéndose en cuenta la antigüedad en el sistema. La promesa verbal de aquel Sacyl fue la de que era un primer paso, la concesión a los estatutarios, para luego ampliarse también a los funcionarios sanitarios. La Ley de 2009 consolidó aquella diferencia y la reguló solo para centros e instituciones sanitarias en reconocimiento a la labor de asistencia, innovación, investigación...

La nueva ley, a punto ahora de entrar en vigor, «podía hacer dos cosas o mantener lo que ya existía y regular el resto, que es lo que ha hecho –incorporar a todo el funcionariado– o equiparar a los estatutarios con el resto y que solo hubiera un tipo de carrera.Se optó por mantener la diferencia y, por eso, hay ese colectivo que no entra en el primer grupo de sanitarios. Han salido ganando porque no tenían nada y era deshacer todo o regular al resto que es lo que se ha hecho», destaca la responsable dela Dirección de Profesionales de Sacyl, Concepción Nafría. Además, añade, «siempre ha habido setas diferencias entre profesionales, también cobran por ejemplo la productividad».

Detrás también, apuntan otras fuentes, cuestiones económicas de ahorro, pero sobre todo «rencillas internas dentro del propio PP».

Así, estos profesionales quedan relegados a una segunda categoría en la Ley 7/2019 –publicada el pasado 19 de marzo y que entrará en vigor al mes de su publicación en Bocyl, que fue el pasado día 26 de marzo– que los excluye del tipo A con mejores primas por antigüedad, investigación o docencia en sus retribuciones. Tres son los grupos «discriminados», según repasa José María Soto, del sindicato Cesm. En primer término, los inspectores médicos y farmacéuticos y los enfermeros subinspectores, «que son marginados por no pertenecer, según la Junta, a centros e instituciones sanitarias, aunque son profesionales sanitarios, desarrollan un trabajo asistencial con pacientes y pertenecen en realidad a la Gerencia Regional de Salud, como el resto de médicos asistenciales. Son funcionarios, pero hay que tener en cuenta que la Ley no crea ningún impedimento a que entre este tipo de empleados públicos y, de hecho, los médicos y enfermeros funcionarios de APD (Asistencia Pública Domiciliaria) entraron en cambio en la carrera y la están cobrando; lo cual, por supuesto nos parece bien y el Sindicato Médico está totalmente de acuerdo con que la cobren», destaca.

La equiparación del colectivo a otros licenciados ajenos a los 34.000 de Atención Primaria yEspecializada les resta hasta 4.526 euros al año

Además, añade Soto, están también «los médicos y enfermeras de Salud Pública y los que están realizando su trabajo en los servicios centrales y territoriales de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud que, a pesar de su condición de sanitarios, no cobran por considerar la Junta que no están en centros e instituciones sanitarias, y ello pese a que su titulación es idéntica a la de sus homólogos de Sacyl».

Por último, este portavoz de la Cesm destaca como perjudicados «a los veterinarios y farmacéuticos que trabajan en servicios centrales y territoriales de la Consejería de Sanidad y Agricultura que también son profesionales sanitarios según la Ley de Ordenación de las profesionales Sanitarias del Estado, de 2003».

La consideración de no sanitarios supone unas considerables retribuciones menores para los 600 veterinarios de Sanidad y los otros tantos de Agricultura; los 360 farmacéuticos, médicos y enfermeros de los territoriales, el centenar de inspectores que también son médicos, farmacéuticos o subinspectores enfermeros y una cifras menores de psicólogos clínicos, matronas o fisioterapeutas... hasta casi dos mil profesionales, según los datos de la Cesm.

El Decreto de 2009 y al Ley de 2007 del Estatuto Jurídico retribuye a todos los colectivos que trabajan en centros e instituciones sanitarias de Sacyl, sean sanitarios o no, pero sí reconoce el especial derecho de los primeros, recogido en la normativa nacional que ordena las profesiones del sector, porque establece dos modalidades de carrera, para los estatutarios sanitarios y para los de gestión y servicios y los cuatro grados de recorrido profesional con marcadas diferencias de entre 780, 24 euros el I hasta 4.526 el mayor, el IV según uno u otro tipo.

Desde la publicación del decreto «seguimos luchando para conseguir que los colectivos marginados entraran en la carrera, pero no fue posible, además luego llegó la crisis y la Ley 1/2012 suspendió la convocatoria de nuevos grados por vía ordinaria que tendrían que hacerse de forma anual desde 2010», explica Soto. Ni ese año ni el siguiente se convocaron y la Consejería de Sanidad la anuló en 2012. Varias sentencias que ganaron la Cesm y CCOO devolvieron el cobro de la carrera profesional y se están ejecutando actualmente.

Esto añadió «otra nueva marginación para estos colectivos; ya que ahora van a cobrar interinos y temporales y profesionales sanitarios con plaza fija en la Administración que, desde hace muchos años, no cobraban». Ahora, la nueva ley busca desarrollar la carrera profesional para todos los empleados públicos de la Administración de Castilla y León. Y esto «obviamente es bueno; pero, a pesar de que incluye a todos los funcionarios y laborales, ha condenado y discriminado a estos colectivos que son, nos parece indiscutible, también sanitarios», destaca Soto. Además, la nueva normativa «hace otra discriminación añadida porque en su disposición adicional cuarta solo contempla como escala sanitaria a los farmacéuticos y veterinarios, olvidando de forma consciente a los médicos y enfermeras de Salud Pública de la Consejería que están doblemente molestos y con razón».

Esta distinción entre sanitarios asistenciales y los de otros organismos y funciones no se contempla en cambio en la normativa estatal. En la legislación básica nacional, el sistema de desarrollo profesional se concibe como un modo de incentivar a los sanitarios: médicos, enfermeras, farmacéuticos y veterinarios... y la ley de ordenación profesional no distingue entre estatutarios y funcionarios, y las normas principales que los regulan a nivel nacional (Estatuto Marco para estatutarios y Básico del Empleado para funcionarios) no impiden el desarrollo de la carrera para ambos vínculos jurídicos.

Plataforma de afectados

Las Cortes han aprobado con 14 años de retraso –la Ley de Función Pública obligaba a la Junta a hacerlo en seis meses– la creación de los cuerpos de Facultativo Superior Sanitario (Farmacéuticos y Veterinarios) en el ámbito de Salud Pública; pero «se han olvidado del personal médico y de enfermería, matronas y fisioterapeutas», es decir, que estos dos colectivos no son considerados sanitarios en dicho ámbito.

En este contexto, «los médicos y enfermeras de Salud Pública nos preguntamos dónde estamos, a qué cuerpo sanitario pertenecemos, cómo se denomina y qué funciones tenemos asignadas. Si no existimos –recoge su plataforma– en el ámbito de Salud Pública ¿quién va llevar a cabo las funciones que hacemos ahora? Tenemos la misma formación que nuestros compañeros de Sacyl y atendemos a toda la comunidad. Así, reclaman «la creación de los Cuerpos Sanitarios de Médicos y Enfermeras en el ámbito de la Salud Pública que se han excluido de la Ley 7/2019; así como una política de Salud Pública que restituya la importancia que estos profesionales y esta disciplina», indican.