El Gobierno vallisoletano achaca a la Junta el retraso para la Ciudad de la Justicia

Ciudadanos venezolanos siguen el pleno municipal. /H. SASTRE
Ciudadanos venezolanos siguen el pleno municipal. / H. SASTRE

El PP cree que Saravia busca «un chivo expiatorio ante su incapacidad para sacar el proyecto

J. Asua
J. ASUAValladolid

¿Contará el Ayuntamiento de Valladolid con los terrenos del colegio El Salvador antes de que concluya el mandato para ubicar en ellos la Ciudad de la Justicia? En un pleno plagado de referencias a la próxima cita electoral del 26 de mayo, el PP aprovechó la sesión de ayer para pegar un repaso a uno de los grandes proyectos del equipo de Puente que no terminan de ver la luz y volver a instir en que la «pésima gestión» del ejecutivo municipal mantiene paralizado el plan para agrupar las sedes judiciales en el entorno de San Pablo. Fue el edil popular Carlos Fernández el que, tras dar un amplio repaso a la hemeroteca, donde inicidió en los plazos incumplidos y las operaciones inmobiliarias abortadas (en referencia a la Electra), concluyó que el proyecto se ha quedado «en un cuento, en una entelequia».

El pleno respalda a Guaidó con los votos en contra de Sí se Puede y Toma la Palabra

El pleno del Ayuntamiento de Valladolid reconoció ayer a Juan Gerardo Guaidó como presidente encargado de Venezuela, aunque no fue por unanimidad. Los grupos Valladolid Toma la Palabra y Sí se Puede votaron en contra. Mientras que en las gradas un grupo de ciudadanos de aquel país mostraba su apoyo a la moción presentada por el PP, el concejal Alberto Bustos, de Toma la Palabra, explicaba su postura para subrayar que la operación política en aquel país «huele a petroleo y a codicia». «No se trata de defender a Maduro, sino de no ser hipócrita», añadió el edil del equipo de gobierno, quien resaltó que el propio Guaidó «ha dicho que no tiene miedo a una guerra civil». Bustos se preguntó por otros régimenes, como el de Arabia Saudí, Sudán o Brasil, donde, a su juicio, no hay tanta implicación de la comunidad internacional. Por su parte, Charo Chávez, portavoz de Sí se Puede, quiso dejar claro que esta «en contra» de Maduro, pero matizó que el reconocimiento de Guaidó por parte de Sánchez «descalifica» a España como mediadora en el proceso. «La falta de control» de este sobre el país lleva a pensar que «hay pocas soluciones que no tengan que ver con un conflicto bélico», dijo Chávez, quien considera que también se pone en peligro la situación de los españoles allí.

La portavoz de de Ciudadanos lamentó que Sánchez haya tardado ocho días en reconocerle. «¿Acaso esperaba que un tirano se convirtiera en demócrata en ese plazo?», se preguntó Vicente. Por su parte, Pedro Herrero arremetió contra el PP por llevar la moción una vez que el Gobierno había reconocido al presidente de Venezuela. «Era una moción contra Sánchez, ustedes se dedican a crispar y les ha salido mal», les espetó para recordarles, a continuación, el nulo apoyo a los venezolanos por parte de Rajoy entre 2015 y 2017, cuando solo se admitieron veinte de las 15.418 peticiones de asilo. El popular Carlos Fernández contestó que la firmeza del expresidente del PP le hizo recibir insultos constantes de Maduro, lo que acredita el apoyo a la democracia en aquel país. El concejal no adscrito Jesús Presencio consideró que la moción no ayuda al pueblo venezolano al no contener medidas concretas. «Me preocupan más los ciudadanos de aquel país, que los presidentes encargados o interinos», argumentó.

Le contestaba el responsable de Urbanismo, Manuel Saravia, quien le reprochó que se hubiera olvidado de la múltiple tramitación urbanística y administrativa que se ha realizado en el seno del Ayuntamiento para lograr ese objetivo, al tiempo que apuntaba que es la Junta, concretamente la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la que «a la chita callando» ha distorsionado este proceso y ha dilitadado más de lo necesario la tramitación.

La primera razón que, a su juicio avala esta reflexión, es que fue el departamento que dirige Suárez-Quiñones el que obligó a que el Plan de Reforma Interior de la zona, que ordena los espacios, tuviera que ser supervisado por el Ejecutivo regional al incluir una figura de regeneración urbana en el ámbito de Las Viudas y Zambrana, donde se les dará suelo residiencial a los dueños del El Salvador y la Tesorería como pago por el centro educativo y el apoarcamiento del Río Hortega

A ello se suma, según argumentó, que el informe ambiental necesario para darle el visto bueno ha tardado en llegar al Consistorio cinco meses, ya que se les entregó en septiembre y lo acaban de recibir ahora, eso sí con un dictamen favorable. Para el concejal estas actuaciones han alargado más de lo necesario un proceso que Urbanismo pretendía abordar en solitario. ¿Y ahora? Saravia avanzó que la intención es llevar la ordenación a aporbación inicial al pleno de marzo. De salir adelante, como todo apunta, tendría que someterse a exposición pública un mes y regresar a la Consejería de Medio Ambiente para recibir el visto bueno definitivo, con lo que los plazos aprietan para contar con los terrenos.

Soterramiento y Plaza Mayor

Estas explicaciones, como era de esperar, no convencieron a al PP. Por la tarde emitía una nota de prensa en la que considera que Saravia busca «chivos expiatorio» al no haber sido capaz de sacar adelante su plan, algo que tildó de «vergüenza». Para el PP los continuos incumplimientos del concejal, en referencia al PGOU, «no son la mejor tarjeta de visita para echarle la culpa a otros».

No acabó aquí la disputa entre el PP y el quipo de gobierno. Un pleno más, el portavoz de los populares, Antonio Martínez Bermejo, volvió a esgrimir el soterramiento de Murcia para criticar el abandono del proyecto en Valladolid. Para los populares la excusa de la deuda en la que se escuda Puente es «de mal pagador». «Es unatraición a los vecinos aue han intentado camuflar con denuncias penales y comisiones de investigación», apuntó.

PSOE y PP se enfrentan por las «irregularidades» en los pagos a los mediadores gitanos

Las declaraciones realizadas en los últimos días por el alcalde, en las que aseguraba que con el PP se pagaba en B a los mediadores gitanos para su interlocución con familias de esta etnia, ocuparon un espacio de debate en el pleno. La concejala del PP Rosa Hernández, anterior responsable del área de Servicios Sociales, defendió que esos abonos se realizaban tras la apertura del correspondiente expediente, estaban supervisadas por los técnicos, se jutificaban con recibís y se declaraban a Hacienda. Para Hernández, el alcalde únicamente pretendía calumniar después de que los representantes gitanos lamentaran que las ayudas al colectivo se han rebajado desde la entrada del equipo de gobierno de Puente. «Pretenden embarrar el legado de León de la Riva», lamentó, al tiempo que reconoció la labor del exalcalde en la política de realojos tras la desparición del Poblado de la Esperanza.

La concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero, calificó esos pagos como una «praxis deficiente» y lanzó algunas preguntas a la edil de la bancada de la oposición. ¿Por qué no hubo participación de la Intervención municipal en esos abonos? ¿por qué los mediadores no tenían relación laboral o mercantil con la Federación de Asociaciones gitanas? ¿por qué no consta el número de mediaciones?... Romero subrayó que los pagos a los arregladores oscilaban entre los 217 y los 488 por gestión, una práctica con la que PSOE y Toma la Palabra acabaron en 2016, según dijo.

De nuevo, Saravia tomaba la palabra para recalcar que son situaciones difícilmente comparables y rebajar la magnitud del proyecto en la ciudad meditarránea. Además, añadió, Valladolid parte con una denuda de 400 millones, la solución de la integración que se ha adoptado con 17 nuevos pasos es buena e insisitir en que Europa, «con muchos más recursos», ninguna ciudad soterra el lecho ferroviario.

En lo que el equipo de gobierno califica como continuo hostigamiento de la oposición, los populares tocaron en otra de sus preguntas del control un tema que tienen el objetivo: la obra de los nuevos accesos al aparcamiento de la Plaza Mayor. Bermejo criticó que el tajo se comenzase en plena época navideña - «los clientes se han tenido que hacer sus compras a RIO Shopping»-, además de mostrar serias dudas de que la intervención esté lista para la Semana Santa. Saravia volvió a tomar el micrófono y con cierto hatío ante la insistencia de los populares con este asunto reiteró que la Acciona concluirá a tiempo el contrato y que las procesiones no se verán afectadas y podrán recorrer el espacio central de la ciudad. Bermejo se interesó.