Los sindicatos exigen un operativo anti incendios «estrictamente público, totalmente profesional y permanente»
UGT, CCOO, CSIF, Uscal y CGT aseguran que el decreto del PP no aumenta el número de trabajadores ni los complementos específicos llegan a los que están a pie de monte luchando contra el fuego
Los cinco sindicatos presentes en la Mesa de Negociación del Personal Laboral y la Mesa Sectorial de la Función Pública de Castilla y León (UGT, CC OO, CSIF, Uscal y CGT) denunciaron hoy el «engaño», la «mentira» y el «trampantojo» de la Junta a los trabajadores y la ciudadanía de cara a las próximas elecciones autonómicas de marzo con los dos decretos ley para reforzar la estabilidad, las condiciones de trabajo y la modernización del operativo de extinción de incendios en la comunidad. Consideraron que las propuestas planteadas por la administración no van a mejorar «absolutamente» nada el operativo, entre otros motivos se mantiene el número de trabajadores y las cuantías altas de los complementos específicos no llegarán a los que están a pie de monte luchando contra el fuego. Por lo tanto, exigieron un operativo «estrictamente público», gestión «totalmente» profesional, además de «debidamente» formado, y permanente al «cien por cien» los doce meses del año.
Ante las puertas de las Cortes, donde a lo largo de la mañana se iba a debatir sobre los dos decretos ley sobre lucha contra incendios aprobados por la Junta en Consejo de Gobierno, que previsiblemente no saldrán adelante por la oposición de los grupos políticos, los portavoces de las organizaciones sindicales criticaron al Ejecutivo autonómico de no haber negociado con nadie este nuevo modelo por que ha sido una «imposición». Unos decretos que, precisaron, también han contacto con el rechazo de asociaciones de propietarios forestales y de empresas forestales. «Cuando todos los sectores, que están afectados por la aplicación de estos decretos ley, están en contra, será por algo», añadieron. De ahí que demandaron, según recogió la Agencia Ical, que la Junta «rectifique» y haga las modificaciones necesarias para contar con modelo «adecuado» y que los trabajadores tengan una «dignificación» de sus condiciones laborales y una «profesionalización».
El presidente del sector de Administración General autonómica en CSIF en Castilla y León, Agustín Argulo, aseguró que los sindicatos reclaman un operativo «totalmente» público, que no dependa de las empresas, y que se preste por los empleados públicos, al considerar que es la «garantía» de un servicio público y profesional. Además, lamentó que este modelo no contempla más efectivos de los 4.700 que anuncia cada año el consejero de Medio Ambiente. Por lo tanto, advirtió que cuando llegue un verano con condiciones meteorológicas extremas, se volverán a vivir las situaciones de agosto, con miles de hectáreas de masa forestal arrasadas, casas quemadas e, incluso, pérdida de vidas.
Argulo pidió que la Junta cumpla con las leyes básicas de bomberos forestales a todo el personal que se dedica a la vigilancia, la extinción y la prevención así como el resto de funciones que describe el artículo 4 de la Ley Básica de Bomberos Forestales.
Por su parte, el vicesecretario autonómico de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carlos Arenas, consideró que la Junta solo busca poner un «parche» al modelo de lucha contra los incendios forestales y así tranquilizar a la ciudadanía pero la realidad es que no se mejora «absolutamente nada».
Cambio de cromos
En el mismo sentido, se pronunció el coordinador del sector autonómico de de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO Castilla y León, Juan Carlos Hernández, quien apuntó que la Junta solo cambia los «cromos» de empresas privadas a públicas o semipúblicas pero las condiciones no son las de empleados públicos. «Solo cumple los acuerdos previos del Diálogo Social como aumentar el periodo de tiempo de trabajo para que el personal fijo discontinuo pase a ser fijo durante 12 meses, pero sin que haya un convenio colectivo, pese a que se formó hace dos años y medio», señaló.
Hernández añadió que los sindicatos no se dejarán «embaucar» por las «migajas» que ofrece la Junta. Al igual que otros representantes sindicales subrayó que el operativo que plantea la administración autonómico dejará igual de «indefensos» a los pueblos y montes de la comunidad, como ocurrió este año.
El presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León -integrada en USCAL-, Esaú Escolar, lamentó el «ataque» que sufre el colectivo, después del anuncio de la «medida estrella» para la incorporación de 97 técnicos desplazados a las comarcas para atajar los incendios forestales, con un gasto de 6,5 millones de euros. «No entendemos este ataque frontal y brutal cuando los agentes medioambientales tienen una sobrada preparación como titulados superiores. Esta medida solo pretende solapar con una pseudo jerarquización del colectivo y no dejar la autonomía propia que como policía medioambiental tiene este colectivo», denunció. Por lo que la asociación pedirá la impugnación de esa Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
Por parte de CGT, Alberto García, criticó que la Junta no quiera un servicio público, por que afecta al personal funcionario y al laboral. En este sentido, cargó contra la Consejería por que no ha cumplido con los acuerdos firmados, como las modificaciones que debían estar en marcha el pasado 1 de enero. «Hay una frase muy reivindicativa y fácil de entender. La prevención de hoy es la seguridad del mañana. Pero, a día de hoy, no tenemos sin prevención ni seguridad», concluyó.
