La trama Enredadera puso su objetivo ilícito en contratos de doce municipios

Saltaban de concejalía en concejalía, buscando municipios medianos y pequeños con presupuesto suficiente como para ofrecerles equipos en tráfico, cámaras de seguridad y sistemas de radiocomunicaciones.

Pero también se dedicaban a aquellos ayuntamientos que se veían necesitados de fondos en un capítulo nuevo para sus arcas, como son los ingresos por multas, de exceso de velocidad o por saltarse un semáforo en rojo.

Y aunque con anterioridad a 2016 los propietarios de Aplicaciones Gespol, los hermanos José Alberto y Carlos Bueno Regodón (principales diseñadores de la trama), obtuvieron jugosos contratos en ayuntamientos como Montgat, Tiana, Rubí y Mollet del Vallés, no era suficiente, por lo que iniciaron su particular 'enredadera' con la mirada puesta en Madrid y Castilla y León.

La investigación del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que partió de la denuncia de un edil del PSC de Montgat y fue alimentada con datos de un exempleado de la compañía, ha demostrado cómo actuaban la red, que utilizaba influencias, información privilegiada y dádivas para hacerse con los contratos públicos.

La actuación fraudulenta fue confirmada por horas de grabaciones de la Udef y la Brigada de Delitos Económicos de Barcelona y evidencia cómo los empresarios Alberto Bueno, José Luis Ulibarri y Ángel Luis García, conocido como 'el Patatero' en Astorga, contactaban, según el juez Pablo Alonso, «con las personas que tienen poder directo o indirecto en los plenos municipales o juntas provinciales, sean cargos políticos o autoridades públicas, con los que a través de comisiones, sobornos, mordidas u otros tratos de favor, podían realizar amaños en concursos a favor de Aplicaciones Gespol». En definitiva, una práctica que cuestionaba el principio de libre concurrencia.

De este modo, los llamados 'conseguidores' contactaban con jefes de las policías locales, técnicos y concejales para ofrecerles cómo podían ingresar más dinero con los equipos de controles de velocidad y semáforos foto-rojo, que saltaban, en algunos casos, a conveniencia de la empresa para incrementar las sanciones a los conductores.

El jugoso pastel recaudatorio se lo repartían según el porcentaje (entre el 45% y 55%) entre Gespol, Utebo y la administración correspondiente.

En las diligencias figura que el Ayuntamiento de Villaquilambre (León), un núcleo con unos 18.500 habitantes, ingresó hasta 400.000 euros por multas este año. La concejala de este municipio Mónica Varón (PP), investigada, recibió información de la trama para hacer los pliegos a la medida de la red con unos equipos y unos plazos que se acortaban a veces en contra de la opinión de los técnicos.

La edil llegó a reclamar urgencia para instalar los radares cuanto antes: «Así aprovechamos el verano, que sube mucha gente hacia la montaña y... oye, pues puede ser interesante, vamos». El contrato tendría una vigencia de cuatro años.

Pero la red se presentó también a concursos de alumbrado público, de gestión tributaria y de 'software' para policías municipales. En la mayoría de los casos, asesoraban a los concejales para indicarles que lo mejor era que los expedientes de contratación se realizasen por el procedimiento negociado sin publicidad, o mediante contrato de obra menor en los que figurasen como contratistas las empresas investigadas. También constituían UTE al efecto.

La intervención de la trama salpica en Castilla y León a miembros de tres partidos (PP, PSOE y Ciudadanos). Hasta el momento, solo el concejal de León José María López Benito dimitió tras los registros.

Queda en el aire si a los que se menciona en las grabaciones de la Policía (entre ellos al actual alcalde de León y procurador en las Cortés, Antonio Silván) adoptarán medida política alguna antes de que la fase judicial siga adelante.