El cerco judicial ensombrece el inicio del año de la gran banca

Francisco González y Ana Botin. /
Francisco González y Ana Botin.

Las demandas acechan a BBVA por el supuesto espionaje encargado por González, y Santander ya ha sido imputado por la ampliación del Popular

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El mercado anticipa que los resultados anuales de las dos grandes entidades españolas volverán a mejorar por sexto año consecutivo. Hasta septiembre de 2018, el beneficio del Santander creció un 13% y el de BBVA, un 25%. Los analistas valoran muy positivamente su diversificación geográfica. Han reducido el ladrillo tóxico. La morosidad de sus clientes baja... Pero esos logros han quedado ocultos bajo la sombra de los conflictos judiciales que, o están por llegar, o ya les han afectado.

Ni BBVA ni Santander podían imaginar la tormenta que se les ha venido encima en cinco días, en un inicio de ejercicio más que convulso, por razones muy diferentes. En apenas dos semanas, sus presidentes tendrán que lidiar públicamente con esta realidad, cuando presenten sus cuentas anuales. Y no les va a suponer un buen trago.

Apenas siete días después de que se formalizara su salida como presidente de BBVA, Francisco González ha visto cómo se ha situado en la diana por una supuesta relación con el excomisario José Manuel Villarejo. La filtración de informaciones le vincula con una supuesta trama para evitar que otros empresarios –léase el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero–, apoyados en políticos de la época –el exministro socialista Miguel Sebastián–, se hicieran con el poder de la entidad hace 15 años. Lo habría hecho contratando los servicios de la empresa de seguridad Cenyt –relacionada con Villarejo– para espiarles junto a hombres de negocios, políticos y periodistas.

El terremoto se ha apoderado del grupo en un conflicto en el que incluso ha intervenido el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien se ha mostrado «estupefacto» por el espionaje. Ha pedido una «reflexión pública sobre lo que esto supone» y quiere que haya «consecuencias». La sucesión de acontecimientos ha llegado a tal punto, que el presidente de BBVA, Carlos Torres, enviaba esta semana una carta a la plantilla en la que confirmaba que el banco había contratado a Cenyt, aunque descartaba el espionaje. «No se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas», indicaba en esa misma misiva. Y añadía: «De ser ciertas, se trataría de conductas indudablemente muy graves, deplorables».

El banco, donde Francisco González sigue siendo el presidente de honor, se enfrenta a un reguero de demandas. Una de ellas llegará del propio Miguel Sebastián, quien tiene previsto ultimarla con sus abogados. «La guerra ha comenzado», ha avanzado quien fuera responsable del servicio de estudios en esa misma entidad hasta 2003.

Se uniría a la demanda que habría presentado Manos Limpias (organización acusada de tratar de extorsionar a la defensa de la Infanta Cristina y condenada en costas en este caso y en otros) contra el expresidente González por un posible delito de cohecho continuado y administración desleal. El hecho de que se sucedan más demandas por parte de clientes en esta línea es lo que más preocupa al BCE, consciente de los problemas de reputación que pueden rodear a la corporación.

la herencia del Popular

Tampoco el Santander se ha librado de verse implicado en una causa judicial, esta vez, relacionada con la compra del Popular, en junio de 2017. El banco presidido por Ana Botín ha visto cómo la Audiencia Nacional le ha imputado en las actuaciones llevadas a cabo por las últimas cúpulas directivas que tuvo Popular antes de ser rescatado a mediados de 2017. El magistrado entiende que Santander debe asumir esta herencia, porque ya es la persona jurídica responsable en la causa por la que se investiga la ampliación de capital de Popular en 2016, en la que sus expresidentes, Ángel Ron y Emilio Saracho, podrían haber incurrido en delitos de falsedad societaria y administración desleal, falsedad documental y apropiación indebida.

El auto deja todo el peso de la responsabilidad penal que pueda derivarse de ese proceso judicial en las espaldas del Santander, porque por haber asumido «en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales» del Popular, «no se extingue la responsabilidad penal».

Pero en la entidad mantienen la calma. Contaban con esa imputación automática desde que registralmente desapareciera Popular en diciembre. Recurrirá la decisión basándose en casos como cuando de la imputación de la cúpula de Banco de Valencia, adquirido por CaixaBank, no se derivó responsabilidad penal para la absorbente. Esa será la batalla judicial que Santander tendrá que trabajar en un ejercicio en el que las cuestiones puramente financieras empiezan a quedar en segundo lugar.

Bankia purga aún sus pecados durante la última crisis financiera

osé Ignacio Goirigolzarri, curtido en su carrera de ejecutivo financiero en BBVA, sabía al asumir a principios de mayo de 2012 la presidencia de Bankia que, si no un regalo envenenado, al menos sí traía consigo muchos condicionantes a futuro. No se trataba solo de reflotar el banco –ganó 744 millones de euros de enero a septiembre pasados (un 0,7% más), con un margen de intereses de 495 millones (4,8% más)–, sino de salir con bien de las minas que había dejado sin explotar su antecesor, Rodrigo Rato, durante la última gran crisis financiera.

De esa etapa datan los problemas judiciales que sufre Bankia, cuyo rescate –el mayor de la historia financiera de España– costó al final 22.424 millones de euros al erario público. El Estado (vía FROB) solo ha recuperado por ahora 2.863 millones, apenas una octava parte.

Dejando aparte los cientos de juicios en demandas civiles por irregularidades en las preferentes emitidas por Caja Madrid y Bancaja, dos de las fundadoras del banco en 2010 –la Audiencia Nacional liberó 'in extremis' a la entidad de una causa penal mayor, al no apreciar un engaño previo y generalizado a los clientes–, el nombre de Bankia ya ha salido salpicado por el escándalo de las tarjetas 'black'. Hasta 63 exadministradores y antiguos altos cargos de la entidad fueron condenados en firme por el Tribunal Supremo por el despilfarro de más de 12 millones de euros.

Barra libre con las 'black'

Desde 1996 a 2012, primero en la caja madrileña y luego en el banco, usaron esos 'plásticos' como barra libre para todo tipo de gastos personales. Quince de ellos cumplen condena en prisión desde octubre al ser condenados a más de dos años por delito continuado de apropiación indebida. El que más, Rato, con cuatro años y medio.

A finales de noviembre comenzó el juicio por la polémica salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011. Casi las mismas caras en el banquillo, aunque la mitad de acusados: 34, incluido el banco, su matriz BFA y la auditora Deloitte. Estos tres últimos solo por delito societario de fraude a inversores, pues a última hora se han librado de la acusación por posible falsedad de las cuentas de 2010 y 2011 que aún pende –junto a la estafa– sobre Rato.

 

Fotos

Vídeos