Ampliar los permisos de paternidad y sufragar las cuotas de los cuidadores costará 610 millones

También, por extensión, en la conciliación y la corresponsabilidad en el hogar, en este caso respecto a los hijos, porque según la vicepresidenta Carmen Calvo «la maternidad no puede ser un arma en contra del desarrollo laboral y ciudadano de las mujeres». Por eso se amplían los permisos de paternidad y se habilitan herramientas para reducir la brecha salarial por género.

Esa mayor duración de sus bajas, junto al sufragio por el Estado de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de personas dependientes, costará 610 millones de euros anuales a las arcas públicas. Las principales medidas de un texto donde el Ejecutivo prima el respaldo parlamentario sobre el criterio de los agentes sociales –la CEOE había puesto objeciones– y que entrará en vigor la semana próxima son las semanas siguientes:

La duración de las bajas laborales de padres y madres tras nacer su hijo se equiparará de forma gradual hasta que los primeros también disfruten de 16 semanas. Eso sería a partir de 2021. En el presente año su permiso se elevará hasta las ocho semanas y el próximo a una docena, aunque desde UGT_critican que se vuelva a «retrasar y ralentizar la materialización de un derecho que ya debería llevar años ejerciéndose».

La vicepresidenta justificó esa demora «para dar tiempo suficiente a las empresas» a adaptar sus estructuras de trabajo. Y es que las seis primeras semanas tras el parto habrán de cogerse por ambos progenitores a la vez, y justo a contar desde el nacimiento, aunque de nuevo de forma gradual: las dos primeras serán obligatorias en 2019, cuatro en 2020 y la media docena ya en 2019.

Ampliar el permiso de paternidad a un total de ocho semanas este año costará 302 millones más a las arcas de la Seguridad Social, de modo que cuando se equipare al de la mujer en 2021 (16 semanas) supondría más de 600 millones extra. Además, madre y padre ya no se podrán transferir parte de sus períodos de baja, aunque diez semanas sí las podrán distribuir a lo largo del primer año.

En el texto también se utiliza la expresión «progenitor distinto de la madre biológica», en vez de padre, para incluir a las parejas del mismo sexo. Además, para los supuestos de adopción, guarda con esos fines y acogimiento, el sistema de bajas laborales aplicable será igual.

Las cuotas a la Seguridad Social y por Formación Profesional de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia «serán abonadas conjunta y directamente por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales a la Tesorería General de la Seguridad Social».

Su coste se estima en otros 300 millones por ejercicio para 180.000 personas beneficiadas. La mayoría son mujeres, que cobran de media 370 euros menos que los hombres.

Se introduce en el ordenamiento el concepto de «trabajo de igual valor» sin distinguir genero, es decir, cuando la naturaleza de las funciones o tareas encomendadas, la educación, formación y cualificación profesional exigidas, los factores «estrictamente laborales» para su desempeño y las condiciones del trabajo «en realidad sean equivalentes».

Una vez aclarado cuando se pueden homologar puestos de trabajo de cara a valorar posibles discriminaciones, las empresas deberán llevar un registro con los valores salariales medios, los complementos retributivos y las percepciones fuera de nomina. Tendrá datos desagregados por sexo y grupos profesionales, y será accesible para los empleados a través de sus delegados o los sindicatos.

Toda empresa con más de 50 trabajadores deberá realizar un plan de igualdad, algo ya obligatorio para las que tienen más de 250, aunque apenas el 10% lo cumple según denuncia UGT. Las compañías más pequeñas tendrán tres años para elaborar y aplicar sus programas, dos años si tienen entre 100 y 150 empleados, y solo uno para las de 150 a 250. No se concretan por ahora posibles multas.

El decreto aprobado este viernes entraría en vigor a partir de este miércoles, pues se prevé su publicación en el BOE el martes, según fuentes gubernamentales. Desde entonces tendrá 30 días para obtener el refrendo parlamentario, que este caso sería de la Diputación Permanente del Congreso donde el Gobierno espera obtener mayoría suficiente.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un préstamo de 13.830 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social, a fin de «posibilitar» su «equilibrio presupuestario» y asegurar el «pago puntual» de las prestaciones. Así se financiará el 77% de las dobles pagas que más de 9,7 millones de pensiones recibirán en junio y noviembre, incluidas las extras de verano y fin de año, que suman más 18.000 millones de euros.

El crédito se librará en dos partes: 7.500 millones antes del 1 de julio, y el resto antes del 1 de diciembre. Sin embargo, se ha aplazado fijar en 6.991 euros la pensión mínima de incapacidad permanente por enfermedad común, con cónyuge a cargo.