Ron y Saracho usan el Congreso como 'ring' para acusarse de la caída del Popular

Emilio Saracho. /Efe
Emilio Saracho. / Efe

El último presidente considera que la entidad era «una bomba» desde hacía muchos años y su antecesor le acusa de amenazar con «estrellar al banco en la puerta del BCE» si no conseguía venderlo en poco tiempo

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

Los dos últimos presidentes del Banco Popular, Emilio Saracho y Ángel Ron, se han valido de la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera para lanzarse verdaderas cuchilladas dialécticas con las que intentaron derivar la responsablidad de la liquidación de la entidad, que acabó en manos del Santander en junio del año pasado tras ser resuelta por las autoridades europeas. Conscientes de que se enfrentan a varios procesos judiciales en la Audiencia Nacional, y de que su paso por la comisión que investiga la crisis financiera tiene efectos penales si llegan a mentir ante los diputados, presentaron sus alegatos echándose en cara las decisiones que tomaron en los tres últimos meses de vida del grupo, en el caso de Saracho, o en los diez años anteriores de gestión por parte de Ron.

El último presidente de la corporación, Saracho, expuso todo tipo de adjetivos para calificar la década en la que su antecesor había sido el presidente del banco. Para Saracho, Popular era «una bomba de relojería», el «mayor problema del sector en toda Europa», una entidad «a la deriva» o un grupo «agotado». Y achaca esta situación no a las semanas que intermediaron entre su designación como presidente, el 20 de febrero del año pasado, hasta que se decidió su resolución, el 7 de junio. «Teníamos una dificultades graves que venían de diez años de horror».

En su comparecencia, rechazó que se le acuse de querer hundir a la entidad en sus 108 días de presidencia, «cuando al anterior presidente no se le destituyó en una década pese a haber perdido un 98% del valor en Bolsa». En su mandato, la cotización cayó el 2% restante hasta la liquidación. Saracho criticó muchas de las medidas que había llevado a cabo Ron, como la acumulación de activos inmobiliarios en plena crisis, cuando el resto del sector se iba deshaciendo de ellos; o las dos últimas ampliaciones de capital. Por eso, atacó la «capacidad de resistencia» de Ron en el cargo, la «falta de reacción» ante los problemas. «El banco no era sólido, ni líquido, era gaseoso», afirmó.

El último responsable ejecutivo del Popular aclaró a los diputados que asumió el cargo, aunque «no quería», por pura responsabilidad. E indicó que desde el momento en el que asumió el cargo, se percató de que al banco solo le quedaban dos soluciones para poder salvarse: o una ampliación de capital o su venta a otra entidad. «Solo una operación corporativa podía solucionar el problema, pero a los compradores posibles les resultaba un valor negativo por el que no lo podían comprar». Por eso, defiende su discurso en la junta de accionistas poniendo sobre la mesa las distintas posibilidades de salvación. Saracho cree que si no lo hubiera expuesto, sí se le podría acusar «de mentir».

También explicó el interés que mostraron a principios de mayo entidades como BBVA, Sabadell y Bankia, además del Santander, por hacerse con el grupo. Aunque reconoció que a ninguno de esos bancos les salían las cuentas por las «elevadas provisiones» que tenían que realizar y la necesidad de llevar a cabo «millonarias ampliaciones de capital» que no todos podían soportar o, en su caso, no les interesaba tanto como para hacerse con esta franquicia.

Con respecto al drenaje de depósitos que se produjo en los últimos meses de vida del Popular, Saracho considera que fue la intervención de la presidenta de la JUR, Elke König, reconociendo que estaban analizando la evolución del banco, la puntilla por la que los clientes aceleraron la salida de ahorros. Sobre todo por parte de los institucionales -administraciones públicas en gran parte-, de las que la corporación «había vivido anteriormente» para generar «puntas de tesorería». Visiblemente emocionado, Saracho explicó el temor de algunos de los empleados que le mostraban su miedo en noches como la anterior a la que se decretara la resolución del grupo, reconociendo que podía haber cometido errores, aunque aclarando que «un error en la gestión no es un delito» en un juzgado.

Sin embargo, el relato de Ángel Ron fue completamente diferente para esos mismos días. En primer lugar, porque no mostró ningún atisbo de autocrítica en sus diez años de presidencia al frente del Popular. Para Ron, el grupo era perfectamente viable hasta que él fue expulsado del cargo. Disparó contra su sucesor, contra parte de los accionistas que tenía la entidad y contra las autoridades que decidieron resolver el grupo en su intervención ante la Comisión que investiga la crisis económica en el Congreso. Ron ha calificado como «vaciamiento», «expropiación» y «confiscación patrimonial» la liquidación llevada a cabo el 7 de junio del año pasado por la Junta Única de Resolución (JUR) por la que los accionistas del Popular se quedaron sin sus títulos, cuando éste pasó a manos del Santander.

En su primera comparecencia pública tras la crisis del banco que presidió desde 2006, Ángel Ron ha tachado de «confiscatoria» la intervención que se realizó en su momento y se ha puesto al frente de los pequeños accionistas que están pleiteando ante la Justicia, de la que espera que «encuentre una reparación a un atropello tan flagrante». El exdirectivo del Popular ha reconocido que perdió un millón de euros en esa resolución.

Ron ha explicado a los diputados que, a su parecer, la normativa en la que se bajó la JUR para determinar la resolución de la entidad «no estaba pensada para un caso de un banco que era solvente». Porque el expresidente del grupo considera que «hay un fallo en la normativa porque no estaba pensada para el caso del Popular y los responsables de este fallo no pueden ser los accionistas y bonistas», ha indicado. Por eso, ha instado a pleitear. «Es de justicia», ha afirmado.

En este sentido, no ha querido apuntar directamente al Santander, pero sí ha indicado que la entidad presidida por Ana Botín ha sido la «beneficiaria» de toda esa operación. Ron considera que el Santander «ha hecho un negocio excelente» con la compra del Popular por un euro, a pesar de los costes que también asumió. De hecho, ha indicado que no conoce «ningún activo en el mundo que pueda comprar por ese precio, que se ponga capital y que dé un 20% de rentabilidad», como han estimado varias casas de análisis tras la operación.

Buena parte de la intervención de Ángel Ron ha ido dedicada a su sucesor, Emilio Saracho, quien asumió la presidencia del Popular desde febrero hasta su liquidación en junio de 2017. Ron ha acusado a Saracho y a los accionistas mexicanos en torno a la familia Del Valle -quienes tenían más de un 4% del grupo- de hundir al banco. Ron ha revelado una de las conversaciones con su sucesor en el que, al parecer, éste le dijo que «sólo llegaba al banco para realizar una gran operación corporativa», refiriéndose a la venta del banco, antes de junio del año pasado. Y si no lo conseguía, «montaría una tómbola», para que alguna otra firma se hiciera con el Popular. O, en su caso, amenazaba con «estrellar el avión en la puerta del BCE». «Él reconocía que no venía a gestionar», ha afirmado Ron.

El expresidente de la entidad considera que el objetivo era el de «bajar el precio de la acción» o, en su caso, «echar la culpa a los anteriores», en referencia a su mandato. Además, ha criticado lo que considera como «errores» que se cometieron a lo largo del segundo trimestre del año pasado, y que fueron los que provocaban la salida masiva de depósitos. Ron ha insistido en la solvencia del banco para afirmar que «un banco es solvente para un cliente si le da buen servicio y no le da malas noticias», en referencia a las intervenciones de Saracho entre abril y mayo abriendo la posibilidad de vender el grupo, o realizar una nueva ampliación de capital, entre otras cuestiones. «Si no eres capaz de solucionar el problema, se dimite», ha afirmado.

Sin embargo, Ángel Ron no ha realizado ninguna autocrítica de su gestión, a pesar de que la CNMV está analizando las cuentas del Popular durante su mandato, para determinar si reflejaban la realidad del grupo.

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