UGT acusa a Glovo de tres presuntos delitos y la denuncia ante la Fiscalía

Un repartidor de comida a domicilio de Glovo./ J. SIMAL
Un repartidor de comida a domicilio de Glovo. / J. SIMAL

El sindicato afirma que la plataforma digital da trabajo a una «pluralidad de trabajadores» pero sin darles de alta en la Seguridad Social, y tampoco les facilita medios para su seguridad laboral

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

El accidente de tráfico sufrido el domingo pasado por un repartidor de comida a domicilio deGlovo puede terminar ocasionando graves consecuencias jurídicas para esta conocida plataforma digital. De momento, UGT presentó este jueves una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona contra dicha compañía -al producirse el siniestro referido en la Ciudad Condal- por la presunta comisión de, al menos, tres delitos contra los derechos de los trabajadores.

En concreto, el sindicato acusa a los responsables de Glovo -no concreta personas, sino que se refiere a la empresa en general- de «dar ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo», conducta tipificada en el artículo 311.2 del Código Penal con un castigo de entre seis meses y seis años de prisión. Estima que buena parte de sus «varios miles» de repartidores actúan, en realidad, como cualquier otro empleado de la plataforma, de forma que no podrían ser considerados autónomos, algo que ya han sentenciado dos Juzgados de lo Social en Madrid en sendos casos.

Al hilo de ello desde UGT también atribuyen a Glovo una «infracción de las normas de prevención de riesgos laborales» porque «estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas». Este delito se recoge en el artículo 316 del Código, con penas de cárcel de seis meses a tres años dato que se estaría «poniendo en peligro grave la vida, salud o integridad física» de dichos empleados.

En la denuncia, que firma el secretario confederal de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, se acusa incluso de un tercer delito a dicha compañía, comprendido en artículo 311.1 del Código. Estima para ello que «mediante engaño o abuso de situación de necesidad» habría «impuesto a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual».

Desde Glovo han intentado desligarse de cualquier responsabilidad legal sobre el trabajador fallecido, al sostener que no había suscrito contrato alguno con ellos y habría estado realizando su labor «utilizando la cuenta de otro repartidor». Pero desde UGT reprochan a la empresa que «oculte» que, «a través de su aplicación informática conoce en todo momento desde qué teléfono se realiza la aceptación de la orden de reparto, que no era coincidente con el correspondiente a la persona que inicialmente la tenía asignada».

Jornadas «a destajo»

En el sindicato consideran especialmente criticable este caso al tratarse, «como otras muchas personas» dedicadas al reparto por cuenta de las empresas a través de plataformas digitales –Glovo es una de las principales-, de alguien que se encontraba en una «situación de necesidad social y de precariedad extrema en sus condiciones de trabajo». Y es que, denuncia, «perciben salarios que no alcanzan el mínimo interprofesional», a la vez que «realizan jornadas laborales extenuantes y a destajo».

Estos empleados -según un informe de UGT- recorren entre 60 y 80 kilómetros al día en su bicicleta y denuncian que cuando tienen un problema de tráfico «no es tratado como un accidente laboral, como correspondería, sino como enfermedad común». Estiman que el modelo de las plataformas digitales en el sector del reparto provoca la pérdida de 4.000 euros al año de media por cada trabajador, y 6.000 euros de cotizaciones a la Seguridad Social. Por ello, teniendo en cuenta que trabajan unas 17.000 personas en España en este sector, calculan que la Seguridad Social está dejando de ingresar unos 93 millones de euros al año.