La UE pide la suspensión de la reforma judicial rumana, que considera «una involución»

El presidente rumano, Klaus Iohannus, escucha su himno nacional./EFE
El presidente rumano, Klaus Iohannus, escucha su himno nacional. / EFE

Comisión y Eurocámara redoblan la presión sobre el país que presidirá el club comunitario el próximo semestre

S. ARROYOCorresponsal. Bruselas

La Rumanía que presidirá la Unión Europea a partir del próximo 1 de enero está entredicho. Desde hace meses, el Ejecutivo comunitario viene advirtiendo a Bucarest que no pasa por una reforma del sistema judicial que contempla sanciones para los jueces, y un Código Penal retocado que despenaliza determinados supuestos de chantaje o corrupción -en trazo grueso, no es delito si te 'untan' con unos 40.000 euros, por ejemplo-. Ese paquete de polémicas medidas las aprobó el Gobierno socialdemócrata (coexiste con una jefatura de Estado de color conservador) en diciembre de 2017. Y ha encendido todas las alarmas. «En el último año no sólo no se ha avanzado en algunas reformas sino que hemos detectado una involución».

La síntesis del análisis que realizaba ayer Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, es, en realidad, un 'llueve sobre mojado' de manual. El país del Este, al igual que Bulgaria, se encuentra sometido desde su adhesión en 2007 al llamado Mecanismo de Cooperación y Verificación, que vigila que ambos están cumpliendo con los estándares homologados de respeto a los derechos y libertades comunes. Y sí, Bulgaria camina hacia adelante. Pero -citando de nuevo a Timmermans- «en este maratón» la UE detecta que el otro corredor, Rumanía, «en los últimos metros, haya empezado a correr al revés».

Bruselas lo tiene claro: o se corrige el rumbo, o se iniciará el procedimiento para la activación del artículo 7 (el mismo que ya pesa sobre Hungría o Polonia) que dejaría a este Estado miembro sin derecho a voto en los foros comunitarios. Y la Comisión no está sola. Porque 473 votos de la Eurocámara permitieron sacar adelante ayer una declaración en la que se denuncia que las reformas de Bucarest pueden «minar» la independencia judicial y denotan laxitud contra la corrupción.

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