Una compañera de Casado reconoce que le regalaron el máster

Pablo Casado posa tras una entrevista. /Alberto Ferreras
Pablo Casado posa tras una entrevista. / Alberto Ferreras

La instructora imputa por prevaricación y cohecho a las tres alumnas que aprobaron el curso de posgrado como el líder del PP

María Eugenia Alonso
MARÍA EUGENIA ALONSOMadrid

Nunca fue a clase ni tampoco entregó ningún trabajo. María Dolores Cancio, compañera de promoción del máster de Pablo Casado, reconoció ayer que le regalaron el título en la Universidad Rey Juan Carlos. Lo hizo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga si varios alumnos del curso de posgrado en Derecho Autonómico y Local, el mismo que cursó el actual líder del PP, recibieron un trato de favor para obtener el diploma en condiciones ventajosas.

Cancio es una de las tres estudiantes a las que la magistrada llamó al procedimiento en calidad de investigada. Fue becaria de investigación del responsable del máster y principal implicado de la trama, Enrique Álvarez Conde, y hasta 2014 trabajó en el Instituto de Derecho Público que éste dirigía. En su declaración ante la instructora, la compañera de Casado alegó que fue el propio catedrático quien la animó a cursar el posgrado como un medio para hacer después el doctorado.

Según fuentes jurídicas, Cancio relató también como Álvarez Conde la eximió de ir a clase y de entregar los correspondientes trabajos. También confirmó que el hasta hace unos meses director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos le dio todas las indicaciones para convalidar las 18 asignaturas que no tuvo que cursar e incluso para solicitar las ayudas económicas y la devolución de tasas tras obtener el título.

Las otras dos alumnas a las que la juez tomó declaración son María Mateo Feito, hija de una exasesora de Cristina Cifuentes acusada de presionar a los profesores el día que saltó el escándalo de su máster; y Alida Mas Taberner, subsecretaria de la Generalitat valenciana en la etapa de Francisco Camps. Ambas aseguraron que sí que tuvieron que presentar trabajos para aprobar las cuatro asignaturas que al igual que Cancio y Casado no habían convalidado, pero admitieron que no tienen forma de demostrarlo. No conservan copias y tampoco tienen los correos electrónicos que les había reclamado la magistrada. Tras tomarles declaración, Rodríguez-Medel decidió mantener contra las tres alumnas la imputación por cohecho impropio y prevaricación administrativa. Un paso clave para el futuro judicial del presidente del PP, al que la magistrada no puede investigar dado que Casado es aforado por su condición de diputado. De apreciar finalmente «indicios cualificados» de delito, la magistrada tendrá que elevar la causa ante el Tribunal Supremo, el órgano jurisdiccional competente para investigar en todo caso al líder de los populares.

Rodríguez-Medel precisó los mismos delitos sobre el director del máster, la profesora Alicia López de los Mozos y el exrector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, citados también a declarar ayer. Álvarez Conde, que era el profesor de tres de las cuatro asignaturas que Casado y las otras alumnas aprobaron con sobresaliente, se negó nuevamente a prestar declaración ante la instructora. Sí lo hizo la que fuera su mano derecha, López de los Mozos, docente de la cuarta asignatura.

Sin trabajo final

La profesora aseguró no recordar nada del citado máster. Ni si era presencial, ni si había que hacer un trabajo final ni si Casado asistió a clase. Tampoco se acuerda de haber visto expedientes de convalidación de los alumnos que cursaron este máster, uno de los aspectos en los que indaga Rodríguez.-Medel para averiguar si el dirigente conservador y sus compañeras de promoción cometieron una ilegalidad con sus múltiples convalidaciones de asignaturas.

El exrector de la Rey Juan Carlos avaló con su declaración la defensa de Casado desde que estalló el escándalo de que no hacía falta realizar un Trabajo Final de Máster. Según Suárez, la normativa vigente entonces eximía a los estudiantes de tener que realizarlo. Versión que ratificó otra de las testigos y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en un informe remitido a la juez.

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