La difícil búsqueda de la normalidad

DIEGO CARCEDO

Probablemente lo más importante del Consejo de Ministros celebrado hoy en Barcelona es que se haya celebrado; es decir, que quienes intentaban impedirlo, forzando por la violencia que el Gobierno constitucional se inhibiera de reunirse en un lugar del territorio español que ellos consideran privado, no hayan conseguido sus propósitos. No es la primera vez que el Consejo de Ministros se reúne fuera de la capital, sin embargo, hacerlo en Barcelona adquiría actualmente una especial significación ante la resistencia del independentismo a reconocer que ni la democracia ni la Ley pueden facilitarle los atajos de la fuerza para conseguir sus objetivos.

Tanto los prolegómenos como el entorno en que se celebró el Consejo fueron bastante reveladores de la difícil búsqueda de la normalidad institucional que las autoridades autonómicas y el sector radical del catalanismo se niega a devolverles a sus conciudadanos. El tibio cambio de actitud del president Torra, quien estos días pasados llegó incluso a hacerle guiños al recurso a los disturbios, comprometiéndose al diálogo como única vía para resolver el conflicto abren una no menos tibia esperanza en que lentamente se esté avanzando en el camino adecuado. Pero los energúmenos que no entienden más razones que las de la tesis de que cuanto peor, mejor, siguen resistiéndose.

Lo más positivo es que el Gobierno estuvo en su sitio, las fuerzas encargadas del orden público respondieron y la sociedad civil catalana, la que está sufriendo el conflicto y quiere seguir con la Ley, ha estado en sitio intentando desarrollar su actividad en la mejor medida que la amenaza de los incidentes provocados por los CDR les permitían. El Consejo de Ministros mientras tanto, desarrolló su agenda con una lógica atención a los problemas relacionados con Cataluña como son sus deficientes infraestructuras y adoptó dos decisiones de indudable simbolismo para el catalanismo que de alguna manera devuelven la legitimidad democrática que el golpe de Estado de 1936 interrumpió.

Uno es la anulación de la condena a muerte de Lluis Companys, ejecutada sin garantías jurídicas. Con ella queda claro que la democracia española continúa desprendiéndose de los flecos de la Dictadura. Y otro, la concesión del nombre de Josep Tarradellas, uno de los grandes protagonistas de la Transición -durante tantos años president de la Generalitat en el exilio y primero tras la recuperación democrática-, al aeropuerto del Prat. Parece que se trata de una idea que ni al establishment administrativo ni al independentismo le gusta, pero es difícil que alguien con buen sentido pueda rechazarla.