García Juliá, el pistolero de la extrema derecha que no miraba atrás

García Juliá, el pistolero de la extrema derecha que no miraba atrás

Condenado a 193 años de cárcel en 1980 por la matanza de Atocha y huido de la justicia desde hace 25 años, será extraditado desde Brasil para cumplir el resto de su pena

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza en el despacho de abogados laboralistas de la madrileña calle de Atocha, tenía 24 años cuando participó en el asesinato a sangre fría de cinco personas en 1977. Junto a su compañero, el pistolero José Fernández Cerra, fueron condenados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a 193 años de prisión en 1980 como autores materiales de cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio. Con 66 años y tras permanecer huido de la justicia casi 25 años, en diciembre del año pasado fue detenido una residencia en Barra Funda, un barrio de la zona oeste de la Sao Paulo (Brasil), después de pasar en este tiempo por Chile, Argentina o Venezuela. Y ahora se dispone a regresar a España.

García Juliá estaba prófugo de la justicia desde 1994, cuando, tras haber cumplido 14 de los 193 años a los que le condenaron por la matanza de Atocha, escapó después de haber alcanzando el tercer grado penitenciario (libertad condicional) tres años antes y de recibir un permiso para viajar a Paraguay por una oferta de trabajo, que, sin embargo, se le revocó días después tras el recurso de la Fiscalía. España solicitó su regreso inmediato para terminar de cumplir la pena pendiente, pero el pistolero de la 'Triple A' (Alianza Apostólica Anticomunista), un grupo terrorista del tardofranquismo, se evaporó.

No tardaría en volver a aparecer. Dos años después, en mayo de 1996, fue detenido en Bolivia acusado de tráfico de drogas y de financiación de grupos paramilitares y volvió a la cárcel, esta vez a la prisión de alta seguridad de Palmasola, en La Paz. En 2001, España pidió su extradición, a petición de Izquierda Unida, pero escapó de Bolivia tras un permiso.

La Audiencia Nacional había reiterado una petición de entrega de García Juliá en diciembre de 2016, ya que le quedan por cumplir más de 3.855 días (poco más de diez años) en prisión después de que se le revocara la concesión de libertad provisional por el quebrantamiento de condena. Lo hizo a través del Ministerio de Justicia para saber el estado del expediente.

Desde entonces, se iniciaron gestiones mas intensas para dar con su paradero, que determinaron en julio de 2018 que podría encontrarse en Sao Paulo, donde residía bajo la identidad de un tercero con identidad venezolana. En ese momento se iniciaron las gestiones para su detención, después de cotejar las huellas dactilares y corroborar que se trataba de la persona buscada.

Cuando fue detenido en diciembre del año pasado, la Audiencia Nacional mantenía la convicción de que la orden de detención estaba en vigor y que la causa no había prescrito porque en estos años ha habido, ademas, un delito posterior de quebrantamiento de condena y «se ha estado moviendo» el procedimiento, por lo que el reloj de la prescripción se detuvo en algún momento.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se puso manos a la obra, y solicitó a Brasil la extradición de García Juliá. Este martes, sin previo aviso, se celebró una audiencia pública en la segunda sala del Tribunal Supremo de Brasil, que autorizó su extradición al considerar que se cumplían los requisitos necesarios, entre ellos la tipificación de los crímenes y la no configuración de un delito político.

Miembro de la Triple A

García Juliá fue condenado en 1980 por formar parte de un «grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España», según reza la sentencia. Tres años antes, el 24 enero de 1977, pasadas las 22:30 de la noche, tres pistoleros de extrema derecha entraron a cara descubierta en un bufete laboralista situado en el número 55 de la madrileña calle de Atocha.

Al parecer, buscaban al responsable del entonces ilegal sindicato de transportes de Comisiones Obreras (CC OO), Joaquín Navarro, quien poco antes había abandonado el despacho tras una larga reunión y se encontraba en una cafetería cercana. Al no dar con él, decidieron matar a quienes estaban en ese momento allí.

Fueron asesinadas cinco personas. Empezaron disparando al administrativo Ángel Rodríguez Leal, que murió en el acto, y después reunieron y ametrallaron a las otras ocho personas que se encontraban en el piso, siete abogados y un estudiante de Derecho, todas ellas vinculadas al Partido Comunista y a CC OO. Luis Javier Benavides y Enrique Valdevira murieron en el acto, en tanto que Francisco Javier Sauquillo y el estudiante Serafín Holgado fallecieron horas después en el hospital. Cuatro personas resultaron gravemente heridas, pero lograron sobrevivir: Dolores (Lola) González Ruiz, casada con Sauquillo; Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta y Luis Ramos Pardo.

El 12 de marzo siguiente fueron detenidos los autores materiales del atentado: Carlos García Juliá, José Fernandez Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada, miembros del autodenominado 'comando Hugo Sosa', vinculado a la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A); así como el entonces secretario provincial del sindicato vertical del Transportes de Madrid, Francisco Albalejo, como inductor del ataque.