El Gobierno gana al PP el primer asalto de la batalla de los Presupuestos

Pedro Sánchez. /Juanjo Martín (Efe)
Pedro Sánchez. / Juanjo Martín (Efe)

La Comisión de Justicia desoye a los populares y admite la enmienda del PSOE para acelerar la aprobación de las cuentas

Nuria Vega
NURIA VEGAMadrid

Partido Popular (PP) y Ciudadanos perdieron este juevesel primer asalto de la batalla técnica que se libra estos días en el Congreso. La Comisión de Justicia admitió a trámite la enmienda del PSOE que busca reformar la ley de estabilidad presupuestaria a través de otro proyecto, uno sobre violencia de género, para sortear el bloqueo de las fuerzas del centroderecha y acelerar los trámites. En realidad, más allá de la gesticulación, se cumplió el guión previsto. Los populares depositan ahora toda su confianza en que la Mesa de la Cámara baja, donde tienen margen de maniobra, frustre los planes del Gobierno el próximo martes.

Cada trámite, por gris que parezca, esconde en realidad una razón de calado político. El Gobierno, exigido por sus socios, se propone modificar la ley de estabilidad presupuestaria para que el Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta- no pueda vetar los nuevos objetivos de déficit, que contemplan mayor margen de gasto que los anteriores. A partir de ahí, se despejaría el camino de los Presupuestos, que según el calendario del Ejecutivo, deberían estar definitivamente aprobados por las Cortes en el primer trimestre de 2019.

Tener las cuentas actualizadas supone un año más de oxígeno para el Gobierno. No fue así para Mariano Rajoy, que una semana después de atar los Presupuestos, la moción de censura le obligó a hacer las maletas. Pero, salvo incidencias, fuentes parlamentarias de varios partidos coinciden en que, si hay cuentas, «el Ejecutivo tirará hasta otoño del año que viene». Ese es el asunto.

Mientras tanto, la guerra se libra ahora en los despachos del Congreso. El PP advierte de que hará uso de todos los instrumentos parlamentarios a su alcance para desmontar el atajo del Gobierno e impedir que se sirva de un ardid para sacar adelante unos Presupuestos que los populares no comparten. «El PP defiende bajar los impuestos a todo el mundo», defendió hoy el vicesecretario de Organización, Javier Maroto.

De momento, la formación conservadora, y también Ciudadanos, ha recurrido ante la Mesa del Congreso «el fraude, la estafa, el engaño» del PSOE. Los populares creen que la enmienda de marras intenta reformar una ley orgánica y aducen, por lo tanto, que sólo el órgano de gobierno de la Cámara puede calificarla. Además, denuncian, que su contenido nada tiene que ver con el proyecto sobre formación de jueces en materia de violencia de género al que ha quedado adjunta. Por mucho que la Comisión de Justicia diera hoy su visto bueno. «Estamos en el inicio de Venezuela», llegó a denunciar la portavoz del PP, Dolors Montserrat.

Los socialistas, sin embargo, hablan de «acoso» y han encontrado una forma de justificar la relación entre una enmienda que elimina la capacidad de veto del Senado a la senda de déficit y una reforma encaminada a ser más efectivos contra la violencia de género. Cuanto más presupuesto haya, argumentan, más recursos para luchar contra esta lacra.

Choque de legitimidades

En realidad, PP y PSOE se mueven en la holgura de las normas del Congreso para intentar ganar la partida. El proceso previo a la elaboración de los Presupuestos se ha convertido en un juego de ajedrez parlamentario en el que unos y otros rozan los límites de lo reglamentario.

Los populares tienen junto a Ciudadanos el control de la Mesa de la Cámara, que ya impidió que la reforma -la original- de la ley de estabilidad se tramitara de manera urgente. Este fue el motivo por el que el Gobierno ideó una nueva vía. Mientras, los socialistas cuentan con la mayoría en el hemiciclo, donde sus socios ya se han pronunciado a favor de suprimir el veto irreversible de Senado. Así que el choque de legitimidades está servido.

La Mesa del Congreso se reunirá el martes. El PP da por sentado que ganará el pulso. El PSOE no quiere ni pensarlo y hay quien no descarta incluso la reprobación de la presidenta, Ana Pastor, si lo permite. Fuentes del Gobierno recordaron hoy -y lo harán formalmente, si es preciso- que el órgano de gobierno de la Cámara «no puede revisar» los acuerdos alcanzados en una comisión. Que hay un histórico que así lo establece. Pero las actas que envió la Moncloa para sustentar su argumentación también pusieron en pie de guerra a los populares porque eran «reservadas».

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