El Gobierno reactivará el decreto antiapagones, pero el sector desconfía y pide un proyecto de ley

El Congreso tumbó el martes el decreto antiapagones y el impacto no se ha hecho esperar: inseguridad jurídica y malestar entre patronales e inversores. El Gobierno asegura que lo reactivará en septiembre, pero el sector no se fía.

Horas después del 'no', desde Montevideo (Uruguay), Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, afirmó que en septiembre la normativa volverá a la Cámara Baja y que, «llegado el momento, será convalidada». En la misma línea se pronunció este miércoles el ministro de Industria, Jordi Hereu.

Sin embargo, el mundo energético se desmarca del optimismo del Ejecutivo y, sobre todo, desconfía de su futura propuesta. «Aplaudimos que lo vuelvan a intentar, pero queremos certezas de que no desaparece nada», explican a este periódico fuentes del sector. La patronal de las empresas eólicas propone una solución: en palabras de Juan Virgilio Márquez, director general de AEE, «cambiar el vehículo». «La actual situación política no puede contaminar todo un proceso que cuenta con el consenso técnico», detalla. Su propuesta pasa por sustituir el real decreto-ley por un proyecto de ley en el que, «aunque el trámite sea más largo, pueda tener más apoyo», asegura Márquez.

Aunque el Gobierno minimizó el golpe en el Congreso, en el sector eléctrico le piden que «se pongan las pilas». Esta situación -aseguran- está «pasando factura». Según sus cálculos, la caída del decreto antiapagones deja en el aire 200.000 millones de inversión y, lo que es más preocupante, «una situación de incertidumbre jurídica muy jodida».

En el sector electrointensivo, formado por aquellas industrias para las que la electricidad es un factor primordial en su proceso, ya han puesto cifra al 'no'. «Supondrá un aumento del 5% de la factura energética de estas empresas», explican. «La recuperación del descuento del 80% en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva era un paso esencial que, al no darse, relegará a la industria española en el mercado internacional», alerta Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española -que representa al 60% del Producto Industrial Bruto de España-. Para él, el anuncio de la medida el pasado mes de junio, aunque supuso «un foco de luz al final del túnel», constituía solo un paso en la dirección correcta.

Este decreto, bautizado popularmente como antiapagones, realmente «iba más allá y recogía muchas demandas históricas del sector», detallan. «Ya nos vamos a septiembre y volvemos a todo el lío político». Desde el sector aseguran que no se puede esperar: «Es necesario abordarlo cuanto antes», relata otro directivo.

Más allá de la posible pérdida de los 200.000 millones -que no dejan de recordar-, muchos proyectos renovables ya notan los efectos del 'no' del Congreso y «se han quedado en el limbo». Aunque el real decreto-ley 7/2025 era bien acogido por empresas y asociaciones energéticas, recalcan que «se sigue legislando chapuza tras chapuza».

El articulado, aprobado el 24 de junio, entraba en vigor el día 25, salvo el artículo 32, que lo hacía el mismo 24 para salvar a decenas de proyectos solares y fotovoltaicos cuyos permisos caducaban el 25. «¿Ahora qué pasa con ellos?», se preguntan desde el sector. «Muchos realizaron los trámites y se lo han prorrogado, ¿es válido?», apostillan.

Alrededor de 10 gigavatios (GW) de energía renovable se encontraban afectados por esta fecha de caducidad. El sector, antes de la prórroga, alertaba de que esos proyectos habían costado cerca de 500 millones de euros a las empresas, con el consiguiente daño a las compañías si no podían rentabilizar la inversión.

«No nos podemos permitir como país que esta actualización normativa no salga adelante. Es fundamental para la industrialización, la independencia energética y la competitividad del país», comenta el director general de UNEF, José Donoso.

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