La investigación que desactivó al independentismo

La investigación que desactivó al independentismoGráfico
Álex Sánchez

El juez Llarena construyó durante ocho meses la instrucción del 'procés', una causa en la que confluyeron otros tres procesos y que se caracterizó por su complejidad y la presión política

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

Tengo que daros una mala noticia: el Govern de la Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Esto es legal? Pues no (…) Estáis todos fichados. En el nuevo Estado no se escapará nadie. A cambio os damos nuestra palabra de que sabréis adónde va cada euro».

En otoño de 2016 el entonces senador de Esquerra Republicana Santiago Vidal recorría toda la geografía catalana pronunciando conferencias de contenido de alto voltaje político y jurídico. El juez, suspendido de su cargo por redactar un borrador de constitución catalana, adelantaba en sus intervenciones las medidas que la Generalitat estaba llevando a cabo para consumar la independencia. Algunas de ellos, como admitió, ilegales. «De los 801 jueces (en Cataluña), sabemos los que se quedarán y los que se irán. Tenemos diseñada la estructura judicial de la república y sabremos con qué jueces podemos contar», aseguraba.

Pero aquellas conferencias del histriónico senador salieron a la luz en enero de 2017. Pese a los paños fríos que trató de poner el Govern para atajar el escándalo y la dimisión de Vidal, las consecuencias acabarían siendo mayúsculas. No de forma inmediata, pero sí según se fueron sucediendo desde septiembre las diferentes fases del 'procés', que se va a juzgar en el Tribunal Supremo desde el 12 de febrero.

«Santi Vidal, contigo empezó todo», se ironizaba en ambientes judiciales conocedores del 'procés'. Y es que el entonces fiscal general José Manuel Maza ordenó a finales de enero de 2017 abrir diligencias por las palabras del senador y el 9 de febrero el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, tomaba la batuta de las pesquisas. El fallecido magistrado admitió una denuncia presentada por el abogado Miguel Durán, a cuya acusación popular se sumaría luego Vox, en una suerte de ensayo de lo vendría luego en el Tribunal Supremo.

Pese a que Vidal se retractó de sus palabras, enmarcándolas en un contexto político de ciertos excesos verbales, Ramírez Sunyer siguió instruyendo con mucho sigilo. Tiró de una unidad de la Guardia Civil de Barcelona de absoluta confianza y poco a poco fueron construyendo el armazón de una causa que iba más allá de un simple delito informático o de revelación de secretos.

Sus pesquisas llegaron hasta los presuntos organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre. Quiénes eran, cuánto dinero habían movido y qué sociedades habían participado. El 20 de septiembre de 2017, el juez no esperó más y, a la vista de la autorización del Parlament del decreto de convocatoria del 1-O, ordenó la 'operación Anubis'. Hubo 14 detenidos, entre ellos Josep María Jové, mano derecha de Junqueras en la consejería de Economía.

«Cambiaste el rumbo de la historia del país», elogió Lesmes al juez del 1-O de Barcelona que inició todo

En los registros ordenados en su despacho los agentes cantaron bingo. Se incautaron de una libreta Moleskine donde Jové había escrito la «hoja de ruta» del proceso soberanista. Un plan que se asemejaba al puzle que había montado Ramírez Sunyer y que hoy es una de las principal pruebas de cargo de la Fiscalía en el juicio contra los 12 líderes independentistas en el Supremo.

Mientras la Guardia Civil se incautaba de material, los líderes de ANC y Òmnium llamaron a la ciudadanía a través de las redes sociales para obstaculizar el trabajo de la comitiva. Se juntaron unas 40.000 personas. El fiscal general presentó el 23 una denuncia en la Audiencia Nacional por un delito de sedición -«alzamiento tumultuario para impedir por la fuerza las órdenes de la autoridad judicial»- y señaló a los hoy procesados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Cuatro días después, la juez Carmen Lamela la admitió a trámite al entender que era competente porque los hechos atentaban contra la forma de Gobierno y citó también al mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero. El 16 de octubre comparecieron y los 'jordis' fueron a prisión por riesgo de reiteración delictiva.

Puigdemont

Así, dos de las tres patas de lo que acabaría siendo la instrucción del 'procés' en el Supremo ya habían asomado con fuerza: la del Juzgado 13 de Barcelona contra el 1-O y la de Lamela por sedición. La tercera la llevaba en el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) la juez Mercedes Armas, encargada de instruir la querella de la Fiscalía tras la aprobación de las leyes de desconexión (6 de septiembre) contra todos los miembros del Govern por desobediencia, prevaricación y malversación.

Todas estas actuaciones confluyeron en dos nuevas querellas del fiscal general el 31 de octubre. Fue a raíz de la declaración unilateral de independencia en el Parlament. Maza, que falleció de forma repentina pocos días después en Argentina, apretó el acelerador y tipificó de forma indiciaria los hechos como rebelión. Una fue al juzgado de Lamela (contra el Govern destituido por el artículo 155) y la segunda al Supremo (contra los miembros de la Mesa del Parlament aforados), que recayó en manos de Pablo Llarena.

En ese ínterin entre la admisión y las citaciones, Puigdemont y varios exconsejeros huyeron aprovechando que la juez Armas no les había prohibido salir del país. Huyeron a Bélgica, mientras que sus compañeros fueron a prisión.

Menos de un mes después, Llarena asumió toda la causa y dejó a Lamela la parte que afectaba a los Mossos (esta magistrada fue elegida en julio como nueva integrante del Supremo). La primera medida del nuevo instructor fue decretar la libertad bajo fianza de seis exconsejeros y retirar las euroórdenes de su compañera a los huidos. El que fuera presidente durante años de la Audiencia de Barcelona comenzaba así el reto más importante de su carrera: instruir durante más de ocho meses la causa del 'procés'.

Aunque él ha asegurado después que volver a investigar a sus 56 años le «rejuveneció», es cierto que su protagonismo no fue tan relevante, ya que la querella previa de la Fiscalía era una suerte de auto de apertura de juicio. Incluso hubo momentos de altibajos como la estrategia fallida contra Puigdemont, cuyos abogados le ganaron la partida a Llarena cuando éste reactivó la euroorden y el expresidente fue detenido en Alemania en marzo de 2018.

Este episodio dio alas al independentismo en su estrategia de propaganda, tensión y deslegitimación del Supremo. Pese a ello, Llarena llevó a puerto la causa de la mano de los mismos agentes de la Guardia Civil que ayudaron a Ramírez Sunyer en Barcelona. Hasta el presidente del Supremo Carlos Lesmes reconoció que el titular del juzgado 13 empezó todo. «Cambiaste el rumbo de la historia de nuestro país», le dijo dos días antes de fallecer tras una enfermedad.

 

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