Los líderes del 'procés' presionan al tribunal con un alegato final de marcado acento político

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se despide de los acusado en el juicio del procés al terminar la última sesión. / EFE

Visto para sentencia el juicio con alusiones al diálogo, críticas a la Fiscalía, admisión de errores y exhibición de victimismo

MATEO BALÍN y MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

Cuatro meses exactos, 52 sesiones y 300 horas después, el juicio del 'procés' secesionista en Cataluña llegó este miércoles a su final. Lo hizo con los alegatos finales de los 12 acusados, que hicieron uso de la última palabra para reclamar su absolución. Ahora será el turno del tribunal, de las deliberaciones de los siete magistrados y la redacción de la sentencia por parte del presidente, Manuel Marchena. El responsable de la Sala buscará un fallo por unanimidad, que se espera para principios de otoño y que, pase lo que pase, seguirá marcando la política catalana, y también nacional, a corto y medio plazo.

La tarea que tiene por delante Marchena se presume titánica. El hombre que dicen que lleva el Estado en su cabeza, y que dignificó la carrera tras renunciar a presidir el Consejo del Poder Judicial hace ocho meses tras ser objeto de la instrumentalización política, tiene por delante el mayo reto personal en sus más de 30 años de profesión.

La encendida defensa de su independencia tras aquel aciago episodio protagonizado por un senador del PP volverá a estar a prueba con la sentencia del 'procés'. Este miércoles, sin ir más lejos, la mayoría de los acusados no se lo pusieron fácil tras el uso de la última palabra. Endosaron al tribunal la responsabilidad de no agravar con la sentencia la crisis política del «conflicto catalán».

En cualquier caso, el listón de penas que ha pedido la Fiscalia, entre 16 y 25 añosde cárcel por un delito de rebelión a nueve de los acusados; o la Abogacía del Estado, entre siete y 12 años por un delito de sedición, ejerceránsu influencia cuando la Sala examine los hechos.

El enjuiciado que más apretó fue Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana. «Es injusto para este tribunal que tengan que resolver un problema político. Pero ustedes tienen la responsabilidad de no agravar el problema. No me gustaría estar en su piel. Ojalá que su sentencia ayude a resolver lo que la clase política no ha sabido resolver. De su sentencia se va a derivar la lectura del límite de derechos fundamentales, de reunión, de expresión, de disidencia», enunció el ahora dirigente de Junts per Cataluña y antes líder de la ANC.

Con menos ímpetu y detalle, este mensaje también lo transmitieron el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Carles Mundó y Santi Vila o Jordi Cuixart. «Del resultado de este juicio depende la calidad de la democracia del Estado español», vaticinó con grandilocuencia el presidente de Òmnium Cultural, la plataforma civil que más provecho ha sacado al juicio.

«Lo volveremos a hacer»

Genio y figura, Cuixart llevó sus creencias al límite, pese a que sobre el papel tiene la mejor posición en la parrilla de salida de la sentencia. Asumió que va a pasar un tiempo en prisión (lleva 19 meses en preventiva) porque para él, mirando cara a cara a los jueces, lo que diga ese fallo será un acicate para seguir trabajando por la independencia. «Mi prioridad no es salir de prisión, sino seguir luchando para avanzar en la resolución del conflicto. Lo volveremos a hacer pacíficamente», avisó a navegantes.

Antes del 'mandela' del 'procés' intervino Junqueras. El presidente de Esquerra, «motor» de la causa según el fiscal, abogó por devolver el conflicto a «la política, la buena política, al terreno de la negociación y el acuerdo». Apenas consumió dos de los 15 minutos que les dio Marchena a cada uno. Mentó sus «convicciones religiosas», admitió que todo político comete «errores» -palabra pronunciada también por Joaquim Forn y Jordi Turull- y compartió sus ideas con los que defienden la república «desde convicciones democráticas».

Raül Romeva, compañero de ERC y de abogado, prosiguió con los alegatos. Fue más profundo que Junqueras. Dijo que las acusaciones «han instrumentalizado el concepto de odio y han querido construir un marco mental fundamentado en la existencia de un odio a España y lo español. Sin embargo, no han podido aportar ni una prueba», afirmó.

Las intervenciones más emocionales, hasta el punto de dejar a su abogado al borde del llanto, fueron las de Jordi Turull, Jordi Rull y Jordi Sánchez. Los tres de Junts per Catalunya, el partido del procesado rebelde Carles Puigdemont, cayeron en el victimismo para denunciar esta «tremenda injusticia». «Nos persiguen por nuestras ideas», señaló Turull. «No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo», apuntó Rull. «Somos víctimas de un dolor causado por el Estado», dijo Sànchez.

Carme Forcadell y Dolors Bassa, hicieron un alegato más jurídico para buscar la comprensión del tribunal. La expresidenta del Parlament se preguntó por qué sus colegas de la Mesa de la Cámara van a ser juzgados solo por desobediencia y ella no.

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