La memoria de la discordia, al detalle

La nueva ley de Memoria Democrática, que el jueves dio su primer paso con la aprobación en el Congreso, ha desatado una verdadera polvareda. Y no solo por el hecho de que el Gobierno haya tenido que apoyarse en EH Bildu para su aprobación. El futuro articulado no convence a parte de la izquierda, encabezada por ERC, que lo consideran insuficiente. Y en la derecha provoca un rechazo generalizado por su supuesto revisionismo. Más allá del apasionamiento, estos son los doce puntos clave novedosos de un texto que pretende actualizar la Ley de Memoria Histórica de 2007 de Rodríguez Zapatero.

Por primera vez la Administración General del Estado se compromete a la búsqueda activa de los 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Se contempla la creación de un banco estatal de ADN de familiares para cotejarlos con los restos. También se prevé la confección de una mapa nacional de desaparecidos y de un censo de fallecidos y de los supervivientes que den su consentimiento.

La norma declara ilegal el franquismo, sus tribunales y sus condenas. Las víctimas, por tanto, tendrán derecho a «una declaración de reconocimiento y reparación personal».

Se creará la figura de un fiscal de sala destinado a la investigación de violaciones de derecho internacional y de derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Será esta Fiscalía la que organice la búsqueda de víctimas y su identificación.

La nueva norma no deroga la Ley de Amnistía de 1977, que asegura que fue un instrumento a favor de «la reconciliación y la construcción de una sociedad democrática avanzada». Para buena parte de la izquierda esta normativa se había convertido en una ley de blanqueo de los crímenes franquistas y de perdón a sus delitos. ERC presionó durante la Comisión Constitucional, pero el al final no salió adelante al entender el PSOE que esa ley fue una «reclamación histórica de la oposición antifranquista», ya que amnistió «todos los delitos de intencionalidad política e infracciones de naturaleza laboral y sindical». No obstante, la nueva ley garantiza la supeditación al Derecho Internacional de todos los crímenes no amnistiables, como los de guerra, lesa humanidad o genocidio.

Uno de los puntos más polémicos es el acuerdo entre PSOE, EH Bildu y Más país para crear una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983. Este periodo, en su año final, incluye el inicio de los GAL y los primeros meses de Gobierno de Felipe González.

Pasa a ser víctima toda persona «que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales» como consecuencia del franquismo. El abanico, por tanto, se abre a exilados, trabajadores esclavos, represaliados por su condición sexual, guerrilleros antifascistas, creyentes de otras religiones perseguidos o niños adoptados sin consentimiento, entre otros. Se instaura el 31 de octubre como fecha de homenaje a las víctimas del golpe, la guerra civil y la dictadura y el 8 de mayo como fecha de recuerdo de los exiliados.

El Valle de los Caídos recuperará su nombre original, Valle de Cuelgamuros. Solo podrán yacer en el mismo víctimas de la Guerra Civil y se eliminará las tumbas en lugares preeminentes. Tras el traslado de los restos de Franco, solo los de José Antonio Primo de Rivera están esa situación de preeminencia en el templo. La ley declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de quien depende el monumento administrado temporalmente por Patrimonio Nacional.

La ley contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática. Entre otros, pasan a entrar en esa lista el Palacio de la Cumbre de Donostia, donde los GAL torturaron y asesinaron a Joxean Lasa y Joxi Zabala o el Fuerte de San Cristóbal, cárcel franquista de Pamplona.

Todos los archivos que contenga información sobre hechos ocurridos entre el golpe de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución en diciembre de 1978, con independencia de su titularidad pública o privada, pasan a ser de acceso libre, gratuito y universal. Los archivos y legajos de la administración franquista, de titularidad privada o en poder de personas físicas, pasarán al centro documental de la memoria histórica de Salamanca o al organismo público que se determine.

Los contenidos curriculares para ESO, FP y Bachillerato se actualizarán para reflejar la «represión que se produjo durante la guerra y la dictadura» y poner en valor «la lucha por los valores y libertades democráticas».

La ley suprime 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos por el franquismo y el postfranquismo entre 1948 y 1978. Desparecen, entre otros, el ducado de Primo de Rivera, el de Mola o el Calvo Sotelo.

La nueva norma, en su artículo 11, garantizará el reconocimiento a las mujeres que tuvieron un papel activo en la vida intelectual y política en su lucha contra el Franquismo. El articulado además se compromete a reparar el daño de madres, compañeras o familiares femeninas de los asesinados o represaliados, que sufrieron algún tipo de privación de su libertad o de derechos por esas relaciones familiares o afectivas.

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