Los socios de Sánchez censuran que se ampare a Llarena ante la justicia belga

En los últimos días, el Gobierno se ha topado con dificultades para trasladar a la opinión pública en qué consistirá su actuación frente a la maniobra del expresidente de la Generalitat. En el comunicado del pasado jueves, el Ministerio de Justicia anunció que el Estado se personaría si las autoridades judiciales belgas llegaban a cuestionar la causa abierta en el Tribunal Supremo a raíz del proceso secesionista. El departamento de Dolores Delgado insistió en la necesidad de blindar «la soberanía e inmunidad jurisdiccional» española. Pero «en ningún caso» quedó claro, se intervendría en defensa de Llarena por las «afirmaciones de carácter privado» que se le atribuyen en la demanda. En concreto, unas palabras pronunciadas tras una conferencia en Oviedo, en las que negó que en España hubiera «presos políticos».

El viernes, la vicepresidenta, Carmen Calvo, reforzó la postura de Justicia e incidió en que el amparo legal al instructor le corresponde al poder judicial. No al ejecutivo. El domingo, en cambio, la secretaría de Estado de Comunicación hizo público un nuevo texto con otro titular: «El Gobierno inició hace días los mecanismos necesarios para la defensa de la soberanía jurisdiccional española y del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena».

Delgado no dio hoy detalles en RNE sobre qué estrategia se seguirá finalmente ante el juzgado belga, hasta qué punto llegará el apoyo al instructor. Lo dejó en manos del despacho de abogados que se contratará en el país. Pero trató de sostener que no hay cambio alguno de criterio, que la defensa de Llarena, en todo caso, va ligada a la defensa de la integridad jurisdiccional española «hasta sus últimas consecuencias». Se llame como se llame quien desarrolle su tarea dentro del sistema.

La rectificación que supone este planteamiento en la práctica rebajó la tensión con las asociaciones de magistrados y fue bien recibida en el Consejo General del Poder Judicial. En el Congreso, sin embargo, el Ejecutivo sólo logró soliviantar a casi la totalidad de la oposición. Sus aliados en la moción de censura se opusieron a costear con dinero público lo que entienden que son necesidades legales de Llarena. De «absurda» tildó la situación Podemos. «Es una demanda que hacen a este señor en su ámbito privado», replicó el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique.

En la misma línea se pronunciaron las formaciones independentistas. «Se le presumía un poco más de valentía a Sánchez», censuró el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, que se refirió a Llarena como el «lacayo» del PP. «El Gobierno se ha equivocado», cargó el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano. Y la respuesta de Puigdemont llegó desde Waterloo: «Sentaría un precedente gravísimo que el Estado pagase la defensa de un ciudadano español, sea juez o no, que tiene una demanda particular en otra jurisdicción».

En todo caso, más allá del malestar, ni Esquerra ni el PDeCAT sintieron la tentación de poner al Ejecutivo en la cuerda floja por este desencuentro. «No es bueno mezclar cosas», despejó Campuzano.

Los que no concedieron una tregua al Gobierno fueron PP y Ciudadanos. Los populares reprocharon a Sánchez sus «bandazos», presentaron una moción en el Senado en apoyo a Llarena y reclamaron la comparecencia de la ministra de Justicia en el Congreso. Es más, plantearon que la Fiscalía estudie si cabe presentar una querella contra el juzgado belga por «inmiscuirse en la inmunidad de la jurisdicción española». El partido de Albert Rivera, mientras tanto, registró en la Cámara baja una proposición no de ley para instar al Gobierno a defender al magistrado.