Oriol Pujol pide sustituir su ingreso en prisión por trabajos sociales

El exdiputado de CiU Oriol Pujo, este lunes a su llegada a la Audiencia Provincial de Barcelona./EFE
El exdiputado de CiU Oriol Pujo, este lunes a su llegada a la Audiencia Provincial de Barcelona. / EFE

Condenado a dos años y medio, por los que el fiscal reclaman su encarcelamiento, argumenta que ha reconocido los hechos y reparado el daño

EFEBarcelona

El exdiputado de CiU Oriol Pujol ha pedido este lunes a la juez que sustituya su ingreso en prisión para cumplir los dos años y medio a los que fue condenado por el caso ITV por trabajos sociales en beneficio de la comunidad, al argumentar que ha reconocido los hechos y ha reparado el daño.

Así lo ha sostenido Oriol Pujol en una vista celebrada durante apenas media hora ante la Sección Veinte de la Audiencia de Barcelona, que decidirá en principio en enero, tras las fiestas navideñas, si acuerda su ingreso en prisión, como plantea la Fiscalía, o acepta sustituirle esta pena por trabajos sociales en beneficio de la comunidad.

Según han informado fuentes judiciales, la Fiscalía Anticorrupción ha mantenido en la vista su tesis de que Oriol Pujol debe ingresar en prisión alegando razones de prevención general ante un caso de corrupción, en el que la cárcel tiene un componente intimidatorio y de ejemplaridad.

Por el contrario, el abogado de Oriol Pujol, Xavier Melero, ha replicado que también es ejemplar que una persona que ha tenido una trayectoria pública por sus responsabilidades políticas pase por un «largo periodo» de trabajos sociales para cumplir condena.

Ante esta tesitura, la juez ha preguntado a Oriol Pujol si estaría dispuesto a sustituir su ingreso en prisión por trabajos en beneficio de la comunidad, ante lo que el exsecretario general de CDC y expresidente del grupo parlamentario de CiU ha contestado afirmativamente.

Su abogado ha resaltado ante la juez que en el caso de Oriol Pujol ha habido arrepentimiento, porque el exdirigente de CDC ha admitido los hechos en un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, y reparación del daño, por lo que entiende que existe base suficiente para evitar su ingreso en prisión, teniendo en cuenta además que ninguna de las penas de los tres delitos por los que ha sido condenado supera los dos años de prisión.

Oriol Pujol acordó con la Fiscalía una condena de dos años y medio de prisión por el cobro de comisiones ilegales a cambio de usar su influencia política en beneficio de un grupo de empresarios en la trama de las ITV, por la que fue condenado por los delitos de falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias.

La Fiscalía pidió a finales de noviembre el ingreso inmediato de Oriol Pujol en prisión al considerar que de esta forma se cumplirá la «función reeducadora» de la pena y dada la «naturaleza y gravedad» de la «corrupción política» por la que fue condenado.

El ministerio público se posicionó así después de que Oriol Pujol, el único hijo del expresidente Jordi Pujol que se dedicó a la política, pidiera no ingresar en prisión alegando que es padre de tres hijos de 21, 20 y 17 años, que se hace cargo del pago de la hipoteca del piso donde vive su familia y de sus gastos sanitarios y que está intentando rehacer su vida trabajando como agente comercial de una empresa e, incluso, llevando a cabo labores de voluntariado.

Sirviendo en un comedor

Precisamente, la defensa ha esgrimido que Pujol está actualmente colaborando con la Fundación Gregal y con Pare Manel en el servicio de comedores comunitarios para personas sin recursos.

La Fiscalía argumenta por contra que el exdiputado de CiU ocultó en su informe que dispone de una vivienda unifamiliar como segunda residencia en Urús (Gerona) y que pertenece a la familia Pujol-Ferrusola, «siendo de dominio público que no se trata de una familia con escasos recursos económicos».

Ante esta situación, la juez acordó citar a Oriol Pujol a la vista que se ha celebrado hoy en la Audiencia de Barcelona para oír los argumentos de ambas partes antes de tomar una decisión, resolución que se comunicará en principio en enero, según ha precisado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

 

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