El Parlamento abre la puerta a despenalizar las injurias a la Corona

Pablo Iglesias conversa con Alberto Garzón ante la diputada Ione Belarra en el pleno de este martes en el Congreso./EFE
Pablo Iglesias conversa con Alberto Garzón ante la diputada Ione Belarra en el pleno de este martes en el Congreso. / EFE

PP y Ciudadanos acusan al PSOE de pagar «un peaje» por los apoyos a la moción de censura de Sánchez al respaldar la iniciativa de Podemos

María Eugenia Alonso
MARÍA EUGENIA ALONSOMadrid

El Congreso dio este martes el primer paso para reformar o derogar los artículos del Código Penal en los que se castiga con penas de prisión el delito de calumnias o injurias a la Corona, los ultrajes a España y sus símbolos, las ofensas a los sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo.

Todos los grupos, a excepción del PP y Ciudadanos, respaldaron la iniciativa de Unidos Podemos porque consideraron necesaria una actualización de la legislación para garantizar la libertad ciudadana, la protección de los colectivos más vulnerables y adaptar la normativa a la doctrina de los organismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Estamos en un momento de involución democrática muy grave, en el que por criticar a la monarquía o por hacer chistes con un Cristo puedes acabar en prisión», argumentó el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón.

El partido de Pablo Iglesias reclama en su propuesta la supresión de los delitos de injurias a la Corona (artículo 490.3 y 491) por estar ya «suficientemente protegida»; y otras instituciones del Estado (artículo 504) para evitar casos como los del rapero Valtonyc, Pablo Hassel o los titiriteros de Madrid condenados o procesados por «ejercer la libertad de expresión». «La democracia es poder criticar a las instituciones de arriba», remarcó Garzón, que insistió en que las injurias al Gobierno se escuchan en la tribuna del Congreso «y es lo más normal del mundo».

El también líder de IU recordó además que España se ha ganado en dos ocasiones la sanción del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por violar el derecho a la libertad de expresión. La última el pasado marzo cuando el tribunal condenó al Gobierno a indemnizar a dos jóvenes condenados a penas de 15 meses de prisión por quemar en Girona una foto de los Reyes en 2008. La anterior fue en 2011 cuando el mismo tribunal condenó a España por haber impuesto una pena de prisión a Arnaldo Otegi por haber dicho, entre otras cosas, que el Rey era «el jefe de los torturadores».

La iniciativa salió adelante con el apoyo del PSOE, que ya avanzó en su acuerdo presupuestario con Podemos su compromiso de modificar algunos artículos del Código Penal que afectan al ejercicio de la libertad de expresión, de reunión y de información. El diputado Gregorio Cámara defendió el aval de su grupo a la tramitación de la propuesta porque «es un hecho que en la sociedad existe un debate serio sobre los limites de la libertad de expresión», que la Cámara baja debe profundizar, si bien adelantó que presentarán numerosas enmiendas.

Barra libre para insultar

Contrarios a la reforma del Código Penal, el PP y Ciudadanos cargaron contra una propuesta que concede «barra libre» para amenazar, insultar o incitar al odio y compromete la «defensa de los valores constituciones». «Ustedes siempre con los violentos y nosotros con las víctimas», advirtió el portavoz popular, Leopoldo Barreda, a los grupos que apoyaron la iniciativa.

El diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendes, añadió que desde su formación no van a «amparar a los que han hecho del odio a España su razón de ser», en referencia a los separatistas . El dirigente liberal arremetió también contra el PSOE al que reprochó su respaldo a la tramitación de la proposición de ley de Unidos Podemos y avisó de que esta postura deja en evidencia los «peajes» que Pedro Sánchez tiene que pagar ahora por la moción de censura que le llevó a la Moncloa.

Unidos Podemos no consigue que se investigue a Juan Carlos I

PP, PSOE y Ciudadanos volvieron este martes a tumbar en la Mesa del Congreso la petición de Unidos Podemos de abrir una comisión de investigación sobre las finanzas y actividades económicas de Juan Carlos I. Es la segunda vez que los tres grupos, con mayoría en el órgano rector de la Cámara baja, vuelven a unir sus votos para rechazar la propuesta alegando que la Corona goza de protección en la Constitución y es una institución que queda al margen del control parlamentario. En esta ocasión, la iniciativa de Podemos se refería a la etapa posterior a su abdicación en 2014.

La semana pasada, la formación de Pablo Iglesias volvió a presentar su solicitud después de que la Mesa rechazara su primera petición al entender que el Congreso no es competente para investigar al anterior jefe del Estado mientras ocupaba el cargo. Los servicios jurídicos de la Cámara arguyeron entonces que la comisión no tenía encaje constitucional y se amparaban en el artículo 56.3 de la Carta Magna que dice que la persona del Rey «es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».

Desde Unidos Podemos, recuerdan que la «petición vetada» hace referencia al período en el que «no ejerce sus funciones como jefe del Estado» y que, por tanto, «pierde su inviolabilidad». «Se han quedado sin argumentos», lamentó este martes su portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, que cargó nuevamente contra PP, PSOE y Ciudadanos por volver a paralizar la creación de esa comisión de investigación, lo que demuestra que «la Corona no se toca» en España.

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