Pastor pide a los letrados del Congreso un informe sobre la tramitación de los decretos ley

La presidenta del Congreso, Ana Pastor./EFE
La presidenta del Congreso, Ana Pastor. / EFE

El PSOE tacha la maniobra de partidista y argumenta que la presidenta de la Cámara baja «nunca ha sido neutral»

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERASMadrid

La batalla entre el Gobierno y los principales partidos de la oposición por la decisión de Pedro Sánchez de seguir legislando y plasmando su proyecto político en reales decretos ley, aun con las Cortes disueltas por el adelanto electoral, sigue agitando la precampaña. El Ejecutivo no da marcha atrás, el PP amenaza con recurrir ante la Junta Electoral Central e incluso al Tribunal Constitucional y la Mesa del Congreso espera para la próxima semana un informe de los letrados de la Cámara sobre el asunto para dilucidar qué habría que hacer en caso de que los grupos quisieran tramitar como proyectos de ley los textos que remita el Consejo de Ministros, algo inédito en periodo preelectoral.

No es la primera vez que la Diputación Permanente, el órgano interino que evita que se produzca un vacío de poder cuando el Parlamento está disuelto, tiene que aprobar decretos ley una vez convocados los comicios. Pero lo habitual es que se trate de asuntos muy acotados y sin intencionalidad política (respuesta de emergencai ante catástrofes, trasposiciones de directivas muy específicas que podrían conllevar multas, créditos inaplazables..). Lo que ahora plantea el Gobierno con decretos ley como los aprobados el pasado viernes sobre igualdad en el ámbito laboral (con ampliación de permisos de paternidad) o en materia de vivienda (con la obligación de informar a los servicios sociales de los desahucios cuando afectan a personas vulerables, entre otras medidas) es muy distinto. Es el desarrollo de su programa en lo que el propio Sánchez y sus ministros denominan ya «los viernes sociales».

Plazos y enmiendas

Lo atípico del escenario ha suscitado las críticas no ya de populares y Ciudadanos, adversarios naturales del PSOE, sino incluso de quien ha sido uno de los socios más fieles de los socialistas desde la moción de censura, el PNV. Su portavoz, Aitor Esteban, lleva días reprochando que se ponga a los grupos ante la tesitura de decir 'sí' o 'no' a lo que plantee el Gobierno sin posibilidad de modificar sus textos. Porque, aunque por norma los grupos pueden decidir si quieren que un decreto ley se tramite como proyecto de ley una vez convalidado, en este caso, no parece posible. Jamás ha ocurrido y, además, aunque el Ejecutivo no esté en funciones, podría decirse que el legislativo sí.

En este momento, por ejemplo, no hay ya comisiones legislativas en funcionamiento, que son los órganos, especializados por temas, en los que, en los periodos ordinarios, se debaten y plantean enmiendas a los proyectos de ley. La tramitación completa de un texto legislativo exige además constiuir ponencias y unos plazos que ahora no serían posibles. Con estos argumentos, justificó hoy la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la solicitud a los letrados de un informe sobre el tiempo disponible y sobre si la votación definitiva de un eventual proyecto de ley debería celebrarse antes de que comience la campaña electoral, de la fecha de las elecciones o de la constitución del nuevo Parlamento que surja de los comicios.

Los socialistas, sin embargo, creen que Pastor actúa como militante del PP y que lo único que pretende es enfangar el terreno. «Nunca se ha comportado de manera neutral», criticó hoy la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. Lastra, que es también portavoz en el Congreso, recordó que su partido ha presentado un recurso al Constitucional por el bloqueo de 50 iniciativas desde la Mesa por parte de PP y Ciudadanos.