Los alojamientos rurales de Burgos, preocupados por la modificación del IVA
Desde la asociación se muestra una «profunda preocupación» por la posible modificación del impuesto que podría pasar del tipo reducido del 10% al tipo general del 21%
La Asociación de Alojamientos Rurales de la provincia de Burgos ha solicitado formalmente una reunión con el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro Luis de la Fuente, para tratar diversas cuestiones estratégicas y fiscales que afectan directamente al sector del turismo rural, según indicaron este martes, 24 de junio, a través de un comunicado de prensa recogido por Ical.
Desde la asociación se muestra una «profunda preocupación» por la posible modificación del tipo de IVA aplicable a los alojamientos rurales, que podría pasar del tipo reducido del diez por ciento al tipo general del 21 por ciento. Esta medida supondría, en palabras de Turalbur, «un impacto económico muy negativo» para los establecimientos del medio rural, cuya actividad está regulada como empresarial y profesional, al igual que el resto del sector hostelero.
Turalbur advirtió de que, en algunas normativas, «parece que se está equiparando erróneamente a los alojamientos rurales con las viviendas de uso turístico (VUT), lo que podría derivar también en una eliminación injustificada de la actual diferenciación fiscal». En este sentido, la asociación defendió «a necesidad de mantener la separación legal y fiscal entre ambas figuras».
Asimismo, Turalbur aprovechará el encuentro para reiterar su propuesta de que los alojamientos de turismo rural sean incluidos en los programas de viajes del Imserso, una medida que contribuiría «notablemente» a la desestacionalización del sector y a la dinamización socioeconómica del medio rural en la provincia.
Por otro lado, la asociación lamentó públicamente el «revuelo innecesario» generado en torno al nuevo registro de viviendas dedicadas al turismo, después de que a escasos días de finalizar el plazo de alta se comunicara que no era necesario el registro para los establecimientos legalmente constituidos. «Esta confusión ha provocado que numerosos propietarios hayan invertido tiempo y dinero en un procedimiento finalmente innecesario, afectando a decenas de establecimientos rurales de la provincia», concluyeron.
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