Burgos recibe 211 solicitudes de protección de desplazados por la guerra de Ucrania
Castilla y León ha recibido un total de 1.434
Castilla y León ha recibido ya casi 1.500 solicitudes de protección de desplazados por la guerra de Ucrania y se atienden prácticamente todas «al día», ha asegurado la delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones, quien ha añadido que el «amplio» dispositivo para ello está funcionando bien y por el momento no es necesario su refuerzo. Por provincias, el número de solicitudes presentadas son 151 en Ávila; 211 en Burgos; 228 en León; 111 en Palencia; 155 en Salamanca; 221 en Segovia; 80 en Soria; 214 en Valladolid; y 63 en Zamora
Barcones, en una rueda de prensa para presentar el Plan de respuesta del Gobierno ante las consecuencias de la guerra en Ucrania, ha informado de estos datos poco antes de una nueva reunión semanal de coordinación de actuaciones de recepción y atención a los desplazados, en las que participan la Junta, municipios de más de 20.000 habitantes, la Federación de Municipios y Provincias, organizaciones no gubernamentales o Adif y Aena.
En concreto, ha señalado la delegada, son 1.434 solicitudes en las comisarías provinciales de la Policía Nacional que, ha recordado, por el mero hecho de presentarse, permiten a la persona interesada recibir el número de identidad extranjero y que en el plazo de 24 horas se les otorga el permiso de residencia de trabajo.
Virginia Barcones ha incidido en que en la reunión se analizará la llegada a la Comunidad de desplazados que ya tienen la solicitud de protección presentada fuera de Castilla y León, principalmente en 'hubs' como el de Madrid, es decir, grupos que llegan ya con la documentación realizada.
La delegada ha asegurado que el «amplio» dispositivo establecido en las comisarías provinciales en las que se realizan estos trámites es suficiente para poder abordar las solicitudes que se reciben y no hay lista de espera, se atienden en un día o dos, que es el periodo para organizarse, de forma que prácticamente se están atendiendo todas al día.
Así, ha señalado que no es necesario un refuerzo, aunque ha aclarado que si en algún momento determinado se observara que en algún punto concreto hay un número tan relevante de personas ucranianas que hiciera falta estableciera para esta gestión alguna otra comisaría más allá de las provinciales se podría hacer.
Barcones ha agregado que no sería tanto por el hecho de que no se de a basto con el dispositivo que se ha preparado, sino por una cuestión de intentar «acercar más los servicios» o atender una situación puntual concreta.
Medidas en el Plan Nacional
La delegada del Gobierno ha recordado que el Plan nacional para dar respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, junto a las medidas económicas, contiene otras de carácter social, algunas de ellas referidas a los desplazados.
Así, ha explicado que el Real Decreto-ley establece, dentro de las competencias del Ministerio de Justicia, que las personas de origen ucraniano que soliciten la nacionalidad española estarán exentas de aportar los certificados de nacimiento de su país de origen.
Se asimilan así a las personas refugiadas y apátridas reconocidas como tales por el Ministerio del Interior. Estarán igualmente exentas de aportar esta documentación en los procedimientos que se tramiten en los registros civiles mientras dure el conflicto.
En el ámbito educativo, se pone en marcha, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Plan de Contingencia de España para la Atención Educativa Integral a los estudiantes ucranianos desplazados y, desde el Ministerio de Universidades, el Plan de Acción Universidad-Refugio para acoger y facilitar el acceso al ámbito universitario a estudiantes, investigadores y personal de administración y servicios ucranianos.
El Real Decreto-ley contiene, entre otras medidas, el establecimiento de un modelo de acreditación unificado de la condición de víctima de trata de seres humanos o explotación sexual, para que los servicios públicos o entidades sociales puedan acreditarlo.
Además, se incluye la trata en la atención al 016, que ya atiende en ucraniano desde el pasado viernes; se establecerá un régimen gratuito de cuentas bancarias para personas vulnerables o con riesgo de exclusión financiera y se articula también la posibilidad de otorgar subvenciones destinadas a la prevención, detección, atención y protección de víctimas de violencia contra las mujeres y de víctimas de trata y explotación sexual, en el marco de la crisis humanitaria.