La Diputación asegura que la residencia de Oña supera la ratio exigida y que las críticas son «interesadas» para «hacer daño político»

En ese documento remitido, según han apuntado Lorenzo Rodríguez, vicepresidente de la Diputación, e Inmaculada Sierra, jefa de Servicios Sociales, se aseguraba que la falta de personal provocaba el aumento de bajas y que a muchos residentes no se les levantase de la cama.

Rodríguez y Sierra han asegurado que los ratios de personal en este centro «se cumplen sobradamente según nos marca la normativa de la Junta», como ha matizado Sierra. Rodríguez ha apuntado que en Oña hay 230 residentes, cuatro válidos, 114 de grado primero y 11 de grado segundo. Allí trabajan tres médicos, nueve enfermeros y 17 auxiliares de enfermería repartidos en 21 trabajadores por la mañana, 15 por la tarde y cinco por la noche.

Además, Rodríguez ha añadido que «aún con ratios superiores» tras visitar este residencia se ha decidido reforzar el servicio con dos auxiliares de enfermería más.

Rodríguez sí reconoce algún problema en los meses de junio, julio y agosto al contratar dos medios jornadas para complementar las labores de levantar a la gente de la cama pero también ha asegurado que «esto no ha afectado». El vicepresidente de la Diputación ha explicado que los informes de la dirección del centro aseguran que «jamás ha habido nadie que se ha quedado en la cama por falta de personal. A los que no se levanta es porque así lo manda el expediente del médico».

Este documento ha sentado mal en la institución provincial, como han reconocido Rodríguez y Sierra. Consideran ambos que detrás de este documento hay intereses personales, intención de hacer daño político y manipulación. «Es muy fácil manipular a la gente en momento de sensibilidad, cuando están preocupados por un familiar mayor con dolencias. Actuar de esta forma es manipular a las familias y desprestigiar a los trabajadores que hacen su labor de forma excepcional», ha expresado Sierra.

La jefa de Servicios Sociales ha apuntado que Demetrio Alonso, exalcalde de Oña y exdiputado, tiene «intereses personales. Alonso es quien ha registrado este documento, según los diputados. No se puede tirar por el suelo la imagen de la Diputación y de los trabajadores para conseguir intereses personales. Este es un intento fallido de desprestigiar». «No se puede hacer política con una residencia», ha sentenciado Rodríguez, «la Diputación tiene cola de gente esperando».

En las cinco residencias gestionadas por la Diputación de Burgos hay 791 pacientes y, según se apunta desde la Diputación, en todas se superan los ratios de personal marcados por la norma de la Junta.

La gestión de las residencias es un tema espinoso, ya que es una competencia de la Junta, pero la Diputación ha asegurado en numerosas ocasiones que no dejará de prestar el servicio.

Sierra mantuvo el lunes una reunión en Valladolid con la consejera de Sanidad en la que se explicó a los representantes de la Diputación que el acuerdo marco actual se va a mantener hasta 2020 pero se van a crear adendas especiales con cada Diputación en función de las cargas de cada una. La Diputación tiene un gasto social cercano a los 31 millones de euros anuales y en el 2018 se destinaron más de 20 millones a estas residencias. El problema es que la cantidad que llega de la administración regional siempre se ha considerado insuficiente.