El PSOE insta a acabar con las subvenciones finalistas de la Diputación a raíz del Plan Económico Financiero

Pleno de la Diputación de Burgos./GIT
Pleno de la Diputación de Burgos. / GIT

Los socialistas lamentan que la institución provincial tenga que aplicar un Plan Económico Financiero por culpa de la «mala gestión política»

Gabriel de la Iglesia
GABRIEL DE LA IGLESIABurgos

La Diputación de Burgos deberá someterse a un Plan Económico Financiero tras incumplir en 2017 varios de los criterios establecidos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En concreto, tras la liquidación del presupuesto de 2017, se ha detectado un incumplimiento de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria, dos cuestiones que derivan, según los servicios económicos de la institución, del escaso volumen de ejecución presupuestaria -poco más de un 74% en 2017-.

El escaso volumen de ejecución presupuestaria obligará a la Diputación a someterse a un Plan Económico Financiero

En este sentido, el informe redactado al respecto incide en que dicha desviación deriva directamente de la «complejidad» de los expedientes y de la «falta de personal» para tramitarlos, lo que a la postre es consecuencia directa del modelo de financiación que mantiene la Diputación para con los pueblos de la provincia, según el PSOE.

Por eso, el portavoz socialista, David Jurado, ha instado hoy a aprovechar la aplicación del Plan Econímico Financiero, que deberá aprobarse en el Pleno de julio y recibir el visto bueno de la Junta de Castilla y León, para «modernizar» la institución y acabar de una vez por todas con el modelo de subvenciones finalistas.

«La crítica no es a la situación económica» de la Diputación, que «está saneada». «El problema es la mala gestión política del presupuesto», ha subrayado Jurado al tiempo que recordaba que su grupo lleva ya mucho tiempo solicitando un cambio de modelo hacia una «financiación incondicionada». Básicamente, insiste, la idea es que la Diputación deje de convocar líneas de subvenciones para cada una de las materias y establezca de manera general unos criterios a principios de año para repartir fondos entre los ayuntamientos y que éstos decidan su destino en función de las necesidades concretas.

Con este modelo, abunda, se matarían dos pájaros de un tiro. Por un lado, serían los pueblos los que eligieran el destino de todos los fondos de la Diputación y, por el otro, facilitaría al extremo la tramitación burocrática, ya que los téncicos de los ayuntamientos y de la institución provincial verían reducido el volumen de expedientes a gestionar y las convocatorias -y sus respectivas justificaciones- serían mucho más ágiles.

Reorganización del personal

Asimismo, y tomando como referencia los planteamientos que se exponen en el propio borrador del Plan Económico Financiero, que en principio tendrá una vigencia de dos años, los socialistas consideran urgente abordar una modificación de la valoración de puestos de trabajo y, por ende, de la propia relación de puestos de trabajo (RPT), que lleva sin actualizarse en profundidad desde 1998. Obviamente, asegura Jurado, la situación de la Diputación ha cambiado mucho desde entonces y las necesidades de trabajo interno son muy distintas. En todo caso, subraya, «eso sería lo primero que habría que hacer».

Paralelamente, los socalistas han vuelto a reivindicar la disolución del Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ) como organismo autónomo y su integración definitiva como un departamento más de la Diputación. Y es que, la justificación de su existencia como organismo autónomo radica en el hecho de que, en teoría, esta fórmula aporta más «agilidad». Sin embargo, los informes de la Intervención contradicen esta máxima, al presentar un volumen de ejecución del presupuesto de poco más del 60%. «Se supone que está para agilizar trámites» y «no lo está haciendo», reitera Jurado.

Algo similar sucede con la Sociedad para el desarrollo de Burgos (Sodebur), que también opera de manera autónoma. A respecto de su gestión, la Intervención asegura que «adolece de los mismos síntomas» que el IDJ y la propia Diputación. La diferencia es que, en este caso, además, «no se controla la gestión presupuestaria de forma exhaustiva».

Sin remanentes ni préstamos

En todo caso, y más allá de los planteamientos del PSOE, lo que está claro es que la aplicación del Plan Económico Financiero condicionará los planes de la Diputación, toda vez que, en principio, no se podrán incorporar remanentes al presupuesto de 2019 y no se podrá acudir a operaciones de crédito a pesar de que este mismo año se había planteado una por valor de 14 millones de euros.

En principio, el borrador que se ha redactado deberá someterse a votación en la sesión plenaria del próximo mes de julio y, a partir de ahí, ser remitido a la Junta, que será la administración tutelante, a imagen y semejanza de la situación que atraviesa también el Ayuntamiento de la capital provincial.

 

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