El exalcalde de San LLorente de la Vega se enfrenta a 3 años de prisión por un delito de malversación

Ayuntamiento de San Llorente de la Vega/Diputación de Burgos
Ayuntamiento de San Llorente de la Vega / Diputación de Burgos

Se le acusa también de un delito de prevaricación a razón de varias irregularidades detectadas por el actual regidor, cuya denuncia en Fiscalía ha prosperado

Patricia Carro
PATRICIA CARROBurgos

Tres años de prisión por un delito de malversación, junto con ocho años de inhabilitación especial para cargo público, y doce años extra de inhabilitación por el delito de prevaricación. Esa es la pena a la que se enfrenta el exalcalde de Llorente de la Vega, municipio perteneciente a Melgar de Fernamental, por las irregularidades detectadas en la contratación de las fiestas del municipio, los pagos al coto de caza y la gestión de una subvención de la Junta de Castilla y León.

La Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el actual regidor, que llegó con las elecciones municipales de 2015. Hasta entonces había estado en el cargo Francisco Javier Rodríguez, como recuperda el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, en el que se asegura también que se han detectado ciertas irregularidades en la gestión municipal, por la que el exregidor se habría «excedido» en el ejercicio de sus funciones.

En concreto, la Fiscalía ha investigado la contratación de una empresa para la organización de las fiestas en 2007 y 2008. El primer año, la contratación se realizó sin que mediara documento alguno ni acuerdo de Junta de Gobierno, y se abonó una factura de 8.000 euros. También se realizaron dos pagos más de 3.000 y 6.000 euros, respectivamente, a favor de la empresa sin que conste factura de los mismos.

Un año más tarde, se volvió a contratar a la misma empresa, en esta ocasión por acuerdo de pleno, y se le pagaron 12.000 euros, que salieron de un préstamo personal del alcalde, pues el Ayuntamiento carecía de recursos para afrontar el pago. En la devolución del dinero, de las arcas municipales salieron más de 27.000 euros, según apunta la Fiscalía en su escrito.

También se han investigado los pagos pendientes la coto de caza, entre 1999 y 2014, que ascenderían a más de 6 millones de euros, y el cobro de una subvención de 86.000 euros, procedente de la Junta de Castilla y León. Se concedió para mejoras en infraestructuras turísticas pero no se utilizó para ello, así que se ha exigido su devolución, pero sin éxito.

A juicio del Ministerio Fiscal, el exalcalde tomó todas estas decisiones de manera «arbitraria», excediéndose en el ejercicio de sus funciones y causando un importante perjuicio al municipio. Por ese motivo, se le acusa de un delito de malversación, por el que se piden 3 años de prisión y ocho de inhabilitación especial para cargo público, y otro delito de prevaricación, para el que se piden 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público. El juicio se celebrará este mes de enero.

 

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