El exalcalde de San Llorente de la Vega acepta dos años de cárcel por un delito de malversación

Sede de la Audiencia Provincial de Burgos./BC
Sede de la Audiencia Provincial de Burgos. / BC

La Fiscalía y la defensa del acusado llegan a un acuerdo antes de que comenzara la vista oral en la Audiencia Provincial de Burgos | La pena también incluye seis meses de inhabilitación

César Ceinos
CÉSAR CEINOSBurgos

El expresidente de la Junta Vecinal de San Llorente de la Vega (localidad perteneciente al Ayuntamiento de Melgar de Fernamental), Francisco Javier Rodríguez, ha aceptado esta mañana una pena de dos años de cárcel y seis meses de inhabilitación para optar a cargo público por un delito de malversación. Además, está obligado a pagar a la pedanía los 6.756,52 euros correspondientes al pago del coto de caza que, entre 1999 y 2014, no se entregó en las cuentas corrientes de la entidad inframunicipal.

Más información

La Fiscalía proponía para Rodríguez tres años de cárcel e inhabilitación de ocho meses para optar a cargo público por un delito de malversación y doce años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, pero tras un acuerdo entre el Ministerio Fiscal y la defensa antes del inicio de la primera sesión de la vista oral, el acusado únicamente será sancionado por malversación con unas penas más bajas que las solicitadas en un principio.

Inicialmente, el Fiscal pidió la apertura del juicio oral por detectar irregularidades en tres ámbitos: coto de caza, subvenciones y fiestas. Tras el acuerdo, únicamente ha sido acusado por las cuestiones relativas al coto cinegético. Respecto a las subvenciones autonómicas, se ha determinado que Rodríguez no se quedó con los fondos, si bien los gastó en una obra (abastecimiento de agua) que no era la prevista (Casa del Esclusero). Por último, en relación con los festejos, el Tribunal de Cuentas será el encargado de analizar los movimientos económicos desde la cuenta de la pedanía a la de Rodríguez.

Acuerdo «pobre» para la Junta Vecinal

Para el actual presidente de la Junta Vecinal, Miguel Ángel Pinto, el pacto entre la Fiscalía y el acusado «es pobre» para los intereses de la institución que dirige, aunque cree que es positivo porque «ha reconocido que tenía la culpa y hasta ahora no se había llegado a admitir». «A los que hemos luchado por ello nos va a gustar», ha agregado.

Bajo su punto de vista, la cuestión relacionada con la Casa del Esclusero «se ha quedado colgada». En el acuerdo se ha llegado a la conclusión de que el dinero fue invertido para las obras de la abastecimiento de agua potable (fases I y II), pero considera que existe un daño lesivo para la pedanía, ya que se han visto obligados a devolver la subvención a la Junta de Castilla y León con recargo y pagar el totalidad de la obra de la Casa del Esclusero al constructor que efectuó la intervención.

Junta Vecinal de San Llorente de la Vega.
Junta Vecinal de San Llorente de la Vega. / DIPUTACIÓN DE BURGOS

En concreto, Pinto ha manifestado que la entidad inframunicipal ha sufrido un daño de 30.616.20 euros, puesto que la subvención para la Casa del Esclusero ascendió a 76.339 euros y el importe a reintegrar se eleva hasta los 106.955,49 euros (la ayuda autonómica más los intereses de demora, 13.615,52 euros, y un incremento por fraccionamiento de pago, 17.000,62 euros). El abono a plazos, acordado entre ambas instituciones, concluirá dentro de siete ejercicios (se repartió en 10 años y ya pagaron en tres), aunque desde la pedanía volverán a intentar que la Junta de Castilla y León condone la deuda.

Además, el actual alcalde pedáneo ha declarado que, por culpa de que Rodríguez no dedicó la ayuda a la actuación prevista, la Junta Vecinal se vio obligada a desembolsar otros 63.336 euros destinados a pagar la intervención en la Casa del Esclusero, puesto que el constructor llevó a cabo la obra y el dinero de la ayuda regional se destinó a otro uso. En este caso, la pedanía terminó de pagar la factura al empresario en enero de 2017.