La concejala de Urbanismo de Miranda rechaza «la demagogia y el populismo« de Ciudadanos

La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Soraya Solórzano, sale a defender la gestión del equipo de gobierno de la localidad frente a las acusaciones que realizaba este lunes el edil de Ciudadanos, Sergio González. Solórzano afirma que el proyecto de expropiación de Torre de Miranda se ha llevado a cabo «a instancia de parte y tras contar con cinco informes técnicos y jurídicos favorables». Por este motivo, considera «ridículo« que González siga defendiendo públicamente la tesis de que hay intereses ocultos en torno a dicha expropiación por parte de la alcaldesa y del resto de concejales.

La edil manifiesta que la Comisión Territorial de Valoración «es un órgano administrativo, no un tribunal» que, «si bien determina que en este caso no se puede expropiar, matiza textualmente en su resolución que en este caso no hay enriquecimiento como tal y, por la tanto, no hay deber de indemnizar sino un acto de poder de la Administración.» Para corroborarlo, Solórzano explica que este órgano aporta sentencias incluso del Tribunal Supremo que se entienden similares al caso de Miranda. En este sentido, según la concejala, lo que plantea la Comisión es que el Ayuntamiento «haga valer dicha servidumbre de uso público sin indemnizar a los vecinos».

Respecto a las conversaciones telefónicas entre Solórzano y la Comisión Territorial que mencionaba González en sus declaraciones acusando a la edil de no ser transparente, Solórzano se ratifica en que el Consistorio mirandés puede entrar en esa zona sin abonar cantidad alguna a los propietarios. Por este motivo, asegura: «Nos acusan de mentir en algo que es perfectamente demostrable y, por otro lado, en lo que concierne a si el PGOU permite o no la expropiación, son los técnicos y jurídicos municipales los que tras estudiar la petición han determinado, no sólo que es posible, sino que era lo que teníamos que hacer».

En el caso del contencioso presentado por los vecinos de la zona en contra de la expropiación, par ala edil tendrá que ser un juez el que determine la viabilidad de lo planteado. «Nuestra intención en todo momento ha sido la de indemnizar a los propietarios, pero si como plantea la Comisión no es necesaria dicha compensación económica puede darse la circunstancia de que el juzgado respalde esta tesis, lo que representaría un ahorro para las arcas municipales de casi 90.000 euros, algo que no tiene en cuenta el portavoz de Ciudadanos», declara Solórzano. Para la edil de Urbanismo, la intención del concejal de Ciudadanos es «buscar el rédito político». Por eso tilda de «demagógico» su planteamiento y le acusa de caer en el «populismo barato».