El PCAS exige que Quintanila Vivar cumpla con la legalidad con la nueva fábrica de morcillas

Hernández e Íñiguez en rueda de prensa/PCR
Hernández e Íñiguez en rueda de prensa / PCR

La formación ha recurrido ante la Junta de Castilla y León pues considera irregular el cambio de uso que se ha realizado para la ubicación de la nueva instalación

Patricia Carro
PATRICIA CARROBurgos

El Partido Castellano-Tierra Comunera exige al Ayuntamiento de Quintanilla Vivar que cumpla la legalidad en el proyecto de construcción de una nueva fábrica de morcillas, propiedad de Morcillas Tere, en el municipio. La concejal del PCAS-TC, Rosario Íñiguez, ha asegurado que el Consistorio «pretende dar una licencia ignorando el ordenamiento urbanístico» de Quintanilla Vivar y tras facilitar información equívoca a la Junta de Castilla y León.

Íñiguez ha explicado que, para construir la nueva instalación, se pretenden unir dos parcelas colindantes, una rústica y otra urbana, con un cambio de uso que permita un proyecto industrial de estas características. Sin embargo, ni la normativa municipal lo permite ni se ha realizado la correspondiente modificación del plan general, aunque a la Junta sí se le haya informado de que el terreno reservado para la iniciativa cumple con los requisitos, pasando a ser suelo dotacional de uso público.

De ahí que Rosario Íñiguez presentase un recurso de alzada ante la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo contra la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo que daba el visto bueno al cambio de uso, con un informe favorable basado en un informe equívoco del Ayuntamiento. Ahora, el proyecto está a la espera de que se resuelva dicho recursos, si bien la concejal ha recordado que, aun cuando la resolución fuese favorable al Ayuntamiento, existe la posibilidad de acudir al Contencioso-Administrativo para defender la legadidad.

Desde el PCAS-Tierra Comunera, Domingo Hernández insiste en que a la formación «no le tiemblan las manos a la hora de acudir a los tribuanles» si consideran que algún acto administrativo es constitutivo de delito. Igualmente, ha denunciado las amenazas y presiones que está recibiendo la concejal en el municipio, tanto de vecinos como del «poder oculto» que existe en Quintanilla Vivar.

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