Pinares ve languidecer la 'suerte de pinos' ante una desproporcionada presión fiscal

Cuando en el siglo XIII, Fernando III el Santo concedió a los vecinos del actual Duruelo de la Sierra los derechos de explotación comunal del monte real lo hizo con la intención de repoblar el valle del río Gomiel. Se ofrecía a los pobladores un recurso natural con el que trabajar y obtener beneficios económicos que les permitiera subsistir en una zona prácticamente sin opciones para la agricultura o la ganadería. Tras la 'Carta Puebla' (carta de población) de 1288 de Duruelo de la Sierra vinieron otras 'cartas de privilegios', solicitadas por los propios vecinos y con las que el rey se garantizaba una explotación ordenada de la madera, protección de los bosques y repoblación.

Ahora, ocho siglos más tarde, el denominado privilegio de la 'suerte de pinos' está en riesgo de desaparición como consecuencia de la desproporcionada presión fiscal que se aplica sobre la corta y subasta de madera. La gestión de los montes comunales ha pasado de ser la principal fuente de ingresos para los vecinos de la comarca de Pinares Burgos-Soria a convertirse en una aportación simbólica, casi ridícula. Hasta el 80% de lo que se obtiene de la subasta de las 'suertes', los lotes de madera cortada, se lo queda el 'fisco', así que los beneficios rondan los 500 euros, el año que se consigue vender la madera pues hay cortas que se quedan sin venta.

«Hacienda está hincando el diente de manera ilógica; es un despropósito», afirma el alcalde de Canicosa de la Sierra, Ramiro Ibáñez, cuyo municipio recibió la Real Carta de privilegio en 1792, de la mano de Carlos IV, lo mismo que otras localidades burgalesas como Regumiel o Vilviestre del Pinar. Ibáñez recuerda que «el privilegio de la suerte de pinos ha supuesto, en tiempos muy difíciles para la zona, ingresos atípicos que han garantizado la sostenibilidad de una familia». Los vecinos de Canicosa solicitaron el privilegio porque vivían en una «tierra árida, greñosa y poco apta para la agricultura», como se recoge en la propia petición real.

Y el rey supo ver, como lo habían visto otros monarcas antes, que conceder el aprovechamiento del monte a los vecinos iba a garantizar una gestión ordenada de la madera y de otros recursos forestales (como la pez, por ejemplo). La zona estaría poblada, los vecinos protegerían el monte, no habría fuegos y, además, se aseguraba suministro de madera para el buen funcionamiento del país. Y el privilegio se concedía sin carga impositiva. Es más, recuerda Ibáñez que si en algún momento el rey de turno intentó gravar el aprovechamiento, los vecinos se sublevaron. Sin embargo, en la última década, la suerte de pinos ha sufrido varias embestidas sin que nadie lo haya evitado.

Lo primero que se debe de restar, que ni siquiera llega a percibir el vecino, es el 15% que va al Fondo de Mejoras de los montes de Junta de Castilla y León, como gestora de los montes de utilidad pública. Luego, los vecinos responden de una retención del 19% en el IRPF y deben hacer frente al 25% del impuesto de sociedades, pues la sociedad creada para la gestión de la suerte de pinos responde al mismo gravamen que cualquier empresa privada. Y, para remate, un 21% de IVA. Así que el 80% de los beneficios de la venta de la madera se va en impuestos.

«Existe alguna empresa o actividad económica que tribute al 80%», se pregunta Ramiro Ibáñez. Y menos si se trata de un bien natural de utilidad pública como son los montes comunales, que tienen un nivel de protección que debería compensarse de algún modo, no penalizarse. «Es una barbaridad sacar madera de monte para ingresar el dinero en Hacienda», afirma Paulino Herrero, el que fuera alcalde de Navaleno y presidente de ASOPIVA. «No vamos a cobrar para pagar impuestos, hay que generar empleo e industria en la comarca, riqueza para los pueblos», insiste.

Por ese motivo, Herrero considera que es el momento de hacer frente común entre los municipios de Pinares, y solo hay dos alternativas. O se plantea al Gobierno central la eliminación de los impuestos sobre la suerte de pinos o se decide entre los municipios cómo gestionarla, por ejemplo, administrando los recursos forestales desde los ayuntamientos. Con esta última opción, los vecinos como titulares de los derechos los cederían a los ayuntamientos, una cesión anual y revocable. Así se evitaría el pago del impuesto de sociedades y se generaría riqueza para el territorio.

Lo que tienen claro en la zona es que, tal como están, el futuro de la suerte de pinos está en el aire. «La suerte de pinos ha supuesto unos ingresos imprescindibles para la subsistencia de una familia, pero también para la prestación de servicios por parte de la administración». Eran ingresos «atípicos», pero la gestión del monte también generaba trabajo: la corta de la madera, el transporte, la carpintería, la pez y las resinas... Y para los ayuntamientos, un dinero extra que bien ha servido para mejorar servicios y atención al ciudadano.

En los años '60, la suerte de pinos podía suponer unas 100.000 pesetas. Ahora, los ingresos rondan los 500 euros. «La venta de madera ya no tiene el valor que tenía, hoy en día es ridículo», afirma Alberto Abad, el alcalde Duruelo de la Sierra. Se pregunta por qué tienen que pagar elevados impuestos por un privilegio que podría ser, además, un nuevo atractivo para el asentamiento de población en el medio rural. «Con la misma presión fiscal en el pueblo que en la capital, habrá poco retorno de la capital al pueblo», afirma.

Pero Ramiro Ibáñez, Paulino Herrero y Alberto Abad reconocen que la suerte de pinos va mucho más allá del aprovechamiento forestal. El privilegio genera un arraigo de los vecinos al monte, que lo sienten como propio, una propiedad que conservar y proteger. «En Pinares se defienden los pinos lo mismo que en la Ribera, la viña, o en La Bureba, las parcelas de cereal», afirma Ramino, y no se queman los montes porque dan riqueza. «No es bueno que el vecino pierda el privilegio porque tiene que identificarse con el monte», pero las políticas impositivas están abocándolo al abandono.

Además, la conservación de los montes tiene su beneficio social en forma de paisaje, sumidero de CO2, continente de agua, explica Herrero. «No se considera aprovechamiento forestal y los propietarios no cobran por él», insiste, mientras que Abad va más allá apuntado que «si nosotros tenemos que pagar por la contaminación cuando compramos un coche, por qué no se abona la descontaminación que suponen los pinares». Los montes de Burgos-Soria son el pulmón de Madrid y los están penalizando, insisten.

En la comarca de Pinares están «alarmados» pues, si se abandona la suerte de pinos, se irán abandonando otros aprovechamientos forestales y el monte dejará de estar protegido y conservado. «Ahora mismo hay más árboles de los que había hace ocho siglos», asegura Herrero, pues se ha ido realizando un aprovechamiento ordenado de los pinares, con corta estudiada y repoblación. Cada monte estará dividido en unas 100 partes, aproximadamente, y se van cortando árboles con 100 o 150 años, y repoblando. Si el monte no se gestiona, acaba muriendo. Eso es desarrollo sostenible.