La CGT exige la recuperación de 1.100 empleos públicos perdidos en los últimos años

La CGT pone en marcha la campaña 'Por un Trabajo Público Digno'/CLR
La CGT pone en marcha la campaña 'Por un Trabajo Público Digno' / CLR

A través de la campaña ‘Por un Trabajo Público Digno’, la Confederación General del Trabajo pide que los servicios públicos sean de calidad

Cristina López Reques
CRISTINA LÓPEZ REQUESBurgos

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha puesto en marcha la campaña ‘Por un Trabajo Público Digno’, con el objetivo de que «la Administración sea de todos y que los ciudadanos vean que sus servicios están gestionados por empleados públicos», tal y como ha explicado esta mañana Miguel Álvarez, representante de los funcionarios de la Junta de Castilla y León.

Entre sus reivindicaciones se encuentra la recuperación los puestos de trabajo perdidos, y además una dotación adicional «para asegurar servicios de calidad», según ha asegurado Silvia Ibeas, miembro del sindicato. En Burgos, la CGT habla de en torno a 1.100 empleados públicos menos en el periodo 2010-2016 en diferentes sectores, según los datos que han recogido de los censos electorales. En concreto, 137 puestos en enseñanza, 62 en el Ayuntamiento, 159 en la Administración General del Estado, 290 en la Diputación, 82 en Correos, 199 en Sacyl, 162 en la Administración de Castilla y León y 23 en Renfe.

En este sentido, los miembros de la CGT hacen hincapié en «la poca transparencia de la Administración a la hora de facilitar los datos de los empleados que hay en las plantillas, las vacantes o los interinos». De nuevo, a través de los datos de los censos de las elecciones sindicales, «se ha conseguido saber que en la Administración hay unos 85.000 puestos de trabajo». Sin embargo, denuncian que esa cifra no se corresponde con «los puestos reales», pues ponen de ejemplo al personal funcionario, que tiene ocupado el 60% del total de 19.000 puestos disponibles. Esta carencia de empleos públicos, apuntan desde el sindicato, «provoca una falta de dinamización de las zonas rurales y, por tanto, la despoblación de las mismas».

«La excesiva politización», señala Álvarez, «está causando que se rompan los principios de igualdad y mérito, ya que no se contrata a los mejor preparados, sino a los más afines con el partido político de turno». En este sentido, ponen de ejemplo la construcción y la gestión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), «ningún técnico con dos dedos de frente hubiera aprobado su gestión, pero priman las decisiones políticas a los técnicas», afirma.

Las diferencias salariales entre las comunidades autónomas es otro de los aspectos que destacan y señalan a Castilla y León como una de las «peor paradas». En este sentido, hablan de que un funcionario de Sanidad y Enseñanza cobra, de media, 5.000 euros menos al año que en otra comunidad. Una cifra que, aseguran, aumenta a los 13.000 euros si se compara con Castilla La Mancha, la que más retribuciones aporta. Por ello, desde el sindicato reclaman «una subida progresiva hasta que Castilla y León se iguale al resto de comunidades, ya que el mismo trabajo tiene que tener el mismo sueldo».

Para terminar, La Confederación General del Trabajo ha anunciado además que, con el objetivo de hacer más visibles sus reivindicaciones por la mejora de los servicios públicos, se van convocar próximamente diferentes asambleas y concentraciones a nivel local y una campaña y manifestación a nivel estatal en Madrid.

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